Puerto Rico

Aa
$.-
PUERTO RICO La libertad de prensa está sujeta a coacciones y hostigamientos. El principal medio de comunicación del país, El Nuevo Día, y periodistas de distintos medios impresos, radio y televisión están enfrentando las presiones y la hostilidad reiterada del gobierno por publicar o comentar informaciones adversas o críticas a la administración del gobernador Pedro Roselló. El gobierno ordenó, en forma súbita, cancelar todas sus pautas publicitarias en El Nuevo Día el 14 de abril, después que el periódico publicó varios reportajes investigativos sobre contratistas de la compañía estatal de teléfonos que no pagaban impuestos y que motivaron la renuncia del presidente de la empresa telefónica; el fraude contributivo al Departamento de Hacienda de distribuidores de automóviles y las revelaciones sobre una planta de filtración de agua que se proyectó en ocho millones de dólares y en que el gobierno, hasta principios de año, había invertido 33,2 millones. El secretario de la Gobernación, Angel Morey, adujo en esos momentos que la cancelación de los anuncios obedecía a motivos de "estrategia de mercadeo" y "al presupuesto" de las dependencias del gobierno y negó que la acción respondiera a una orden del gobernador. Numerosas asociaciones internacionales de prensa protestaron por la discriminación diciendo que no se aplicaron pautas técnicas (circulación de El Nuevo Día) en el otorgamiento de la publicidad oficial y que el gobierno pretende usar su presupuesto de publicidad por 63 millones de dólares para controlar o influir en la política editorial de los diarios. Tras la cancelación de los anuncios oficiales al periódico, los reporteros de El Nuevo Día enfrentaron la hostilidad de los funcionarios del gobierno y del propio gobernador. Rechazos a conceder entrevistas o a responder preguntas; tardanzas o negativas a dar acceso a documentos públicos, llevaron al periódico a acudir a los tribunales a solicitar informes sobre la crisis del agua este verano, y que, por último, se aceptó entregar en vísperas de una decisión judicial. Finalmente, y aduciéndose la implementación de un plan oficial destinado a investigar a empresas que tienen altas ganancias, "por casualidad" se incluyó a El Nuevo Día entre las primeras compañías a ser inspeccionadas por el Departamento de Hacienda. La campaña de hostigamiento ha llegado a la colocación en lugares públicos de etiquetas adhesivas exhortando a no comprar El Nuevo Día, y el 19 de agosto un activista del partido de gobierno convocó a realizar "un acto de repudio" frente al edificio del periódico el cual hubo de cancelarse por la poca respuesta que halló el llamado. En esa ocasión, el gobernador Roselló, según informa un despacho local de la agencia española de noticias EFE, dijo que desconocía el incidente, y lo definió como "un acto libre de expresión". Vista la firmeza mantenida por el periódico en su línea editorial, la Administración de Reglamentos y Permisos, el Departamento de Asuntos del Consumidor y la Junta de Planificación han emprendido denuncias de alegadas violaciones de regulaciones contra la Puerto Rican Cement Company, la productora de cemento más importante del país, en que la familia Ferré-Rangel, principal propietaria de El Nuevo Día, dispone del 30 por ciento de las acciones. Las alegadas irregularidades -que hoy señala el gobierno por primera vez en muchos años y que en algunos casos han llevado a las agencias reguladoras a revocar permisos ya concedidos con manifiesto menoscabo de las normas jurídicas de libertad de empresa- pretenden influir en el ánimo de la familia Ferré-Rangel para doblegar la posición editorial del periódico. Más aún, El Nuevo Día y la Puerto Rican Cement se han visto obligadas a cambiar la firma de abogados, ya que el gobierno ha amenazado a varias oficinas de abogados con retirarles los contratos de representación de sus corporaciones públicas si asumen la defensa judicial de las posiciones del periódico y la empresa de cemento. Mientras el gobierno agudiza la persecución contra la Puerto Rican Cement, el gobernador Rosselló y prominentes funcionarios de su gobierno pretenden restar importancia a la polémica con El Nuevo Día. Así, en agosto, accedió a conceder un entrevista al reportero del periódico acreditado en la casa de gobierno, y que había solicitado hacía cuatro meses antes. A respuestas de preguntas en ruedas de prensa, Roseelló no concede importancia a la disputa y niega que se persiguiera a la familia FerréRangel en sus negocios. Después que en un principio se adujo que la cancelación de los anuncios del gobierno en el periódico obedecia a razones de "mercadeo" y de "presupuesto de las agencias", ahora está argumentándose un aumento en las tarifas de publicidad del diario que debe subrayarse no estaban vigentes cuando se impartió la orden de cancelación. Los codirectores de El Nuevo Día, María Luisa Ferré Rangel y Luis Alberto Ferré Rangel, mantuvieron entrevistas con funcionarios las que reflejan el intento de manipulación del periódico. El 14 de agosto el secretario de prensa de la Casa de Gobierno, Pedro Rosario Urdaz, expresó los motivos de las molestias del gobernador y pidió el relevo del reportero asignado a atender las noticias de Roselló. Después que los codirectores explicaron la posición del periódico, el funcionario replicó: "si ustedes bajan el diapasón, nosotros bajamos el diapasón". El 27 de agosto el secretario de la Gobernación, Angel Morey, calificó de "pequeños detalles que a él no le importaban" el argumento de los codirectores sobre el equilibrio informativo del periódico, y sugirió hallar "un terreno común" entre el gobierno y el periódico para reclamar "un apoyo editorial" a varios empeños oficiales como "la privatización de la compañía telefónica, la nueva ley de incentivos industriales y la política de 'mano dura' en el manejo de las cárceles". Otros hechos negativos: Al producirse la cancelación de los anuncios oficiales a El Nuevo Día, en abril, el presidente del canal de televisión "TeleOnce", David Murphy, admitió públicamente: "Hemos experimentado esa censura en el pasado y casi semanalmente alguna agencia del gobierno nos quita los anuncios cuando sale un reportaje que no les gusta". El periodista radial Luis Francisco Ojeda enfrenta una demanda por difamación y calumnia en los tribunales interpuesta por el ex secretario general del partido de gobierno, Marcos Morell. Entre los asuntos a ser resueltos por el tribunal está si el periodista tiene que divulgar sus fuentes sobre alegados actos de corrupción dentro de una trama de venta de influencias. Según el periodista Ojeda, la acción judicial en su contra es parte de un proceso de coacción a que se le somete a él y a la emisora radial en que trabaja con motivo de su programa periodistico investigativo. La mesa redonda radial "Voz Primera" que transmitía Noti-Uno Radio quedó cancelada en junio por lo que su productor Bennie Frankie Cerezo califica de presiones del gobierno después de un período de coacciones y hostigamiento. El programa salió del aire súbitamente por disposición de la emisora y el espacio lo ocupó el ex secretario de Prensa del gobernador, Rafael Cerame, entonces vicepresidente de una agencia de publicidad que maneja numerosas cuentas oficiales.

Compartí

0