Argentina

Aa
$.-
ARGENTINA El aún inconcluso sumario judicial para determinar quiénes fueron ejecutor y autor intelectual del asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas y un incontable número sin precedente de agresiones y amenazas a periodistas hirieron el pleno ejercicio de la libertad de prensa en la Argentina. Han pasado ya casi nueve meses y, a pesar de la acción permanente de la justicia, continúa sin ser aclarado el asesinato del fotógrafo de la revista Noticias, mafioso crimen ocurrido el 25 de enero de este año en las cercanías del balneario de Pinamar, Provincia de Buenos Aires, donde ese semanario había denunciado numerosos casos de corrupción policial. Después de esas denuncias más de un centenar de policías fueron dados de baja. Bajo el lema "No se olviden de Cabezas" el país se movilizó, fue unánime y pública la demanda de que el asesinato sea aclarado y que los responsables materiales e intelectuales fueran juzgados y castigados. El juez, José Luis Macchi, acumuló unas 20.000 hojas en los 97 cuerpos del expediente Nº 56.456. Los indicios apuntan al ex oficial de la policía de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Prellezo, ex segundo jefe de la comisaría de Pinamar como posible autor material, ya otros cuatro policías como participantes en el crimen, todos los cuales están detenidos. El 1 º de octubre el juez dispuso la prisión preventiva de Gregario Ríos, jefe de la custodia de Alfredo Yabrán, señalando como probable instigador del asesinato. En la actualidad hay ocho personas detenidas por orden judicial. El magistrado aún no ha formulado ningún pronunciamiento final sobre culpabilidad. Eduardo Duhalde, gobernador de la provincia de Buenos Aires, hace pocas semanas reiteró que las dudas que subsisten sobre el crimen "se encaminan hacia la policía de mi provincia y al círculo de (Alfredo) Yabrán", un importante empresario postal privado. Yabrán negó toda conexión con el crimen cuando fue interrogado por el juez el 23 de mayo. Volvió a ser interrogado el 11 de octubre como imputado no procesado, sospechado de presunto instigador del asesinato, quedando después en libertad. En una derivación política el presidente Carlos Menem aceptó en junio la renuncia del ministro de justicia, Elías Jassan, cuando se revelaron conversaciones telefónicas del mismo con el grupo empresario cuestionado y que él antes había negado. Todo ello aumentó la sospecha pública de las vinculaciones de Yabrán con el poder. Yabrán había quedado irritado por una foto de él tomada por Cabezas en el verano. Continúa también sin ser aclarada la misteriosa muerte, en 1993, de Mario Bonina, que trabajaba en la organización gremial Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires y cuyo cadáver apareció en un río del contorno urbano de Buenos Aires. En septiembre el presidente Menem volvió a insistir sobre la necesidad de poner límites a la prensa. Al inaugurar justamente la Oficina Nacional de Etica Pública dijo: "Respeto la libertad de prensa y de opinar, pero creo que debe tener sus límites", haciendo alusión a una llamada "libertad del palo", algo así como el derecho a responder con golpes cuando alguien se considere agraviado por la prensa. El día 19 de ese mismo mes, en una carta dirigida a los directores de los medios de comunicación, Menem se disculpó de esas declaraciones admitiendo que había sido "inconveniente". "Pido disculpas -dijo el presidente- y reitero mi voluntad inquebrantable de seguir luchando para que esas libertades permanezcan intactas". En 1993 el gobierno anunció la creación de una comisión investigadora de ataques y amenazas a periodistas. Hasta el presente no existe ninguna información sobre la misma. Desde marzo se han contabilizado más de treinta ataques contra períodistas. Los episodios registrados van desde ataques físicos a anónimos llamados telefónicos que en un caso forzaron al Canal 13 a retirar en junio al reportero Antonio Fernández Llorente de la cobertura diaria del proceso de Cabezas debido a que una hermana fue herida y la familia advertida de que se atentaría contra sobrinos si el periodista continuaba informando del caso. Igual relevo ocurrió con los amenazados periodistas Fernando Menéndez de Telefé y Verónica Jacobson de Noticias. La pendiente solución del crimen de Cabezas se inserta en un contexto donde la justicia tiene muy baja credibilidad en el pals, yen cambio la prensa goza de confianza pública. En cuanto a los hechos negativos, en abril, el gobernador de la provincia de Santa Cruz, Néstor Kirchner, criticó a diarios de esa provincia por informaciones o comentarios que le disgustaron. Agitadores impidieron dos veces la distribución de 11.500 ejemplares del diario El Tribuno de Salta y amenazaron al fotógrafo de ese medio, Benjamín Arias, que registraba el hecho. El diario La Voz del