Venezuela

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VENEZUELA Existen amenazas de orden estructural e incidentes especificas que no permiten el normal desarrollo de la libertad de prensa. Lo más preocupante en este período es que el gobierno del presidente Rafael Caldera llevará a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, a efectuarse en noviembre en Margarita, una proposición sobre la figura llamada "derecho a la información veraz". Se trata del empecinamiento oficial venezolano, que ha promovido una serie de foros sobre el particular, como los que tuvieron lugar en Puebla, México, y en Caracas. Ambos contaron con el auspicio de la UNESCO y por ello se cursaron invitaciones a representantes de la SIP, quienes en cada oportunidad, manifestaron su franca oposición a que se incluyera ese tema en la Cumbre, porque ello significaría colocar en manos de los gobiernos cualquier decisión en ese sentido, ya la vez convertirlos en jueces implacables para catalogar cuál es la información veraz. Esto determinaría de hecho la desaparición de la libertad de expresión en nuestros pueblos. En principio se había anunciado que el interés del gobierno no era normar sino recomendar tales premisas, con "la intención de proteger la credibilidad en los medios". Sin embargo, cada vez se ha ahondado más profundamente en el tema, al punto de que el canciller venezolano en un discurso pronunciado en la ONU hace pocas semanas, se atrevió a afirmar que los medios de comunicación sólo tienen derecho a informar y jamás a opinar, ni a terciar en el debate de ideas, so pena de incurrir en delito, como se desprende de la cita textual de sus palabras: "todo el poder que a los medios asignamos y que es indispensable para el juego de los valores democráticos se perdería si, apartándose de su papel, los medios optan por opinar, en vez de informar, o bien por hacerse parte del duelo cotidiano de las ideas. Esta gravísima advertencia, hecha desde un estrado internacional, fue ratificada posteriormente en Caracas por el mismo canciller, en declaraciones dadas a periodistas venezolanos y agencias extranjeras de noticias: "Caldera propuso que en la VII Cumbre Iberoamericana de presidentes y jefes de estado, en noviembre, se discuta la obligatoriedad de que los medios de comunicación difundan una información veraz ... ", " ... el sentido de la responsabilidad de los medios tiene que estar dado por la veracidad y responsabilidad de las informaciones, que no se conviertan en opinión." Esto debe considerarse de extrema importancia y gravedad para los países latinoamericanos, con la obvía excepción del regimen cubano, el cual debe sentirse satisfecho y respaldado por la postura venezolana, ya que el gobierno se considera dueño absoluto de la verdad conceptual y que la única información veraz es la que puedan generar sus representantes oficiales o su propio jefe de estado. De allí que debe constituir deber inaplazable de la SIr, solicitar a sus miembros un pronunciamiento hemisférico, que sirva de alerta y que concientice a los mandatarios de sus países sobre el epitafio que pretende aplicarse a la libertad de expresión en la próxima Cumbre. Todo mediante un estudiado subterfugio que pareciera sustentarse en "inocentes y pulquérrimas justificaciones", que hacen aparecer a quien las adverse como un auspiciador de la falsedad y el engaño, cuando justamente lo que se pretende es ocultar la verdad que sólo puede surgir de la confrontación de ideas, posiciones y opiniones, y jamás de una imposición gubernamental. Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia todavía no ha decidido sobre la demanda de nulidad de la l.ey del Ejercicio del Periodismo invocada por el Bloque de Prensa Venezolano, la cual entró en vígencia a finales de 1994, referente a la colegiación obligatoria y a severas penas de cárcel para periodistas o personas que pretendan no estar regidos por la colegiación. El Bloque de Prensa Venezolano expresó que nunca intentó disminuir o debilitar los derechos fundamentales de la sindicalización o de la colegiación para buscar mejores contratos colectivos y condiciones de trabajo. En lo que respecta a la aplicación de las normas penales previstas en la Ley de Periodismo, se ha pretendido reducir a prisión a un abogado en la isla de Margarita, estado Nueva Esparta, por conducir un programa de opinión radial sin poseer el título y la inscripción en el Colegio de Periodistas. De la misma forma, conviene destacar repetidas decisiones judiciales y amparos constitucionales acordados, que lesionan la libertad de expresión. Uno de esos casos es el de El Periodiquito de la ciudad de Maracay, en el estado Aragua, al cual se ha tratado de silenciar por esa vía, mediante sentencias que afortunadamente se apelaron y admitieron en tribunales de alzada. El Impulso de Barquisimeto, cuyo propietario es el actual presidente de Bloque de Prensa Venezolano, Juan M. Carmona P., agotó la vía administrativa ante el Ejecutivo Nacional, para reclamar sus derechos al ser discriminado en el reconocimiento de su deuda externa, por discrepar de la política oficial. Igualmente, se emitieron pronunciamientos reiterados rechazando la discriminación de que fue objeto El Impulso, y se solicitó al gobierno la debida rectificación. Al no darse respuesta a sus planteamientos, acogiéndose el estado al silencio administrativo, que implica la negativa, El Impulso tuvo que recurrir a la vía judicial ante la Corte Suprema de Justicia, para demandar sus legitimas derechos en contra del estado venezolano. También hay que dejar constancia de ataques contra periodistas que denuncian hechos irregulares, supuestamente imputables a funcionarios del ejecutivo nacional, tales como corrupción administrativa y otros vicios. Es el caso de Alfredo Peña, columnista de El Nacional de Caracas, quien según versiones no desmentidas, recibió "vísitas" de cuerpos policiales que violentaron sus oficinas y sustrajeron material de especial importancia probatoria.

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