Perú

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PERU Amedrentamientos de toda indole contra periodistas -que motivaron, entre otros hechos, la visita de una misión de la OEA para investigar agresiones a los Derechos Humanos- así como la ampliación de nuevos frentes en el caso del despojo del Canal 2, constituyeron los embates más significativos a la libertad de prensa dentro del período marzo-noviembre. 23 de marzo: en Pucallpa, un coronel de la Fuerza Aérea del Perú que no quiso identificarse dispuso el decomiso y la destrucción del vídeo que el periodista Lino Campos García registró sobre un accidente del avión A-37 en el que perecieron dos tenientes. Los oficiales al momento de su intervención indicaron que la población no tiene por qué estar informada del accidente. 5 de abril: Karin Sánchez Núñez, Milagros Coro Villafana, Nancy Morán Corso y Fernando Alva Pasache, denunciaron ser víctimas de amenazas. Todos fueron miembros de la unidad de investigación de Frecuencia Latina (Canal 2) cuando ésta era dirigida por José Arrieta, quien, víctima de persecución, se encuentra autoexiliado en Estados Unidos. El equipo directivo del Suplemento Dominical de El Comercio reveló las amenazas recibidas por uno de sus periodistas con el fin de impedir la publicación de una denuncia sobre el "Plan Tsunami 97". Este plan habría sido preparado por los Servicios de Inteligencia, con el propósito de intimidar al empresario de televisión Baruch Ivcher. 8 de abril: la Asociación de Radio y Televisión del Perú denunció la publicación del Decreto Supremo 005-98 MTC, que anula la renovación automática de las autorizaciones de funcionamiento de medios de comunicación televisiva. Al respecto, recordó que la Ley de Telecomunicaciones en su artículo 56 señala que "la autorización se renueva automáticamente cada diez años a solicitud del interesado". Es evidente que el Decreto Supremo permitirá la intromisión política en el otorgamiento de licencia para canales de televísión. 10 de abril: Angel Páez, periodista del diario La República, denunció la existencia de una campaña sistemática contra periodistas de investigación que revelan cualquier tipo de casos de corrupción cometidos por miembros del gobierno y de la cúpula militar. Páez afirmó que sus líneas telefónicas, fax, Internet y correo electrónico están interceptados. 12 de abril: el conductor del programa político radial "Hora Clave", Diógenes Torres Agreda, aseguró haber recibido amenazas de muerte, mediante llamadas telefónicas anónimas. Responsabilizó de ello al alcalde de San Martín de Porres, Javier Kanashiro. Con anterioridad el alcalde le había disparado culpándolo de arruinar su carrera política con las críticas a su gestión edil. 15 de abril: la Comisión de Derechos Humanos del Congreso acordó solicitar amplias garantías para los periodistas de La República, Angel Páez y Edmundo Cruz, quienes, a su vez, serán invitados para informar sobre las amenazas y actos intimida torios de que fueron objeto recientemente, a raíz de su labor de investigación periodística. 29 de mayo: un empleado de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, se hizo presente en el domicilio del periodista José Arrieta Matos pretendiendo obtener información contable del ex jefe de la Unidad de Investigación del programa "Contrapunto" quien se encuentra en Estados Unidos tramitando su asilo. El abogado de Arrieta dijo que la visita constituía un amedrentamiento más contra el periodista que no posee empresa. El ex jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), general EP Homero Nureña León, acusó a dos periodistas de El Comercio de haber intentado extorsionarlo exigiéndole un pago de 80.000 dólares. En el Congreso, el general Nureña afirmó que existía una grabación del intento de extorsión. Ello motivó que el jefe de la Unidad de Investigación de este diario, Ricardo Uceda, denunciase ante el Poder Judicial al General Nureña por el delito de difamación. El proceso continúa. El General Nureña no ha insistido en su acusación y en su retractación ante un juzgado penal declaró que sus palabras fueron mal entendidas y que nunca quiso atribuir conducta deshonesta a periodistas de El Comercio. 2 de junio: en Quito, el redactor José Jara y el reportero gráfico Esteban Félix, enviados especiales del diario El Sol a esa ciudad, fueron detenidos y confiscado su material fotográfico cuando cubrían la llegada del presidente Alarcón al aeropuerto de Quito. Los maltratos de que fueron objeto motivaron la intervención del presidente ecuatoriano y el consecuente pedido de disculpas. Se debe destacar la solidaridad de los periodistas del Diario HOY de Quito así como la de, prácticamente, toda la prensa ecuatoriana. 6 de julio: la congresista Martha Chávez informó que se ha presentado un proyecto de ley que regula la Constitución en lo que se refiere a las excepciones al derecho a la intimidad. Al respecto han surgido serias preocupaciones ya que el tema es sumamente sensible en cuanto al ángulo vinculado a la libertad de prensa. 16 de julio: el Departamento de Justicia de Estados Unidos concedió el beneficio de asilo preventivo al periodista peruano José Arrieta Matos, quien debió abandonar el país en enero de este año asediado por fuerzas de seguridad. Para el otorgamiento de esta condición, las autoridades norteamericanas han debido de calificar a José Arrieta como perseguido político. S de agosto: en Piura, dos periodistas del diario La República fueron detenidos arbitrariamente por efectivos de la Marina de Guerra cuando investigaban las denuncias de un grupo de pobladores que acusaban a los militares de estar borrando la propaganda de un candidato contrario al oficialismo. 