Chile

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CHILE Durante este período la prensa ha desarrollado su labor sin restricciones. Preocupa, sin embargo, la aprobación en el Congreso Nacional de ciertas disposiciones legales que forman parte del Proyecto sobre las Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo que, justamente, podrían constituir una amenaza a dichas libertades. Este proyecto está todavía en discusión en el parlamento. Durante la discusión del proyecto en el Senado se ha presentado la tipificación del delito de difamación. En informes anteriores hay referencias a esta iniciativa del senador Miguel Otero y sobre la reacción unánime de parte de las instituciones periodísticas a rechazarla por cuanto consideran que el sistema legal imperante ya otorga suficientes garantías para defender la honra y la reputación de las personas, no siendo necesaria la creación de una figura legal especial. El debate senatorial a iniciarse en los próximos días sobre la tipificación del delito de difamación introduce la noción de abusos en el ejercicio de la libertad de expresión y la considera como delito o cuasi delito civil, y concede acción civil por dichos delitos o abusos con el fin de que el afectado pueda obtener indemnización de perjuicios por daños morales, daño emergente y lucro cesante. Varios senadores están dispuestos a apoyar la iniciativa de Otero, resultando paradójico que la mayoría de ellos no opta a su reelección para el próximo período. El presidente de la Asociación Nacional de la Prensa, Cristián Zegers Ariztía, sostuvo que "ninguno de ellos estará en la vida pública para asumir sus responsabilidades políticas del daño inferido a la sociedad por esta nueva e incomprensible "Ley Mordaza". Los principales acontecimientos relacionados con el ejercicio y vigencia de la libertad de expresión fueron los siguientes: La negativa de dos canales de televisión a transmitir una publicidad elaborada por el Ministerio de Salud para prevenir el sida originó, en abril pasado, manifestaciones de rechazo por parte de altas autoridades de gobierno, las cuales estimaron que tal actitud envolvía una forma de censura. Por su parte, las entidades gremiales que reúnen a los medios de comunicación social sostuvieron que éstos, en todo caso, son libres de aceptar o rechazar una publicidad si estiman que ella se opone a su línea editorial, pues de lo contrario se desconocería la libertad de programación que es de la esencia de la libre expresión. Se subrayó que la libertad de emitir opinión, de informar y de programar consiste, principalmente, en la posibilidad que tiene cualquier medio de comunicación de transmitir o publicar lo que estime más adecuado, sin perjuicio de responder por los delitos que se pudieran cometer en el ejercicio de tal libertad. Con motivo de la negativa a transmitir esa publicidad, un grupo de personas e instituciones interpuso un recurso de protección contra los canales respectivos, aduciendo que la determinación adoptada por ellos era arbitraria e ilegal. El 27 de junio la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó dicho recurso, resolución que fue luego confirmada por la Corte Suprema el12 de agosto. La resolución de los tribunales referidos subrayó que" a ninguna autoridad o particular le está permitido determinar los contenidos que deben transmitirse a través de las estaciones televisivas o de cualquier órgano de comunicación social, los cuales están protegidos por la garantía básica de poder emitir sus opiniones o noticias sin censura previa, ala luz del # 12 del Art. 19 de la Constitución Política de la República". Además, dichos fallos reconocieron que la libertad de expresión supone la libre elección, sin interferencia de nadie, de las noticias u opiniones que se difundan, en cuanto los propietarios de los medios de comunicación consideran son de importancia, trascendencia o relevancia, en concordancia con sus principios o línea editorial. La prohibición de informar decretada en un proceso por tráfico de drogas y lavado de dinero, cuyas extensas ramificaciones han producido alarma en la opinión pública del país, apartó a la prensa del proceso criminal de mayor trascendencia nacional. Ello determinó que los medios hicieran pública su disconformidad por la existencia de una disposición legal que autoriza a un juez, sin expresión de fundamento y por un período ilimitado, la prohibición de publicar noticas referidas al juicio, en cualquier medio de difusión del país. La Corte de Apelaciones de Valparaíso, con fecha 30 de junio de 1997, revocó dicha prohibición informativa. El falló estimó que el artículo 25 de la Ley de Abusos de Publicidad vigente -que permite a los jueces decretar prohibiciones discrecionales y sin plazo- se encuentra derogado en virtud del artículo 5 transitorio de la Constitución Política de 1980 en relación con el #12 del artículo 19 de dicha Carta Fundamental. La primera de las normas citadas dispone que mientras no se dicten leyes orgánicas constitucionales o con quórum calificado, seguirán rigiendo las vigentes en la actualidad, como es la Ley 16.643 (Ley sobre Abusos de Publicidad), pero que en definitiva su naturaleza de ley simple, que esta última tiene, la subordina a la Carta Fundamental que asegura a todas las personas, en su artículo 19 # 12, la libertad de emitir opiniones y la de informar, sin censura previa. Por otra parte, al discutirse el proyecto de ley sobre las libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo en el Senado, se propuso la abolición de la referida norma restrictiva, criterio que fue aprobado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Preocupa una resolución de la presidencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que reitera a las instituciones de Carabineros, Investigaciones y Gendarmería el cumplimiento de una disposición legal que prohibe a todo funcionario dar información sobre resultados de pesquisas y de las órdenes que deben cumplir en las respectivas causas judiciales (Ley 18.857, del 6 de diciembre de 1989). Una empresa de Valparaíso descubrió que en los ejemplares de sus diarios se encontraban insertos folletos publicitarios no autorizados por ella. El diario supo de un contrato celebrado entre la Federación Regional de Suplementeros y Edicom, Compañía Editorial S.A., mediante el cual los suplementeros se comprometían a distribuir el material publicitario originado por Edicom adjuntando los insertos respectivos a los diarios y revistas que se comercializaran por los referidos suplementeros. A su vez, Edicom instruiría a la Federación sobre la forma de efectuar la entrega al público de los insertos. La empresa editora estimó afectados sus derechos e interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso en contra de Edicom y los suplementeros. Esta acción judicial se fundamentó en que generalmente cuando circulan insertos con los diarios, aquellos son previamente revisados para evitar que por su intermedio se cometa un abuso de publicidad que pudiera involucrar la responsabilidad del medio de comunicación. Pero luego la Corte Suprema resolvió que tanto Edicom como la Federación Regional de Suplementeros debían abstenerse de insertar folletos, catálogos, suplementos, o cualquier material publicitario que fuera ajeno al diario de la empresa periodística recurrente. El tribunal consideró, asimismo, que tal alteración era arbitraria y vulneraba las garantías constitucionales del recurrente, entre otras razones porque en el hecho aparece contribuyendo a hacer propaganda a diversos productos sin perjuicio de las eventuales responsabilidades en que pudiera incurrir si estimase por algunas personas que las opiniones contenidas en dichos insertos provienen de los editores del diario ... "

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