CHILE
CONSIDERANDO
que la libertad de prensa en Chile vive momentos de especial relevancia al encontrarse en su etapa final la tramitación de una nueva legislación sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo que lleva una década de discusión
CONSIDERANDO
que inquieta comprobar la dilación que ha sufrido ese proceso, a pesar de la suscripción por Chile de la Declaración de Chapultepec y por otra parte las resoluciones adversas al país en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) por asuntos vinculados a la libertad de expresión y de información
CONSIDERANDO
que no obstante los avances que representa el proyecto en su contenido actual, en la Cámara de Diputados se ha obstaculizado su aprobación y algunos congresistas parecen querer profundizar en los aspectos más controvertidos planteados durante su prolongada discusión
CONSIDERANDO
que importantes sectores políticos insisten en objetar la labor del periodista investigativo y su contribución a la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, amparándose en la necesidad de preservar y resguardar la vida privada o familiar, sin distinguir debidamente acerca del correcto ejercicio de funciones públicas o de hechos de significativa relevancia para la comunidad
CONSIDERANDO
que el acceso de la prensa a la información oficial o pública en Chile es precario, por cuanto depende en último término de la decisión de la autoridad administrativa requerida. Esta limitación dificulta seriamente el conocimiento de muchas determinaciones de la administración y ciertamente no contribuye a la lucha contra la corrupción
CONSIDERANDO
que cabe rechazar los intentos de dar facultades al poder político para entrometerse en aspectos propiamente comerciales de las empresas periodísticas, como obligar por ley a publicar las tiradas de los diarios y revistas. Se advierte el peligro de que esa obligación se utilice como base para futuras injerencias de los órganos de la administración en el manejo interno y en las estrategias comerciales de las empresas periodísticas, bajo la excusa de querer verificar el cumplimiento de ese imperativo legal
CONSIDERANDO
que este género de disposiciones junto a otras iniciativas sobre cambios de dominio de los medios de comunicación configura una condición jurídica desmedrada para la prensa chilena, en relación con otras actividades que se ejercen en la sociedad y en especial con su importancia para el resguardo de todas las demás libertades individuales
CONSIDERANDO
que con la aprobación de la nueva ley de prensa se derogaría la Ley de Seguridad del Interior del Estado en lo referente al desacato previsto bajo su artículo 6 y siguientes normas
CONSIDERANDO
que bajo la Ley de Seguridad del Interior del Estado artículo 6 (b), la periodista chilena Alejandra Matus fue acusada en 1999 de desacato por la publicación de su libro El Libro negro de la justicia chilena cuyas copias fueron recogidas en su totalidad por una orden judicial, obligando a la periodista abandonar el país por temor a las posibles represalias y que la periodista Paula Afani fue sometida a un proceso por negarse a revelar sus fuentes de información dentro de un caso de narcotráfico y lavado de dinero
CONSIDERANDO
que el principio 3 de la Declaración de Chapultepec establece que las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposi¬ción de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la informa¬ción generada por el sector público. No podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información; que el principio 7 señala que las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación de papel o equipo periodístico, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión y la concesión o supresión de publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas, y que el principio 10 indica que ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público
LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE
instar al presidente de la República Ricardo Lagos y al Poder Legislativo a que aprueben una legislación que asegure efectivamente la libertad de expresión en Chile e impida la injerencia política en los aspectos comerciales de la actividad periodística.
