CHILE

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CHILE CONSIDERANDO que la libertad de prensa en Chile vive momentos de especial relevancia al encontrarse en su etapa final la tramitación de una nueva legislación sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo que lleva una década de discusión CONSIDERANDO que inquieta comprobar la dilación que ha sufrido ese proceso, a pesar de la suscripción por Chile de la Declaración de Chapultepec y por otra parte las resoluciones adversas al país en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) por asuntos vinculados a la libertad de expresión y de información CONSIDERANDO que no obstante los avances que representa el proyecto en su contenido actual, en la Cámara de Diputados se ha obstaculizado su aprobación y algunos congresistas parecen querer profundizar en los aspectos más controvertidos planteados durante su prolongada discusión CONSIDERANDO que importantes sectores políticos insisten en objetar la labor del periodista investigativo y su contribución a la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, amparándose en la necesidad de preservar y resguardar la vida privada o familiar, sin distinguir debidamente acerca del correcto ejercicio de funciones públicas o de hechos de significativa relevancia para la comunidad CONSIDERANDO que el acceso de la prensa a la información oficial o pública en Chile es precario, por cuanto depende en último término de la decisión de la autoridad administrativa requerida. Esta limitación dificulta seriamente el conocimiento de muchas determinaciones de la administración y ciertamente no contribuye a la lucha contra la corrupción CONSIDERANDO que cabe rechazar los intentos de dar facultades al poder político para entrometerse en aspectos propiamente comerciales de las empresas periodísticas, como obligar por ley a publicar las tiradas de los diarios y revistas. Se advierte el peligro de que esa obligación se utilice como base para futuras injerencias de los órganos de la administración en el manejo interno y en las estrategias comerciales de las empresas periodísticas, bajo la excusa de querer verificar el cumplimiento de ese imperativo legal CONSIDERANDO que este género de disposiciones junto a otras iniciativas sobre cambios de dominio de los medios de comunicación configura una condición jurídica desmedrada para la prensa chilena, en relación con otras actividades que se ejercen en la sociedad y en especial con su importancia para el resguardo de todas las demás libertades individuales CONSIDERANDO que con la aprobación de la nueva ley de prensa se derogaría la Ley de Seguridad del Interior del Estado en lo referente al desacato previsto bajo su artículo 6 y siguientes normas CONSIDERANDO que bajo la Ley de Seguridad del Interior del Estado artículo 6 (b), la periodista chilena Alejandra Matus fue acusada en 1999 de desacato por la publicación de su libro “El Libro negro de la justicia chilena” cuyas copias fueron recogidas en su totalidad por una orden judicial, obligando a la periodista abandonar el país por temor a las posibles represalias y que la periodista Paula Afani fue sometida a un proceso por negarse a revelar sus fuentes de información dentro de un caso de narcotráfico y lavado de dinero CONSIDERANDO que el principio 3 de la Declaración de Chapultepec establece que “las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposi¬ción de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la informa¬ción generada por el sector público. No podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información”; que el principio 7 señala que “las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación de papel o equipo periodístico, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión y la concesión o supresión de publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas”, y que el principio 10 indica que “ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público” LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE instar al presidente de la República Ricardo Lagos y al Poder Legislativo a que aprueben una legislación que asegure efectivamente la libertad de expresión en Chile e impida la injerencia política en los aspectos comerciales de la actividad periodística.

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