Perú

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Reunión de Medio Año Fortaleza, Ceará, Brasil 16 – 20 de marzo del 2001 PERU Durante este período ocurrieron hechos positivos para la libertad de expresión en el país. Por un lado el gobierno de transición presidido por el doctor Valentín Paniagua tomó las acciones necesarias a fin de que Baruch Ivcher y Genaro Delgado Parker, quienes habían sido despojados de sus canales de televisión 2 y 13 respectivamente, lograran retomar el control de los mismos. El presidente Paniagua firmó la Declaración de Chapultepec en un colegio del que la SIP excluyó al presidente Fujimori. Durante el Foro de Chapultepec, la SIP recibió un homenaje de varios medios debido a su papel en la reinstauración de la democracia en el país. En el período se puso en evidencia cómo bajo el fujimontesinismo se orquestó una campaña de difamación contra la SIP, incluyendo al actual presidente Danilo Arbilla. Está demostrado cómo, por ejemplo, los servicios de inteligencia del Perú con conexiones en Uruguay –así como con ciertos periodistas de ambos países- pretendieron incriminar a Arbilla en actos delictivos y para ello se valieron de diversos mecanismos, incluido la utilización de Internet. El 3 de noviembre, el Poder Ejecutivo envió una propuesta de ley, aprobada por el Congreso, que regularizaba los títulos de nacionalidad de extranjeros en el Perú. Luego, el 6 de diciembre, el juez civil Ricardo Tobías declaró fundada una medida cautelar contra todos los hechos oficiales al respecto, habilitando al empresario Ivcher quien retornó al país en compañía de su familia el 4 de diciembre. Concluyó así una intensa batalla legal, entre Ivcher y los otrora accionistas minoritarios del canal, Samuel y Mendel Winter, quienes en 1997, usurparon estas funciones luego del despojo de la nacionalidad de Ivcher. En la segunda quincena de febrero tres diarios independientes revelaron la existencia de “contratos”, suscritos sólo por los representantes de algunos medios de comunicación ante un contratante fantasma (no firmaba) que adquiría prerrogativas para disponer de la programación y vetar tanto a entrevistados a periodistas. Se trataba, por supuesto, de Vladimiro Montesinos, el ex director del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Uno de esos contratos estaba firmado por los hermanos Winter quienes, ante la fiscal anticorrupción Ana Cecilia Magallanes, admitieron haber recibido 10 millones de soles y 3 millones de dólares al suscribirlo. Los documentos originales obran en poder del procurador adjunto para el caso de la corrupción “montesinista”. Los Winter fueron detenidos y permanecen presos en el cuartel “Los Cibeles”. El 7 de diciembre, el empresario peruano Genaro Delgado Parker, recuperó la administración de la frecuencia de Radio 1160 y la emisora de televisión Red Global Canal 13. La persecución judicial en contra de Radio 1160 se reflejó en el cuestionado embargo de los equipos de transmisión y equipos radiales de la emisora que obligaron al cierre temporal de la programación en la que destacaba la secuencia "Ondas de Libertad" conducido por el periodista César Hildebrandt. Posteriormente a esta situación, originada la demanda por una supuesta deuda con el empresario de comunicaciones Franco de Ferrari, resultó en que Radio 1160 sólo pudo reanudar transmisiones en forma precaria. En el caso de Red Global, las ordenanzas judiciales que entregó la administración de Red Global a Ángel Gonzáles, socio de Delgado Parker, determinaron el cese de los noticieros y programas periodísticos del canal en 1998. En noviembre del 2000, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró mediante oficio al gobierno peruano las medidas cautelares a favor del empresario Genaro Delgado Parker para que se le restituya la administración del canal solicitada en una medida de marzo del 2000. Sin embargo, en septiembre del 2000, la Comisión de Reestructuración Patrimonial del Instituto Nacional de Defensa del Consumidor (INDECOPI), declaró la insolvencia de Red Global y designó una Junta de Acreedores presidida por Franco de Ferrari. Aun cuando en agosto el Tribunal de INDECOPI había declarado improcedente la declaración de insolvencia, ésta se llevó a cabo, concretándose el despojo del canal. El 27 de octubre, la mesa de diálogo patrocinada por la OEA había aprobado los dispositivos que facilitaban la referida restitución, la que finalmente se dio el 7 de diciembre ante la presencia de la fiscal del 41 Juzgado Especializado en los Civil de la Corte Superior de Lima, Margot Salinas. Genaro Delgado Parker recuperó la administración de su canal y promovió una serie de cambios, entre ellos la contratación del periodista César Hildebrant, quien semanas después renunció ante cámaras tras