Chile

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CHILE Durante este periodo la prensa ha continuado desarrollando sus labores sin restricciones de importancia, salvo una prohibición de informar derogada después de su apelación, y algunos procesos judiciales dirigidos contra ciertos diarios y revistas de Santiago. El Senado envió el proyecto de ley sobre las Libertades a la Cámara de Diputados para su tercer trámite constitucional. Esta versión muestra importantes variaciones positivas respecto del texto aprobado por dicha Cámara. Entre ellas: se eliminó la preferencia acordada a los periodistas universitarios para el ejercicio de la profesión; se eliminó la facultad otorgada por la Ley de Abusos de Publicidad a los jueces para prohibir informar en asuntos que estuvieren conociendo; se aseguró, al menos en teoría, el acceso a las fuentes públicas; y se rebajaron considerablemente las penas, registrándose una notoria disminución de las privativas de libertad. A su vez, se han considerado como retrocesos la obligación impuesta a los medios de indicar en cada edición el número de ejemplares impresos y la de someterse a un régimen de verificación de circulación. Los medios de comunicación han protestado nuevamente por la vigencia del artículo 25 de la Ley de Abusos de Publicidad por la cual los jueces pueden decretar, en los casos que conocen, prohibiciones de informar, discrecionales y sin plazo fijo. Esta materia está bien resuelta en el proyecto de Ley sobre las Libertades de Información y Opinión a que se hace referencia, pero nuevamente se vuelve a plantear el problema, e incluso agravado, al incorporarse normas singularmente restrictivas en el proyecto de nuevo Código Procesal Penal, que introduce el juicio oral en Chile. Entre otras cosas, éste prohíbe proporcionar información al público en general y a los medios de comunicación en particular, sobre diligencias e investigaciones policiales. Dispone también que las audiencias en un proceso sean públicas, pero que el tribunal se reserva la potestad de restringir el acceso a la información sobre el caso. En la práctica, se advierte el propósito de cerrar a los medios de comunicación el acceso a las fuentes. El 13 de junio, el titular del sexto Juzgado del Crimen de Valparaíso prohibió informar en un proceso sobre narcotráfico conocido como "Operación Océano". La medida se adoptó por haberse producido filtraciones de documentos importantes del cuaderno secreto que contempla la ley sobre control de drogas. El 28 de junio, se decretó por el citado juzgado la prohibición de informar durante cuatro meses. Como resultado de gestiones hechas por el gremio periodístico, el 30 de julio la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones revocó, por unanimidad, la aludida prohibición. En la sentencia, de gran importancia por los conceptos que contiene, se subraya que "la cabal vigencia de la libertad de emitir opiniones y de informar, sin censura previa, es consustancial al real funcionamiento de un estado democrático de derecho, y cuando ella se ejerce con relación a la actividad jurisdiccional, se torna en el más expedito medio de que están dotados todos los ciudadanos para controlar el modo como los jueces cumplen la alta función encomendada". El 6 de julio, el Juez del 35' Juzgado del Crimen de Santiago decretó una prohibición de informar en las investigaciones realizadas para esclarecer el caso de una niña violada y asesinada en un suburbio de Santiago, para "evitar que las informaciones que pudieren proporcionar los medios de comunicación y prensa puedan entorpecer el éxito de la investigación". Esta prohibición fue apelada. EllO de agosto, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió, por mayoría de votos, un recurso de protección contra la revista Caras, destinado a impedir la preparación y publicación de un reportaje que pretendía vincular el suicidio del familiar de una de las víctimas de un accidente aéreo en Perú con las dificultades surgidas con la empresa aérea respectiva por el cobro de las indemnizaciones. Pero la Corte Suprema revocó ese impedimento el 3 de noviembre y, de esta forma, reconoció el derecho de los medios de comunicación para realizar una labor investigativa con fines periodísticos y a informar sin censura previa. La sala constitucional de la Corte Suprema, en votación unánime, determinó que la revista Caras no incurrió en ningún acto ilegal ni arbitrario al investigar el hecho que reclama la familia, y rechazó, por consiguiente el recurso de protección interpuesto. El 16 de setiembre, el director del diario La Tercera, Fernando Paulsen, y el periodista de dicho medio, José Ale, fueron arrestados por supuestas infracciones a la Ley de Seguridad del Estado. Al día siguiente, el tribunal respectivo que conocía la apelación concedió la libertad condicional bajo fianza a ambos periodistas. El referido proceso fue sobreseído en dos oportunidades en forma definitiva por diferentes jueces. Posteriormente, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones, al conocer de un recurso de apelación contra un sobreseimiento definitivo, determinó el procesamiento de Paulsen y Ale. La acción judicial fue iniciada en diciembre de 1997 por el ex presidente y actual ministro de la Corte Suprema, Servando Jordán López, tras haberse publicado en La Tercera una nota sobre la controvertida elección que en enero de 1996 llevó a Jordán a la presidencia del máximo tribunal de justicia. La disposición contenida en el Art. 6 letra b) de la Ley de Seguridad del Estado, según la cual cometen delitos contra el orden público los que difamen, injurien o calumnien a diversas autoridades, ha demostrado ser de enorme peligrosidad para el ejercicio de la libertad de expresión. El domingo 10 de noviembre, desconocidos lanzaron dos bombas incendiarias frente a las instalaciones del diario El Mercurio, en Antofagasta, que ocasionaron daños materiales.

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