Venezuela

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VENEZUELA El presidente Hugo Chávez no ha variado en mucho su estilo amenazante, descalificante e insultante que utiliza cuando se refiere a los medios, a sus propietarios, directivos y periodistas. En varias oportunidades ha intentado crear divisiones clasistas. Gremios como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, el Colegio Nacional de Periodistas y la Federación Internacional de Periodistas han manifestado públicamente su preocupación por la escalada de agresiones verbales directas a la prensa. La ciudadanía ha manifestado su repudio por los constantes ataques, específicamente calificando de “antisociales” a los medios. La insistencia gubernamental encaminada a ejercer el control oficial en la divulgación noticiosa es contumaz. No solamente se recurre al peregrino argumento de la información veraz, sino que se recurre a la amenaza. Lo usual ha sido que Chávez motive al público e incite al odio colectivo contra publicaciones, editores, directores, periodistas o columnistas, al descalificarlos grotescamente, como forma de avalar sus actuaciones o destruir toda clase de oposición. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y la Federación Internacional de Periodistas en su informe de febrero también hacen énfasis sobre este tipo de agresión verbal, que se viene dando con mayor frecuencia e intensidad. “Podemos compartir con el presidente Chávez cualquier llamado a un trato ecuánime, objetivo, con apego a la verdad hacia su gestión de gobierno, pero rechazamos con profunda convicción institucional y democrática que desde la más alta magistratura nacional se veje a cualquier ciudadano”. Se han producido acciones por parte de tribunales de justicia, en contra del editor y redactores de una revista semanal, también un procesamiento por acusación policial contra el Dr. Pablo López Ulacio, editor de La Razón, un semanario de información política. Según el defensor del editor de La Razón, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CLDH) ordenó al Estado venezolano la práctica de medidas urgentes para el restablecimiento de los derechos vulnerados en perjuicio del periodista. Pero la documentación remitida por la CIDH fue supuestamente extraviada y ahora el Tribunal alega que no le han participado en forma oficial las citadas medidas cautelares “¿Cómo se pueden adoptar medidas urgentes para proteger los derechos fundamentales de un ciudadano, si el gobierno retiene, engaveta y extravía deliberadamente la documentación que recibió de la CIDH?”, se preguntó el abogado defensor de López Ulacio. También se han ejercido acciones represivas, violentas, y vejatorias, en detrimento del abogado y profesor universitario, doctor Aure, por publicar en medios impresos. Si bien pudo librarse temporalmente, gracias a la solidaridad de los periodistas, aún está sometido a un acoso investigativo de tipo judicial. Las periodistas Perla Lara y Xiomara Marrero están siendo acosadas y acusadas por los diputados del Consejo Legislativo del Estado Sucre, de la ciudad de Cumaná, por haber denunciado irregularidades en el manejo de la cantidad de 12 mil bolívares del Consejo Legislativo. El periodista Jorge Albornoz denunció una serie de atropellos y amenazas de parte del gobernador Eduardo Manuitt, quien desde hace ocho meses lo ataca mediante una campaña de descrédito y acciones judiciales. Esta acción implica un efecto de imitación de parte de gobiernos regionales del discurso agresivo de Chávez contra la prensa, pero con acciones concretas. En una reciente visita de Chávez a Nicaragua, éste hizo varias declaraciones criticando agresivamente a la prensa por informaciones que no fueron de su agrado. Por último, el proceso de la Revista Exceso concluyó de manera definitiva el 13 de octubre del 2000 cuando la Sala 10 de la Corte de Apelaciones confirmó el sobreseimiento de la causa dictado el 12 de septiembre del 2000 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Función de Juicio, condenando en costas a la parte acusadora. Sin embargo, a pesar de que una decisión de esta naturaleza no tiene consulta con el Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a la legislación venezolana, los abogados acusadores han intentado de manera temeraria el recurso de casación. La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (expediente 2000/1491) todavía no se ha pronunciado sobre la admisión del recurso, ya que si no lo admite quedaría definitivamente terminado, con el carácter de cosa juzgada formal y material, pero aún si lo admitiera, la prescripción de la acción penal es de orden público y el supremo tribunal difícilmente podría desconocerla.

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