difundir el contenido de un video donde Montesinos y Delgado Parker sostenían tratos para influenciar en el Poder Judicial, en procesos ajenos a canal 13 y negociaban la cancelación del contrato con Hildebrant. La conversación entre Montesinos y Delgado Parker le ha valido al empresario una acusación por delito contra la administración de justicia, que fue dictada cuando se encontraba en Miami. Hace unos días Delgado Parker regresó de Estados Unidos y se puso a disposición de la justicia, siendo detenido tras su audiencia ante el Poder Judicial. A raíz de los videos y documentos comprometedores, el Poder Judicial dictó otras dos órdenes de detención internacional contra dos directivos de un canal de TV: José Enrique y José Francisco Crousillat, padre e hijo, principales accionistas del Canal 4 de señal abierta. Este medio apoyó decididamente algunas de las campañas políticas más turbias de las elecciones generales del 2000. Contratos similares a los firmados por los Winter, se revelaron con la firma de José Francisco Crousillat. Esta semana, el Congreso difundió otros dos escandalosos videos en los que se le observa a José Francisco Crousillat recibiendo casi dos millones de dólares como “prima” por los servicios de la televisora y luego, en una cinta diferente, al padre e hijo recibiendo un millón más. En enero, otro video mostró al director del diario Expreso, Eduardo Calmell del Solar, recibiendo dos millones de dólares en dos maletas y en otra grabación recibía un millón adicional. Lo primero correspondía a la venta de acciones en Cable Canal de Noticias (del mismo grupo de Expreso). La segunda cinta correspondía al pago por los “compromisos de colaboración” firmados por Calmell siendo director de Expreso. Calmell del Solar fue invitado a renunciar a Expreso, luego de que el directorio le retirara su confianza y le reclamara por el considerable daño causado a la credibilidad del medio. Hasta mediados de febrero pendía sobre Eduardo Calmell una orden de captura y el empresario se mantenía prófugo de la justicia. Calmell se presentó ante las autoridades, cuando la medida en su contra fue cambiada por el arresto domiciliario, vigente hasta hoy. Un cuarto empresario de TV, Julio Vera Abad, presidente del directorio de Andina de Televisión (canal 9) también se encuentra procesado por recibir dinero de Vladimiro Montesinos. Actualmente está prófugo de la justicia peruana y con una orden de captura en la Interpol. El 8 de febrero, la Defensoría del Pueblo presentó al Congreso un proyecto de Ley que deroga el artículo 374º del Código Penal (delito de desacato) y el artículo 7º del decreto de ley Nº 25475 (delito de apología al terrorismo). El pedido de la Defensoría se sustentó en el carácter inconstitucional de las normas referidas y en su incompatibilidad con la libertad de expresión y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En cuanto al delito de desacato, el proyecto dice que “el honor de los funcionarios públicos al igual que el de todos los ciudadanos y ciudadanas quedará protegido por los tipos penales que protegen el bien jurídico del honor”. Respecto a la figura penal de la apología del terrorismo, sostiene que deberá expresarse en términos que garanticen las libertades y más bien establezcan agravantes. Siguen en orden cronológico otros casos que empañaron la libertad de prensa. El 2 de octubre, el abogado Jaime Alemán, quien representa a Vladimiro Montesinos en Panamá, atacó a la reportera Mariella Patriau y a la fotógrafa Adriana Navarro del diario Liberación, en la ciudad de Panamá donde las periodistas investigaban el caso de corrupción financiera que involucra al ex asesor presidencial. El 8 de octubre, un helicóptero no identificado, similar a los de la fuerza aérea y la naval, sobrevoló la casa del director de la revista Caretas, Enrique Zileri, y descendió peligrosamente por unos minutos sobre el jardín. El 10 de octubre, el periodista Segundo Jara, corresponsal de la Coordinadora Nacional de Radio (CNR) y del Diario Regional de Huánuco, fue herido en una pierna por un oficial de la policía que le disparó de manera directa al muslo durante una manifestación de agricultores cocaleros en el distrito de Aucayacu. El periodista César Ascues, del diario Liberación y César Romero, jefe de la sección política del diario La República denunciaron que recibieron amenazas de muerte de personas no identificadas advirtiéndoles que dejen de investigar sobre el caso de tráfico de armas que involucra al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos. El 16 de octubre, individuos no identificados ingresaron a las oficinas de Panamericana Televisión en la ciudad de Tacna y robaron el equipo de edición valorizado en 10,000 dólares. El robo ocurrió horas después de que el corresponsal