22 de agosto: el periodista César Hildebrandt fue denunciado por Santiago Sanguinetti -un peculiar abogado que tiene por costumbre interponer querellas indiscriminadamente- por haber difundido información emanada de una sesión secreta del Congreso. La información, que le había sido proporcionada libremente al periodista, no implicaba peligro para la seguridad nacional. 9 de setiembre: la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia declaró nula la sentencia que absolvió a Ethel Guido Mendoza y seis militares procesados por el delito de terrorismo a raíz del atentado perpetrado contra la filial de Global Televisión, en Puno. 4 de octubre: el periodista tarapotino Isaac García Villanueva denunció que él y su familia fueron amenazados e insultados luego de que presentaran ante el Congreso de la República una grabación hecha al Ministro de la Presidencia Tomás Gonzáles Reátegui en la que éste pedía a la población votar por la reelección de Rolando Reátegui Flores y dejaba entender que, a cambio, se otorgarían cemento y otras prebendas a la localidad. Los principales gremios periodísticos del país, entre ellos la SIP, formularon un llamado al gobierno y a la Comisión ad hoc de Indultos para que estudien los casos de seis periodistas que purgan prisión injustamente en penales del país. Se trata de Hermes Rivera Guerrero, Javier Tuanama Valera, Pedro Carranza Ugaz, Antero Gargurevich Oliva, Juan de la MattaJara Berrospi y Augusto Llosa Giralda. 4 de noviembre: el Director del diario La República, Gustavo Mohme Llana, informó haber sido amenazado de muerte por el comando S de Abril. Mediante una serie de llamadas telefónicas le exigieron dejase de publicar información sobre la visita de la delegación de la OEA que investiga violaciones a los derechos humanos y la libertad de prensa. 5 de noviembre: como una muestra más de escandaloso amedrentamiento, los miembros de la delegación de la OEA que visitaron Lima para investigar diferentes casos de violaciones contra los derechos humanos, fueron amenazados de muerte estando aún en sus propios países. 13 de noviembre: transcurrido más de un año desde la toma de Canal 2, el caso se diversificó en cinco frentes. El de fondo: quitar la nacionalidad peruana al dueño, Baruch Ivcher; el de los derechos de la esposa (que por ser peruana no tiene por qué perder su potestad sobre las acciones); una denuncia penal contra Baruch Ivcher por defraudación de rentas de aduana a su empresa Productos Paraíso del Perú; la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y, por último, una denuncia penal contra su esposa Neomy de Ivcher por la transferencia en anticipo de herencia de 20 acciones a sus cuatro hijas. Resulta sintomático que todos los juicios en que Ivcher es el acusado, avanzan de manera aceleradísima (en uno de ellos, inclusive, se realizaron diligencias de doce horas consecutivas y en días sábado y domingo). En el juicio por defraudación de rentas de aduana, la sala suprema reservó el fallo a Ivcher en el que el fiscal ha solicitado 12 años de cárcel. Se le acusó de sobrevaluar el monto de importaciones de insumas para su fábrica de colchones. Y, por cierto, no quedó muy claro por qué alguien quisiera aumentar el precio de lo que importa cuando ello obliga a pagar más aranceles. Pero, el caso es que, ahora como reo contumaz, Ivcher no puede regresar al Perú porque sería detenido de inmediato. Corre, además riesgo en otros países del mundo. En otro frente, la esposa de Ivcher, viene ganando el derecho a representar el total de las acciones (54%) de la sociedad conyugal. Sin embargo, la administración de Canal 2 ha interpuesto acciones de amparo contra los jueces para que se anulen los fallos que dan la razón a Neomy de Ivcher. Más rebuscado resulta el juicio penal por una transacción de 20 acciones (de los 29 millones que tiene la empresa) cedidas años atrás a sus hijas en adelanto de herencia. Mientras los jueces interpretan los estatutos y la forma como se asentó la transacción, la opinión pública trata de entender por qué tanta preocupación por 20 acciones. El tema de la denuncia hecha por Ivcher ante la OEA ha constituido, para los responsables de la toma de Canal 2, un frente bastante más complejo, especialmente porque no lo pueden controlar. Durante la semana pasada ha estado en Lima una misión especial de la OEA, investigando una serie de agresiones contra los derechos humanos en los que se incluye el caso de Canal 2, así como otros vinculados a la prensa. Al respecto, le va a ser difícil al gobierno explicar por qué a un funcionario de inmigraciones, muy acucioso evidentemente, se le ocurre revisar, 15 años después, los papeles de nacionalización de un ciudadano israelí. Ello dio pie a que, mediante una resolución directoral -tan extrañamente poderosa que derogó la resolución suprema que le otorgó la nacionalidad peruana a Baruch Ivcher-, un canal de televisión cambiase de control y con ello su línea editorial contra el gobierno. 13 de noviembre: el periodista José Cabada, de Perú de los 90, editado en los Estados Unidos, denunció ser víctima de una confabulación contra su medio por parte de los servicios diplomáticos del Perú que argumentan que Perú de los 90 realiza campañas en contra del servicio diplomático. Agregó que los consulados han optado por difamar y hacer quedar mal el nombre de su institución y su persona.

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