Interior, de Córdoba, publicó informaciones sobre la ilegal comercialización y consumo de drogas en una cárcel provincial. La justicia pidió al diario que identificara a los traficantes a lo que su director Luis Remonda, en defensa del secreto profesional, se negó. En mayo, la prensa rechazó una sugerencia del ministro del Interior, Carlos Corach, en favor de la creación de tribunales de ética periodística. Los medios calificaron de "infortunada" la medida ya que la justicia común es el camino para dirimir disputas por los que se consideren afectados, sin que haya necesidad de establecer tribunales ni fueros especiales. El director del diario Río Negro, de General Roca, Julio Rajneri, tuvo que presentarse ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para aclarar una información del medio que aludía a un senador. Rajneri consideró que esa convocatoria era "una amenaza sutil para los medios de prensa" ya que el parlamentario aludido podría haber pedido directamente una aclaración o recurrido a la justicia. La Corte Suprema desestimó un recurso de quej a presentado por el ex director de La Prensa, Máximo Gainza, y quedó firme la condena a ocho meses de prisión en suspenso en su contra por el delito de injurias a raíz de una nota publicada en 1986 por la cual se identificaba a tres personas como pertenecientes a una guerrilla clandestina y no descartaba que sus miembros podrían luchar para tomar el poder. El 12 de junio, la Corte Suprema rechazó un recurso de un diario de la ciudad de La Plata que se consideraba discriminado por la distribución publicitaria de la municipalidad de esa ciudad. Un grupo de canillitas obstaculizó la venta del diario El Ancasti en Catamarca, pero un juez impidió ese bloqueo. Una carta bomba no activada fue enviada al subdirector de La Nación y presidente de ADEPA, José Claudia Escribano, con la amenaza de que la próxima estaría armada para estallar. Pocos días más tarde dos personas sospechosamente querían saber los nombres de los miembros del personal de La Nación que usaban un estacionamiento vecino al diario. La periodista Magdalena Ruiz Guiñazú recibió en junio amenazas telefónicas de muerte y una bala apareció en la puerta de su vivienda. En julio, Jorge Lanata, de América TV, fue golpeado por un motociclista que trabajaba para el canal oficial de televisión acerca del cual el periodista había denunciado irregularidades. El 15 de julio, la sede del semanario La Opinión de la Costa, de San Bernardo, Provincia de Buenos Aires, fue atacada con bombas molotov provocando daños materiales. Mariano Bobryck, director del medio, dijo haber recibido un llamado anónimo para que suspendiese la publicación. En agosto, un grupo de 200 empleados de la empresa postal OCA realizó una manifestación el día 21 frente al diario La Nación protestando por una nota de este matutino donde se informaba que una investigación judicial se estaba realizando por supuesto transporte de narcóticos en camiones de esa compañía. Los empleados amenazaron colocar leyendas en los sobres que distribuían exhortando a no leer La Nación. En septiembre, un Tribunal de Casación dejó aparentemente abierto el camino para que la justicia dicte sentencia al astro futbolístico Diego Armando Maradona por el ataque que, con balines de un rifle de aire comprimido, hizo el2 de febrero de 1994 contra cuatro periodistas que sufrieron lesiones por los proyectiles. Un fiscal pidió 4 años de prisión. El presidente Menem criticó a la prensa en un programa periodístico televisivo diciendo que "no se respeta la investidura presidencial, porque los ataques son de una magnitud impensable". Contemporáneamente el partido oficialista exhibía por TV propagandas señalando a la prensa como difusora sólo de noticias negativas al gobierno. El ex capitán de la Marina, Adolfo Scilingo, que reveló que aviones navales durante el gobierno militar habían arrojado vivos al mar presos políticos, denunció haber sido secuestrado durante unas horas, grabándosele en el rostro con un cuchillo las iniciales MGY, que se interpretaron como correspondientes a los conocidos periodistas Magdalena Ruiz Guiñazú, Mariano Grandona y Horacio Verbitsky, quienes lo habían entrevistado. La comunidad periodística consideró ese hecho como una amenaza para los mismos. El 19 de septiembre, la Fuerza Aérea recurrió al Defensor del Pueblo a fin de lo que llamó "proteger a la población del periodismo catástrofe", refiriéndose a las casi 15 colisiones de aviones en vuelo sobre territorio argentino, sobre las cuales informó la prensa. La fuerza, que tiene responsabilidad de ese tráfico, dijo que la divulgación de esos pormenores viola el código penal que reprime con penas de prisión a quienes generen conmoción pública. En la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados representantes del gobierno aprobaron un proyecto