Emilio Vargas emitiera un reporte sobre policías que golpeaban a personas que no estaban participando de marchas de protesta. El 25 de octubre, el periodista conductor del radio-periódico “Análisis” de Radio FVC, José Parraguez, fue agredido por ocho sujetos desconocidos mientras se dirigía a su hogar en Nueva Cajamarca, en el departamento de Cajamarca y le advirtieron que dejara de denunciar casos de corrupción. El 27 de octubre, en la ciudad de Chepén, Sebastián Castro Mendoza director y conductor del programa informativo “Despertar Campesino” de Canal 11 y Radio San Sebastián, fue amenazado de muerte y golpeado por el presidente de la Asociación de Productores de Arroz y gobernador del distrito de Guadalupe, Víctor Izquierdo, quien fue denunciado en repetidas ocasiones por Castro, debido a irregularidades en su gestión. El 1 de noviembre, el Pleno del Congreso de la República rechazó ir al debate de cinco mociones de orden del día para sancionar al congresista Luis Cáceres Velásquez, quien agredió física y verbalmente a la periodista del diario La República, Rosa Reyna. El 15 de noviembre, durante una marcha de trabajadores de construcción, en el Centro de Lima, Willy Zárate, reportero gráfico del diario El Tío, fue agredido por un grupo de policías que le dispararon una bomba lacrimógena que le impactó en la cadera. El 16 de noviembre, la periodista Roxana Aquino reportera de Radio Líder en Arequipa, fue golpeada y amenazada por desconocidos mientras salía del estadio de la Universidad de San Agustín. Aquino investiga sobre el caso de irregularidades en la transacción de un jugador del club de fútbol Melgar de Arequipa al fútbol inglés. El 27 de noviembre Marilú Gambini, corresponsal del diario Liberación en el puerto de Chimbote, denunció que desde el mes de agosto ha sido víctima, en varias ocasiones, de actos de amedrentamiento por parte de sujetos que según ella serían miembros de la policía. El 18 de noviembre, su hijo de dos años y medio había sido secuestrado durante diez horas. El niño fue encontrado ileso en la puerta de su casa con una nota que decía: “Soplona. Esto es sólo una advertencia”. El 2 de diciembre, un incendio provocado por desconocidos destruyó las instalaciones de Radio Super Continental 1480 AM, en la provincia de Chulucanas en Piura. El 12 de diciembre, la alcaldesa del distrito de Chaclacayo, Delia Vergara (Vamos Vecino) golpeó repetidas veces con una casaca de cuero a la reportera gráfica del diario Liberación, Angela Talledo, por tomarle fotos mientras salía del Juzgado Penal. Ese mismo día por la tarde, Talledo fue asaltada por un sujeto que la encañonó con un revolver y le quitó su equipo fotográfico valorizado en 1,500 dólares. El 4 de enero, un grupo de integrantes del Frente Patriótico de Loreto agredieron física y verbalmente a los periodistas Raúl Herrera Soria, corresponsal de Panamericana Televisión y Nicolás Prokopiu, responsable de un noticiero policial en Radio Atlántida, cuando salían de una conferencia de prensa de la candidata presidencial Lourdes Flores Nano. Más tarde, se dirigieron a las instalaciones de Canal 6 y amenazaron con destruir la sede si se mantenía a periodistas que ayudaron a Fujimori. El 30 de enero, el fiscal Víctor Hugo Salvatierra, denunció al periodista y conductor del programa “Tiempo Nuevo” (América Televisión), Nicolás Lúcar, por el presunto delito de desacato. Dos días antes, había difundido en su programa una extensa entrevista a un supuesto ex custodio de Vladimiro Montesinos, quien acusó a varios funcionarios públicos, incluido el presidente Valentín Paniagua, de haber recibido sobornos o haber cometido otros delitos en complicidad con el prófugo ex asesor. La respuesta de Paniagua y otros agraviados fue inmediata y se produjo una ola de rechazo al periodista en la opinión pública. El fiscal lo acusó por desacato. El 1º de febrero salió en libertad el periodista Iván Cubas Coronado, quien se encontraba preso en el penal El Milagro. Cubas fue detenido en setiembre del 2000, cuando salía de una entrevista con el periodista Beto Ortiz en Canal A. El cargo imputado fue el de difamación, contra un funcionario de la Corte Superior de La Libertad. Las noches del 25 y 28 de febrero, integrantes del Frente Patriótico de Loreto volvieron a protagonizar sendos ataques a las instalaciones de radio La Karibeña (Loreto). Los periodistas de esta radio no gozan del aprecio popular, desde su abierta simpatía por Fujimori. Sin embargo, el objetivo de los dos ataques citados era obligar a que se descuelgue una banderola y se retire material de propaganda a favor de la candidata Lourdes Flores, de Unidad Nacional, agrupación por la que postula al Congreso la dueña del edificio Rocío Gonzálves.

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