Chile

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CHILE El 23 de febrero la magistrada del Tercer Juzgado del Crimen de Concepción Flora Sepúlveda prohibió informar en el proceso criminal que se sigue por el extravío del joven universitario Jorge Matute Johns. Dicha medida fue levantada posteriormente con fecha 20 de marzo. Las razones invocadas por la jueza se basaron en que, en esos momentos, el proceso se adentraba en la fase más decisiva e importante de la investigación. El 7 de julio, debido a una intervención directa del presidente Ricardo Lagos, quedó sin efecto la condena aplicada por la Corte Suprema contra el periodista José Ale el 22 de febrero. La Cámara de Diputados rechazó el Informe de la Comisión Mixta (Senado y Cámara de Diputados) con respecto al proyecto de ley sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, cuya tramitación se prolonga por más de siete años. El 11 de agosto el gobierno presentó un veto aditivo mediante el cual solicitó reintegrar al proyecto de ley ciertas disposiciones contenidas en el informe de la Comisión Mixta. El veto aditivo contempla el nuevo Art. 10 que ordena que a partir de los seis meses de vigencia de la ley, los medios escritos, con un tiraje superior a los 5.000 ejemplares, señalen en cada número la cuantía de la edición anterior, estableciéndose así una norma discriminatoria que pretende intervenir en las estrategias comerciales de la prensa. Esto es especialmente perjudicial para los medios informativos regionales por cuanto no permite especificar la cantidad de ejemplares de un diario o revista de circulación nacional que llega a cada región. El Art. 39 del proyecto obliga a informar a la Comisión Preventiva Regional o Central de la Fiscalía Antimonopolios sobre los cambios relevantes en la propiedad de los medios lo que, en el caso de los concesionarios, debe hacerse previamente a la transacción. Esta norma respecto de los medios escritos resulta innecesaria, atendida la obligación que hoy existe de informar sobre dicho aspecto a la gobernación o intendencia respectiva. Con la derogación de la ley de Abusos de Publicidad que se originará con la vigencia de la nueva Ley de Prensa, desaparecerían disposiciones legales actualmente inconvenientes como la facultad judicial que prohibe informar sobre procesos pendientes aunque igualmente se produce, por dicha causa, la supresión de su Art. 22 que señala las situaciones que no se consideran pertenecientes a la vida privada y que permiten probar la verdad de una imputación relativa a ella. Con esto se pasaría a aplicar íntegramente el actual Art. 161-A del Código Penal que ha sido impugnado por los organismos gremiales y por destacados penalistas. Al modificar la ley de Seguridad del Estado, el veto del Ejecutivo suprime como delito penado en esa ley la difamación, injuria o calumnia cometida contra el presidente de la República, ministros de estado, senadores, diputados, miembros de los tribunales superiores de justicia, el Contralor General de la República, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas o el General Director de Carabineros. En adelante, regirían para ellos las normas comunes, que sólo se refieren a la injuria y calumnia, salvo que se cometa el delito de desacato contemplado en el Código Penal para el caso de injurias u otro atentados contra autoridades en el ejercicio de sus cargos. Como compensación por lo anterior, el veto dispone que, en adelante, todo procedimiento civil o criminal en que tengan interés esas mismas autoridades a que se refería la ley de Seguridad del Estado, más el director general de Investigaciones, será tramitado por un ministro de la Corte. La periodista Paula Afani sigue sometida a proceso por negarse a revelar sus fuentes de información en un publicitado caso de narcotráfico y lavado de dinero. Recientemente, el Consejo de Defensa del Estado ha solicitado la aplicación a esta profesional del máximo de la pena que por violación al secreto del sumario establece la Ley 19.366 sobre tráfico de drogas, cinco años de cárcel. Finalmente, se mantiene sin novedad la situación de Alejandra Matus, requerida por la Ley de Seguridad del Estado con motivo de la publicación de “E1 libro negro de la justicia chilena”. El caso que afecta a esta periodista podría verse resuelto con la derogación de las disposiciones de la Ley de Seguridad del Estado que contemplan las nuevas normas sobre libertad de prensa que se tramitan en el Congreso.

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