Uruguay

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URUGUAY La entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal, que estaba prevista para febrero de 1999, ha quedado postergada por lo menos hasta el año 2000, restando algo de urgencia a los reclamos por su modificación que venían elevando diversas entidades de periodistas y medios de comunicación del Uruguay. Estos reclamos responden a que en el nuevo Código del Proceso Penal se han insertado un par de artículos - 99 Y 100- por los cuales se ordena que los medios de comunicación no sólo deberán preservar el buen nombre de las personas sometidas a proceso penal, sino también la identidad de los testigos, los imputados y hasta las víctimas. En caso de haberse dado a conocer el nombre de un procesado o indagado, éste tendrá derecho a que se publique gratuitamente "y con el mismo destaque" la noticia de su sobreseimiento, absolución o clausura del proceso. El texto ha despertado la alarma de diversas asociaciones de periodistas y medios de prensa. Una delegación conjunta de la Asociación de la Prensa (APU) y la Asociación Nacional de Broadcasters (ANDEBU), entrevistó a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, que se habría comprometido a revisar algunos párrafos considerados atentatorios contra la libertad de prensa y el derecho a la información de los ciudadanos. Anteriormente hubo un hecho auspicioso para la libertad de prensa cuando el 29 de julio, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo anuló un controvertido decreto que pretendía regular la importación de materia prima para la confección de periódicos. Además de fiscalizar las autorizaciones para importar papel y otros insumos para diarios, el citado decreto establecía entre las potestades de una Comisión del Papel que funciona en la órbita del Ministerio de Industria, Energía y Minería, la posibilidad de llegar a imponer" cupos" a la importación de equipos y materias primas, así como sancionar a aquéllos que, a su juicio, incumplieran con el régimen, todo lo cual fue considerado ilegal por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Hubo en este período un intenso debate informativo y político sobre la distribución de la publicidad oficial. Un escándalo público tuvo lugar cuando el monopolio estatal de las telecomunicaciones ANTEL divulgó las cifras de sus gastos de 1997 por este concepto, a instancias de una comisión parlamentaria y, por más que el entonces presidente de ese organismo, Ricardo Lombardo -uno de los precandidatos presidenciales por el partido de gobierno para las elecciones del próximo año- aseguró que las determinaciones respondían a criterios técnicos, quedó en evidencia la discriminación en e! otorgamiento de la publicidad oficial. Como informó la Asociación de la Prensa Uruguaya, el 17 de julio pasado seis trabajadores de El Observador fueron detenidos por la policía. Al fotógrafo Iván Franco se le incautó y dañó su equipo de trabajo y se le veló el rollo fotográfico y a las trabajadoras detenidas en forma absolutamente injustificada se les sometió a un trato humillante. Hasta el momento, el caso sigue sin aclararse en sede judicial. Aunque no en forma permanente pero en lo que va de 1998, en el registro de unos 15 incidentes que maneja la Comisión de Asuntos Profesionales de esa asociación, se consignan agresiones de particulares y funcionarios de seguridad contra periodistas y reporteros gráficos en escenarios deportivos y coberturas periodísticas, y denuncias de amenazas y hasta el retiro de publicidad contra medios de prensa en el interior del país.

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