Brasil

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BRASIL Los actos de violencia contra los profesionales y medios de prensa -sobre todo los de mayor gravedad como son los asesinatos y atentados- han mantenido en este período la tendencia decreciente observada a lo largo de los dos últimos años. Pero la libertad de expresión se encuentra seriamente amenazada. El proyecto de la nueva ley de prensa trajo consigo la hipótesis de restricciones al ejercicio libre de la profesión, limites a la libertad de prensa y amenaza a la supervivencia económica de las empresas periodísticas por la posibilidad de implantar elevadas indemnizaciones. Esto podría provocar un problema económico y traer nuevamente la indeseable autocensura, un enorme perjuicio para la sociedad y la democracia. Otro motivo de preocupación es el grave problema de la impunidad en crímenes contra periodistas y propietarios de diarios registrados anteriormente. Investigaciones policiales mal realizadas, demora en la investigación, lentitud en la administración de justicia y, muchas veces, falta de voluntad política, son factores que contribuyen a la inconsecuencia e impunidad de los crímenes contra la prensa. Cabe resaltar que la impunidad es un estímulo para que se repitan dichos sucesos. La vigencia de la Ley de Prensa (Ley 5250/67), a pesar de su carácter liberticida, ha sido el sustento legal para que aumenten los procesos judiciales contra diarios, con solicitudes de elevados montos de reparación civil por supuestos delitos de calumnia, injuria y difamación, lo cual puede considerarse como una floreciente industria de la reparación civil. La actual Ley de Prensa, que cumplió 30 años en 1997, es autoritaria e incompatible con la democracia. La Asociación Nacional de Diarios -ANJ- rechazó la pena de prisión para directores y periodistas por delitos de calumnia, injuria y difamación y el establecimiento de multas a diarios por montos de hasta el 30 por ciento de la facturación bruta correspondiente al año anterior, medida capaz de hacer "quebrar" a cualquier empresa periodística. Mientras tanto, una minoría parlamentaria, que ve afectados sus intereses personales, insiste en hacer del proyecto de ley de prensa una mordaza para ésta. El proyecto de la nueva Ley de Prensa, tal como se tramita en el Congreso Nacional, fue originalmente presentado en el Senado Federal en 1991 y luego enviado a la Cámara de Diputados. Ahora será sometido a voto en el Plenario de la Cámara, aunque todavía no se ha fijado una fecha para ello. Podrá sufrir enmiendas que, inclusive, podrían emperorarlo. Luego, será enviado al Senado Federal. El texto final del Senado deberá ser sancionado por el Presidente de la República, quien podrá vetarlo, ya sea total o parcialmente. El punto más critico del proyecto es, sin duda alguna, la ausencia de límites y de parámetros más objetivos para determinar el límite de la reparación por daño moral. Tan es así que el propio Presidente de la República, Fernando Henrique Cardoso, se declaró a favor del establecimiento de un máximo para las indemnizaciones. Las organizaciones empresariales del sector: ANJ (diarios), ABERT (emisoras de radio y TV), y ANER (revistas), consideran que ése es un punto grave y capaz de constituir una seria amenaza contra la libertad de prensa en el país. La ANJ considera necesario instituir, por lo menos, la obligatoriedad de que el autor determine, en la solicitud inicial, el valor de la reparación civil pretendida. Esta salvaguarda, que no ha sido aceptada por la CCJ, podría reducir sustancialmente la presentación de acciones maliciosas, pues el autor podría correr el riesgo de pagar todos los costos y honorarios en caso de que la demanda sea declarada improcedente. Ante este hecho, la ANJ y demás entidades del sector divulgaron el pasado 5 de octubre, un Manifiesto a la Nación, alertando sobre la amenaza que constituiría para la libertad de prensa el texto de la nueva Ley de Prensa que se tramita en el Congreso Nacional. Como si esto no fuese suficiente, la Comisión de Constitución y Justicia del Senado Federal aprobó en septiembre, un proyecto de ley presentado por el Senador Roberto Requiao, el cual regula específicamente el "Derecho de Réplica". De acuerdo con dicha propuesta, el medio que no cumpla la decisión judicial de conceder el derecho a réplica, será multado con un valor correspondiente al 1% de su facturación por cada día de incumplimiento. La ANJ reconoce algunos avances con respecto a la actual ley de prensa. Sin embargo, constata que existen algunos puntos negativos y riesgos para la libertad de prensa. Se reconocen avances en los campos de protección de la fuente y el derecho de réplica. Puntos negativos: Reparación civil sin límite de valor contra los medios de comunicación, multas elevadas contra periodistas, prisión para periodistas, aunque sea por penas no cumplidas por servicios prestados a la comunidad y