Venezuela

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VENEZUELA Existen dos grandes incertidumbres con respecto al Poder Judicial y la libertad de expresión en Venezuela. En primer lugar, como ya hemos resaltado en anteriores informes, el Bloque de Prensa Venezolano (BPV) y toda la colectividad nacional siguen a la espera de un pronunciamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia con relación a la demanda de nulidad de la nueva Ley del Ejercicio del Periodismo, vigente desde finales de 1994. Por otra parte, el litigio planteado por el BPV en contra de la Ley del Ejercicio del Periodismo, se encuentra en su fase final en la Corte Suprema de Justicia y se espera sentencia definitiva de un momento a otro. El pronunciamiento de la corte pudiera inclinarse a anular la colegiación obligatoria, influido por la reciente resolución tomada por la Corte Suprema de Colombia, que abolió disposiciones similares a las contenidas en la ley de la cual demandamos nulidad, y que limita el ejercicio del periodismo a los periodistas colegiados. En segundo lugar, existe malestar referente a artículos del nuevo Código de Procerlimiento Penal porque pudiesen limitar la capacidad de la prensa escrita de examinar y publicar datos acerca de investigaciones criminales o penales. Por ejemplo, los artículos 234 y 236 del capítulo IV; restringen severamente la publicación de datos o testimonios obtenidos por fuentes grabadas o la interceptación de grabaciones telefónicas durante una investigación criminal. El artículo 112 de ese mismo capítulo dice lo siguiente: "Prohibición de informar. Se prohibe a todos los funcionarios de policía dar informaciones a terceros acerca de las diligencias que practiquen, de sus resultados y de las órdenes que deben cumplir, de conformidad con lo previsto en este Código. La infracción de esta disposición será sancionada conforme a la ley". Esta infracción puede ser penada con cárcel o la destitución del funcionario en cuestión. Obviamente, si esta medida es aplicada con absoluto rigor, imposibilitaría en gran parte el periodismo forense criminal. De la misma forma, se advierte como posible amenaza la difícil situación que podría surgir en Venezuela después del próximo período electoral. La junta directiva del Bloque de Prensa quiere dejar testimonio escrito de que, en su opinión, existe la amenaza de que pudiera instaurarse en nuestra República un gobierno de fuerza y autoritario, que indefectiblemente impondría una censura de prensa en el país. Esta duda surge de las propias posturas y declaraciones de algunos de los candidatos. Agregado a esto, también deseamos recalcar un artículo de Marta Colomina publicado en el diario El Universal el 13 de septiembre de 1998, titulado "Chávez: presagios contra la libertad de expresión", en el cual hace notar el surgimiento de la amenaza personal a periodistas como mecanismo de presión. Algunos miembros de la junta rlirectiva del BPV consideran absolutamente oportuno que esta Sociedad emita una resolución formal, donde se declare en vigilancia permanente sobre lo que pueda ocurrir en Venezuela en este sentido. En referencia a casos específicos, se resaltan dos: uno, el caso de Omnivisión, Canal 12 de Televisión, al que le fue prohibido por orden judicial emanada de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones transmitir a señal abierta programación informativa. El otro caso, radica en el intento por parte de autoridades del estado de limitar proyecciones electorales publicadas en Internet por los diarios durante las últimas horas de los comicios regionales del 8 de noviembre de 1998. En ambos casos, el estado alega violaciones del cuadro reglamentario de telecomunicaciones y de la ley del sufragio, respectivamente.

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