ARGENTINA I

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ARGENTINA-I CONSIDERANDO que en la provincia de Santiago del Estero se han registrado reiterados ataques contra el diario El Liberal, que afectan la actividad de este matutino CONSIDERANDO que la serie de ataques que denunció el diario ante diversas organizaciones incluyen: un atentado con un proyectil a su local; intervenciones en las líneas telefónicas del diario, a raíz de una denuncia sobre una red de espionaje político al servicio del gobierno provincial; la difamación, seguimiento y persecución de periodistas CONSIDERANDO que el cierre de las fuentes de información de las reparticiones públicas, incluida la policía, que se han reducido al envío de reportes oficiales a través de la Secretaría de Prensa; una serie de querellas que el diario considera como una forma de presión para acallar sus críticas o, incluso, lograr su cierre; el corte de la publicidad oficial, con una actitud claramente discriminatoria CONSIDERANDO que el principio 4 de la Declaración de Chapultepec establece que “el asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimida¬ción, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impu¬nidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y san¬cionados con severidad” LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE solicitar al Presidente de la República que por su intermedio convoque al Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos que investigue las agresiones contra El Liberal dirigirse al gobernador de Santiago del Estero, Carlos Juárez, para notificarlo de la seria preocupación que esta grave situación genera en la prensa continental, reiterar la petición de que se investiguen estos hechos y solicitarle una pronta normalización de las condiciones que deben acompañar al libre ejercicio de la libertad de prensa en esa provincia dirigirse al Poder Judicial local para que se otorguen las garantías que la Constitución nacional establece y se proteja el derecho a la información.

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