posibilidad de confiscación de diarios, según lo previsto por leyes especiales. Procesos en curso con arreglo a la ley autoritaria: En los últimos meses, los diarios han sufrido elevadas penas en forma sucesiva y progresiva. Curiosamente, cuando la acción es de iniciativa de un funcionario del Poder Judicial, el trámite puede ser muy rápido. Cuando el proceso se refiere a un ataque sufrido por algún periodista o medio de prensa, persiste la lentitud. En Santa Cruz do Rio Pardo, Sao Paulo, el semanario Debate, cuya facturación bruta mensual es de sólo 8.000 dólares, fue condenado el pasado mes de agosto a pagar a un fiscal y un juez una indemnización por dafios morales de cerca de 340.000 dólares. Si se guardara esta misma relación de facturación en el caso de los grandes diarios, las indemnizaciones serían del orden de los 1,700 millones de dólares. Un caso semejante ocurrió el pasado mes de agosto, en el estado de Marafión, donde los diarios locales tuvieron que pagar elevadísimos montos indemnizatorios por dafios morales. En el caso de O Estado do Maranhao, de propiedad de la familia del expresidente José Sarney, el valor fijado fue de 30 mil salarios mínimos, equivalente a cerca de 3,36 millones de dólares. Principales incidentes de recorte, censura e intimidación que afectaron la libertad de prensa: 23 de abril - El directorio del Club de Fútbol Vasco da Gama, de Río de Janeiro, prohibió el acceso a algunos periodistas a su cancha y envió cartas a los directores de emisoras de radio, televisión y diarios, sugiriendo que se abstengan de seleccionar a dichos profesionales. 24 de abril - El periodista Fernando Veloso, en ese momento columnista político del Diário do Pernambuco, recibió, al igual que sus familiares, una serie de amenazas como resultado de su actividad profesional. Su esposa, Edna Nunes, sufrió dos ataques, uno de ellos con agresión física. 29 de abril- Algunos periodistas resultaron heridos durante el conflicto entre policías y manifestantes opuestos a la privatización de la Compafiía Vale do Rio Doce, en la ciudad de Río de Janeiro. 13 de mayo - Luego de un reportaje en el que se denunciaba el posible plan para la compra de votos en la Cámara de Diputados con el fin de aprobar la enmienda a la Constitución Federal que permitiría la reelección para los cargos de Presidente de la República, Gobernadores de Estado y Alcaldes Municipales, el diario Folha de S. Paulo recibió llamadas telefónicas de contenido dudoso, en las que se sugería el peligro que corría la integridad física de los periodistas responsables de la investigación del caso. 20 de junio - El Diário de Bauru fue impedido por la Justicia de notificar hechos relativos a la Fundación Oftalmológica del municipio de Bauru, Estado de Sao Paulo. El juez, Yuji Uchiyama, de la Primera Sala Civil de la Comarca de Bauru, acató la demanda judicial de la Fundación y prohibió la secuencia del noticiero que trataba sobre las cirugías que no habrían sido practicadas y que fueron sobrefacturadas. 9 de julio - La policía de Río de Janeiro desencadenó una persecución del testigo del crimen ocurrido en el Bar Bracarense, quien fuera entrevistado por Jornal do Brasil, en condición de fuente para el reportaje sobre la eventual autoría de los hechos. La policía presionó al referido diario para que entregase la relación de sus suscriptores con el fin de identificar al posible informante. Paralelamente, el juez Sidney Rosa da Silva, del Cuarto Tribunal de Río de Janeiro, solicitó al diario la presentación, en un plazo de 72 horas, de la relación de todos sus suscriptores residentes en la calle donde ocurrió el crimen. 19 de agosto - La policía militar del estado de Minas Gerais, cumpliendo una orden de búsqueda y confiscación dictada por la Justicia Militar, irrumpió en las instalaciones del diario O Tempo, de Belo Horizonte, exigiendo los negativos de las fotos tomadas durante la manifestación de soldados de la Policía Militar pidiendo aumento de sueldos. 15 de septiembre - El fiscal del Ministerio Público Marcos Roberto Funari, de la ciudad de Taquaritinga, estado de Sao Paulo, "solicitó" a la unidad local de la Policía Militar, que se abstuviera de proporcionar a terceros, "incluyendo a la prensa", datos que identificasen a las personas detenidas, a menos que éstas lo autorizacen por escrito. En protesta, los diarios, semanarios y emisoras de radio locales se dedicaron a divulgar noticias parroquiales (horarios de misas, noticias sobre bautizos y recetas de cocina). Agresiones registradas en este período: 2 de abril - El reportero gráfico José Alves Filho, del diario Meio Norte, de Teresina, Piauí, fue encarcelado, humillado y su familia torturada por efectivos policiales del 80 Distrito Policial de dicha ciudad. El periodista fue agredido por haber fotografiado al agente policial Francisco Soares Rocha cuando torturaba a 23 jóvenes, propinándoles golpes de palos. 