Panamá

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PANAMA Desde la fundación de La Prensa, hace 17 años, todos los informes presentados a la Sociedad Interamericana de Prensa sobre la situación de la libertad de prensa e información en Panamá han hecho énfasis en la existencia de una profusa y a menudo confusa legislación que afecta seriamente a los medios de comunicación social y al ejercicio del periodismo. Se trata de algunas normas que facultan al ministerio de Gobierno y Justicia a imponer sanciones por vía administrativa, sin ninguna de las garantías del debido proceso legal, otras que autorizan a funcionarios municipales o provinciales a impedir la circulación de cualquier medio por considerar que podría perturbar el orden público, disposiciones que requieren "idoneidad" certificada por las autoridades para ejercer el periodismo y ambiguas leyes de carácter penal sobre delitos contra el honor, contra la personalidad del estado y contra la economía nacional. Todas han sido aplicadas en una u otra ocasión y muchas de ellas sirvieron a la dictadura de pretexto para e! cierre de periódicos y otros actos de permanente hostigamiento contra los medios de comunicación que no le eran afectos. El presidente Ernesto Pérez Balladares ha prometido volver a presentar ante la Asamblea Legislativa la derogatoria de esas normas. Una de esas leyes, la 67 de 1978, fue invocada para justificar la revocación del permiso de trabajo a Gustavo Gorriti y hacer posible su deportación. Cronologia del caso Gorriti: EI3 de julio de 1996, el ministro de Trabajo expidió e! permiso de trabajo del periodista Gustavo Gorriti, "en su calidad de empleado extranjero" para prestar servicio como Director Asociado en La Prensa. El 31 de julio de 1997, el ministro de Trabajo, Mitchel Doens, basándose en el Código del Trabajo de 1972, negó la renovación del permiso de trabajo de Gorriti, aduciendo que había suficientes egresados panameños de la facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá que podian desempeñar esas funciones. EI6 de agosto, los abogados de La Prensa presentan un recurso de reconsideración contra la resolución del ministerio de Trabajo, que niega la renovación del permiso de trabajo a Gustavo Gorriti. El 7 de agosto, el Ministerio de Gobierno anuncia que Gustavo Gorriti deberá" abandonar el territorio nacional a más tardar el 28 de agosto". EI8 de agosto, el gobierno utiliza por primera vez el argumento de la ley 67 de 1978, mediante un comunicado del Director Nacional de Medios de Comunicación Social del Ministerio de Gobierno en el cual indica que el cargo que ocupa Gustavo Gorriti en La Prensa sólo pueden desempeñarlo los panameños. El 8 de agosto, la Presidencia de la República emite un comunicado en el que indica que el Departamento de Migración "cancelará la visa" a Gorriti, "invitándolo a que se traslade al país de su preferencia". Si la invitación no era atendida, Gorriti "será entonces deportado". Entre el 1 y 10 de agosto, numerosas organizaciones gremiales, de defensa de la libertad de prensa y de los derechos humanos, emiten comunicados de protesta respecto a la decisión del gobierno. Entre ellas, la Asociación de Corresponsales de la Prensa Extranjera en Panamá; la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP; el Forum de Periodistas por la Libertad de Expresión de Panamá; el Centro Latinoamericano de Periodismo (CELAP); el Comité para la Protección de Periodistas; el Insitituo Interamericano de Derechos Humanos; Human Rights Watch/ Americas; Reporteros sin Fronteras; la Federación Internacional de Periodistas; la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. También lo hicieron casi todos los partidos políticos de oposición de Panamá que condenaron la actitud del gobierno y ofrecieron su respaldo a La Prensa y a Gustavo Gorriti. De igual modo, personalidades como los escritores John Le Carré y Mario Vargas Llosa censuraron la decisión gubernamental. El 15 de agosto de 1997, Human Rights/Watch Americas y el Center for Justice and International Law presentan, en representación de Gustavo Gorriti, una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, en Washington. El 18 de agosto, la Comisión adopta medidas cautelares en favor de Gustavo Gorriti y pide al gobierno panameño que suspenda la deportación hasta que la Comisión estudie el caso. El 26 de agosto, los abogados de La Prensa interponen un recurso contencioso-administrativo de los derechos humanos, ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, contra la resolución del ministerio de Trabajo. El 27 de agosto, los abogados presentan un recurso de habeas corpus preventivo ante la corte Suprema de Justicia, pidiendo a la Corte que garantice el cumplimiento del debido proceso en el caso de Gustavo Gorriti. El recurso es declarado no viable sólo después de que la Dirección de Migración declarara que se observarán todos los pasos debidos en el proceso de deportación. El 27 de agosto, el ministro de Trabajo niega la reconsideración presentada por los abogados de La Prensa. El 27 de agosto, la SIP pide al presidente Ernesto Pérez Balladares no deportar a Gorriti. La SIP se dirige, asimismo, al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, pidiéndole suspender los efectos de la negativa del ministro de Trabajo. Entre el 10 de agosto y los primeros días de septiembre, el caso es cubierto con amplitud por gran cantidad de medios internacionales, como The Wall Street Journal, The New York Times, The Washington Post, The Economist, The Miami Herald, Los Angeles Times, El País, El Mundo. El 14 de agosto, The Miami Herald revela que la "decisión de expulsar al periodista peruano se tomó luego de que un primo del presidente protestara de que sus artículos obstaculizaban su intento de establecer un monopolio virtual sobre la televisión panameña". El artÍCulo mencionó que Pérez Balladares había manifestado a sus ministros que la razón real tras la eventual deportación de Gorriti era el conodmiento de una conspiradón para asesinarlo, organizada por los servidos de inteligencia peruanos. Pérez Balladares sostuvo ante sus ministros que Gorriti iba a ser asesinado de cualquier manera y que ello no debía ocurrir en Panamá. El mismo día, Roberto Eisenmann, fundador de La Prensa, reveló la informadón en Panamá. El 25 de agosto, llega una comisión de congresistas peruanos en misión ofidal del Congreso del Perú a Panamá, a fin de interceder por Gorriti ante Pérez Balladares. La Comisión retorna al Perú sin haber sido redbida por el presidente. El 26 de agosto, la esposa y dos hijas de Gustavo Gorriti abandonan el país por razones de seguridad. El 27 de agosto, Gustavo Gorriti se muda a las ofidnas de La Prensa, donde se apresta a enfrentar el desenlace. Partidos políticos y personalidades se hacen presente en La Prensa para manifestar su solidaridad. La deportadón no se produce. El 6 de septiembre, luego que el gobierno asegura que se seguirá el debido proceso en los trámites de deportadón, Gorriti abandona La Prensa y retorna a su hogar. El 19 de septiembre, fundonarios de Migración del Ministerio de Gobierno entregan a Gorriti la orden de deportadón. El periodista interpone un recurso de reconsideradón, que fue denegada al día siguiente. Dentro del término legal, Gorriti apela ante el Ministerio de Gobierno. Los abogados de La Prensa advierten sobre la inconstitucionalidad de la norma que pretendía aplicar el ministro de Gobierno y Justida para resolver negativamente la apelación, cuyo efecto inmediato fue suspender la jurisdicción del ministerio sobre el caso hasta tanto la Corte Suprema de Justicia fallara la advertenda. El 15 de octubre, el ministro de Trabajo expide un permiso de trabajo a Gustavo Gorriti para trabajar en La Prensa como periodista, y se empieza a regularizar su situación migratoria. La Prensa y Human Rights/Watch Americas aplauden de inmediato la medida del gobierno, que resuelve el tortuoso conflicto.

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