Panamá

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PANAMA En Panamá aún están vigentes ciertas disposiciones legales que, de aplicarse, prácticamente harían desaparecer la libertad de prensa por completo. El presidente de la República prometió presentar a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley, acordado con los medios de comunicación social (prensa, radio y televisión), que derogaría las leyes que puedan afectar la libertad de prensa y, además, trasladaría la calumnia y la injuria exclusivamente a la esfera civil, como cuestión de responsabilidad extra contractual. Hasta la fecha no lo ha hecho. El Sindicato de Periodistas de Panamá ha solicitado al Ministerio de Gobierno y Justicia que haga cumplir las leyes 67 y 68 de 1978, según las cuales hace falta "idoneidad" para ejercer el periodismo. El ministerio dio traslado de la solicitud a los medios de comunicación social, pero la mayoría de ellos se opuso a lo solicitado por el sindicato, por considerar que el texto del anteproyecto de ley acordado entre el gobierno y los medios procura derogar esa legislación. Todavía continúa el caso de la querella interpuesta por el Procurador General de la Nación contra Gustavo Gorriti y Rolando Rodríguez. Está pendiente la diligencia de notificación a las partes para que fijen la fecha de la audiencia. El procurador exige que los periodistas Gorriti y Rodríguez revelen la fuente que les proporcionó la fotocopia de un cheque a través del cual se efectuó una supuesta donación a la campaña política del procurador, cuando intentó ser reelecto como legislador en las pasadas elecciones. Mientras tanto, ni el Ministerio de Trabajo ni la Dirección de Migración han prorrogado los permisos de Gorriti para permanecer legalmente en Panamá. Recientemente se han producido algunos preocupantes incidentes en los que altos funcionarios públicos han amenazado a periodistas. A finales de octubre, Gerardo González, Presidente de la Asamblea Legislativa, visiblemente irritado por preguntas que le formulaban Justino González, del Canal 2 de televisión, y Manuel Alvarez, de La Prensa, los ofendió y les ordenó que se "largaran", cosa que hicieron ante la mirada amenazante de los guardaespaldas. Diez días después, Gerardo González les pidió excusas. Poco después, Alcibíades González, alcalde de Colón, hizo algo similar contra el periodista José Garibaldi, del Canal 4 de televisión, increpándolo en términos muy duros por haber hecho una pregunta que lo incomodó. Hasta ahora, ni siquiera le ha ofrecido una disculpa. El 28 de mayo de 1998, Editora Panamá América, S.A. demandó ante la Corte Suprema de Justicia la inconstitucionalidad de una serie de disposiciones del Código Electoral y del Decreto N° 24 del 20 de mayo de 1998 que sujetan la divulgación de encuestas electorales a la previa inscripción y aprobación del Tribunal Electoral, lo cual constituye una suerte de censura previa prohibidos por el artículo 37 de la Constitución panameña que en materia de ejercicio de la libertad de expresión prescribe únicamente responsabilidades legales ulteriores en caso de agravios a la reputación u honra de las personas. Si bien posteriormente el Tribunal Electoral subrogó en su totalidad el decreto N° 24, subsiste el problema de la censura previa en el inciso final del artículo 177 del Código en referencia, que exige la inscripción de las encuestas antes de su publicación. También han ocurrido otros casos aún confusos, de intimidación a periodistas de varios medios de comunicación social, sin que las autoridades hayan esclarecido lo ocurrido. Por otra parte, continúa la práctica de hostigar a los periodistas por medio de denuncias y demandas sin fundamento alguno, pero que los obligan a comparecer a interminables diligencias judiciales que no sirven a ningún propósito. Hay docenas de casos, sin fundamento alguno, que afectan a muchos medios de comunicación social, debido a las constantes citaciones para comparecer a rendir indagatorias.

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