de ley limitando o excluyendo la participación de capital extranjero en medios, y prohibiendo a empresas telefónicas a operar en televisión o radio. Se encuentra a estudio de la Corte Suprema un recurso extraordinario presentado por Germán Sopeña, prosecretario general de redacción de La Nación, por una causa iniciada a raíz de informaciones publicadas en 1994 sobre un presunto caso de corrupción en el transporte aéreo. Se espera que la Corte defienda el principio de que la prensa libre y responsable informe sobre esta clase de episodios. El día 4 de octubre, en Mendoza, el subeditor fotográfico del diario Los Andes, Julio Delfo Rodríguez fue detenido y maltratado por tres polidas, que lo detuvieron durante cinco horas, tras incidentes frente a un estadio. El periodista fue amenazado de "correr la misma suerte que Cabezas". Los polidas fueron castigados con arrestos de hasta diez días. También en este mes se conoció que el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego prohibió a jueces y fiscales de esa austral provincia adelantar a la prensa informaciones de trascendencia pública y nombres de futuros indagados en procesos que llevan adelante los juzgados. Han generado honda preocupación las declaraciones del ministro de Economía, Roque Fernández, quien acusó a los medios de prensa de orquestar "un golpe de Estado mediático" que perseguiría opacar los éxitos del gobierno y quitarle votos al justicialismo en la elecciones del próximo domingo. Estas acusaciones genéricas desconocen la pluralidad y diversidad de medios que existen en el país. Se trata, en definitiva, de un nuevo acto de intimidación a la labor periodística y de intolerancia a la libertad de prensa, que justamente garantiza el derecho de informar y opinar sin condicionamientos de ningún tipo. En cuanto a los hechos positivos, se destacan los siguientes: En marzo, el gobernador Duhalde desistió de gran pacte de sus acusaciones en la querella judicial contra el periodista Hernán López Echagüe, por su libro "El Otro" referido a ese mandatario. En abril, no prosperaron, gracias a los reparos de la prensa, proyectos de ley presentados durante este mes para regular el funcionamiento de las comisiones investigadoras del Congreso que entre otras medidas anticonstitucionales obligaría a los medios a tener "el deber de informar sobre la veracidad de sus informaciones". En junio, los periodistas Alberto Ferrari y Marcelo Helfgot llegaron mediante una inédita mediación a un acuerdo con la jueza Nora Gesualdi quien había querellado y ganado en la Corte Suprema una demanda contra ambos obligándolos a pagarle 25.000 dólares por una información que resultó no cierta. La jueza se allanó a no cobrar la multa a cambio de la reparación que significó demostrar la falta de veracidad en la información publicada en la revista El Porteño. La Corte Suprema de Justicia volvió a aplicar la doctrina de la real malicia revocando una decisión de la Corte de la Provincia de Río Negro que había sentenciado a Julio Rajneri, del diario Río Negro. La Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional absolvió a Francisco Loiacono, director de Editorial Sarmiento y de la revista Esto, en una causa por calumnias por actuaciones judiciales. Gracias al reclamo de los medios no prosperó un proyecto para establecer un impuesto a los avisos para obtener fondos destinados a mejorar los salarios de los maestros. Consideraron que ello era erosionar las bases genuinas de la financiación del periodismo independiente. Un tribunal oral condenó a los atacantes a golpes del periodista Santiago Pinetta, en junio del año pasado, aunque sin poder probar que la agresión estuviese conectada con su actividad profesional. En agosto, una comisión de la Cámara de Diputados no avanzó, tras reclamos de la prensa, en un proyecto que si bien obligaba a los funcionarios públicos a presentar sus declaraciones patrimoniales impedía a los medios su publicación. En septiembre, el juez Carlos Wowe fue condenado a siete años de prisión por un intento de coima pidiendo 200.000 dólares al periodista Bernardo Neustadt a cambio de dictarle un fallo favorable en una denuncia por calumnias e injurias. Se encuentra en trámite en el Senado un proyecto para incorporar al Código Penal el derecho de los periodistas a proteger sus fuentes de información, inclusive cuando lo ordene la justicia ampliándosela a los propietarios y editores. Sin embargo el trámite levantó reparos al menos en un senador oficialista. La alianza opositora al gobierno para las elecciones parlamentarias del día 26 de este mes anunció el día 7 que presentará dos proyectos en el Congreso para incorporar la doctrina de la "real malicia" en el Código Penal y la creación de una" comisión bicameral para la protección de la libertad de prensa y el derecho de la información".

Compartí

0