14 de abril- La periodista Alessandra Nogueira Andrade, de Folha da Regido, fue agredida verbalmente por el jefe del gabinete, Sylvio José Venturolli, cuando entrevistaba a la alcaldesa Germínia Venturolli, de Aracatuba (SP), sobre pagos de seguros contra accidentes personales. 28 de abril - El automóvil del periodista Sérgio Heidrich, propietario del diario Univale, de Portao, estado de Rio Grande do Sul, fue incendiado luego de que éste publicara una serie de reportajes sobre tráfico y consumo de drogas entre adolescentes. Heindrich había recibido llamadas anónimas y días después una bomba de fabricación casera destruyó su automóvil. 27 de mayo - El reportero gráfico Carla Wrede, de Jornal do Brasil, fue agredido cuando cubría el entierro de narcotraficantes en la favela de Jacarezinho, en Río de Janeiro. En la 17 Delegación Policial de Río de Janeiro le aconsejaron "no proseguir con el caso". 16 de junio - El fotógrafo César Loureiro, del diario O Globo, fue agredido a puñetazos por el suboficial de reserva de la Marina, Alfredo da Silva, en Campo Grande, zona oeste de Río de Janeiro, cuando éste salía del estudio de su abogado. El militar es sospechoso del delito de desfalco por vender mercadería importada sin el pago del impuesto correspondiente, según el artículo 334 del Código Penal. Investigación de Asesinatos: El 21 de marzo de 1995, el periodista Zaqueu de Oliveira, director del diario Gazeta de Barroso, en Minas Gerais, fue asesinado a tiros por el carnicero José Carlos de Souza. El crimen ocurrió luego de una discusión sobre un material publicado en el diario. El periodista denunciaba a la mujer del comerciante por armar el esquema de corrupción de la Municipalidad de Barroso, aprovechándose de su cargo de secretaria del alcalde. En vista del tiempo transcurrido y del estancamiento del proceso, una comisión conformada por congresistas y profesionales se dirigió el 11 de noviembre de 1996 a las ciudades de Sao Joao Del Rei, Barroso y Barbacena, en Minas Gerais, para continuar con la investigación del crimen. La visita contó con el apoyo de la ANJ. La comisión constató que no fue sino hasta dicha fecha, 11 de noviembre de 1996, que los resultados de la investigación policial fueron enviados al Ministerio Púbico para su evaluación. El atraso ya llevaba más de 18 meses, ya que el plazo de leyes de 30 días y, según la jueza Márcia Nonato da Silva, de la Primera Sala Penal de Barbacena, la demora se debió a las sucesivas prórrogas solicitadas por la Policía Civil. La referida jueza ha fijado para el 15 de noviembre de este año la audiencia de los testigos del caso. EllO de mayo de 1995, el propietario del diario O Independente, del municipio de Rio Verde, Estado de Goiás, Marcos Borges Ríbeiro, fue asesinado en su residencia, en presencia de su esposa, Cimei Cristina de Oliveira. Riveiro había publicado denuncias sobre violaciones de derechos humanos por parte de la Policía de Rio Verde y de irregularidades en la administración pública. Al mismo tiempo, denunció que la Policía lo amenazó para que se abstuviera de hacer más denuncias. Su muerte ocurrió poco tiempo después. El 31 de octubre de 1995, los efectivos de la Policía Civil, Gláudio dos Reis Santana y ]oana D' Are de Souza, fueron denunciados por el Ministerio Público como autores del asesinato. La audiencia para que los testigos de la defensa rindan su declaración ha sido fijada para el segundo semestre de este año. El 12 de mayo de 1995, el periodista Aristeu Guida da Silva, propietario del diario A Gazeta de Silo Fidélis, fue asesinado a tiros en Sao Fidelis, Río de ]aneiro, luego de haber recibido amenazas por publicar material sobre supuestas irregularidades en el Concejo Municipal. El proceso se viene tramitando desde el 2 de abril de 1997 en el Tribunal Penal de Sao Fidélis. Los reos son cuatro, tres de los cuales están en prisión y uno --{:oncejal del municipio- se encuentra en libertad, obtenida mediante un hábeas corpus. Hasta la fecha sólo uno de los cuatro reos ha rendido su declaración. El 29 de agosto de 1995, Reinaldo Coutinho de Silva, propietario de Cachoeiras Jornal, de Cachoeira de Macacu, Río de ]aneiro, fue asesinado con 14 tiros en Sao Gon~alo. El periodista había divulgado denuncias que condujeron al encarcelamiento de policías militares y se preparaba para informar sobre asuntos que comprometían a la administración de un ex alcalde. Entre sus enemigos se encuentra un empresario. La investigación policial inciada por la na. Delegación de Sao Gon~alo, fue enviada el 23 de enero de 1996 a la 2a. Central de Investigaciones de Río de]aneiro, para luego ser remitida a la 2a. División de Defensa de la Vida, el 3 de abril de 1996, donde aguarda el cumplimiento de ciertas diligencias solicitadas por el Ministerio Público del Estado. Hasta la fecha, las investigaciones no han dado con el o los autores del crimen.

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