Argentina

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ARGENTINA El amplio ejercicio de la libertad de prensa de informar y denunciar responsablemente sufrió agresiones no aclaradas a periodistas, juicios por difamación, ataques verbales y amenazas de proyectos de leyes que reducen su independencia. En el lado positivo hay normas y fallos judiciales por los que se reconoce el secreto profesional del periodismo. Se destaca el cumplimiento de la reiterada promesa hecha por el presidente Carlos Menem de no aplicar el 21 % de Impuesto al Valor Agregado (IVA) a diarios y revistas. Dos ministros del gobierno de Menem, Oscar Camilión, de Defensa, y Rodolfo Barra, de Justicia, renunciaron después que medios de comunicación asignaron al primero responsabilidad política en un contrabando de armas al Ecuador cuando este país mantenía un conflicto bélico limítrofe con Perú, y al publicarse pruebas de un pasado juvenil de simpatías nazistas del segundo. Barra fue el ministro que había elaborado una propuesta de ley hace dos años que trataba de limitar a los medios de prensa en sus denuncias sobre corrupción fiscal. No fueron sólo los periodistas blancos de represalias. Jueces y fiscales que investigan causas de presuntos ilícitos en la administración pública y en la propia Justicia también fueron atacados y amenazados. Como en el caso de los periodistas tampoco sus autores han sido individualizados. En otra acción positiva, Menem anunció que" en aras de la pacificación de los espíritus" desistía de una querella que mantenía desde 1988 contra el periodista Jacobo Timmermann. Ello ocurrió poco después que el abogado de Presidente había pedido por ese proceso a la Suprema Corte de Justicia la detención de Timmermann, que con 73 años de edad vive en Uruguay. En una decisión destinada a censurar la información, un tribunal de la ciudad de Catamarca ordenó la prohibición de la transmisión televisiva de un juicio de gran repercusión nacional por el asesinato de una joven ocurrido hace seis años, y en que se mueven complejas intrigas políticas, drogas y ocultamientos. Un tribunal superior anuló la suspensión de la medida, lo que provocó la renuncia de los jueces después de 20 audiencias y un nuevo empantanamiento en la inconclusa investigación, la que se reanudaría para los últimos meses de este año. Un caso de corrupción en la Justicia se conoció en Buenos Aires cuando un juez denunció a un colega, Juan Carlos Wowe, de haberlo invitado a proponer al periodista Bernardo Neustadt dictar sentencia favorable en un juicio en su contra si pagaba la suma de 200.000 dólares. Javier Ruda Bart, uno de los jueces que procesa a Wowe, ahora detenido, fue agredido en una calle de Buenos Aires. Neustadt estaba involucrado en una causa por daño moral iniciada por un industrial automovilístico que se sintió afectado por afirmaciones del periodista y demandó una reparación de 5 millones de dólares, cifra sin precedentes para este tipo de asuntos en el país. Desde ataques verbales como el recibido por el periodista Sergio Levit, de La Nación, de parte del gobernador de Corrientes, disgustado por el contenido de sus informaciones, como agresiones físicas personales a oficinas y viviendas de hombres de prensa se anotaron desde marzo hasta ahora. Entre los atacados y amenazados se cuentan el director del diario La Arena, de Santa Rosa, La Pampa; Saúl Santesteban y su hijo Alberto; el periodista deportivo del diario La Nación, Ignacio Turín, golpeado por la policía; el caricaturista Nik (Cristian Dzwonik), también de La Nación, que fue asaltado; el periodista independiente Santiago Pinetta, que denunció en el libro "La Nación Robada" ciertos ilícitos en negociaciones entre IBM y el Banco de la Nación Argentina, y Darío Lopreite, de Radio del Plata, amenazado de muerte después de informar sobre gastos reservados de los servicios de inteligencia del Estado. El esposo de una ex diplomática argentina amenazó de muerte al fotógrafo Alejandro Carra, de la revista Gente. También se denunciaron incendios intencionales -el cuatro atentado- contra la vivienda de Carlos Castro Espinosa, director del semanario La Séptima -"Periodismo de Anticipo", de San Juan (que denunció falta de seguridad en la provincia) y de un intento similar del que fue víctima Alberto Eduardo Rocha, director del diario La Mañana de 2S de Mayo, provincia de Buenos Aires, poco después que el matutino denunciara la presunta conducta delictiva de altos jefes de la policía provincial. Otro ataque incendiario se ejecutó contra la casa del periodista televisivo Aldo Rachit, en la localidad de Saladillo, provincia de Buenos Aires. Rachit también había denunciado presuntas irregularidades policiales. En los últimos dos años se registraron unas 75 denuncias de ataques a periodistas que no fueron aclaradas. Dos periodistas del diario La Gaceta de Tllcllmán fueron querellados por el ministro de Gobierno de esa provincia, en un deseo de intimidar a la prensa libre local. Ricardo Sáenz Valiente, director de La Calle, de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, denunció persecución del intendente de esa ciudad contra los medios locales. El Senado Nacional había respaldado al periodistas, sin embargo posteriormente fue rectificado aduciendo que la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) le brindó información inexacta. El gobernador de la provincia de San Luis, Adolfo Rodríguez Saa, accionó judicialmente por injurias contra Juan Alemán, presidente del directorio del vespertino La Razón, de Buenos Aires. El periodista Héctor O' Amico contabilizó 11 diferentes querellas de los miembros de la familia Menem (inclusive el Presidente) en contra del semanario Notidas que dirige, por una suma de reparaciones de 1.5 millones de dólares. La Justicia también inició una investigación para determinar si el periodista Mariano Grondona había quebrado la ley al difundir una entrevista televisiva de un grupo clandestino denominado Organización Revolucionaria del Pueblo (ORP). Grondona, por otra parte, fue atacado por el presidente Menem en una audición radial, disgustado por análisis políticos del prestigioso comentarista, llegando a poner en duda la profesionalidad de más de 40 años del mismo. Pocos días después, el periodismo independiente no tuvo acceso a una reunión política del partido oficial en la cual el Presidente expuso sus ideas, lo que motivó justos reclamos. Los medios y las entidades que los agrupan protestaron por dos proyectos de ley que limitarían su tarea. Uno es el supuestamente destinado a combatir la corrupción en la administración pública y que incluía una disposición que prohíbe la publicación de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios. La otra iniciativa es el proyecto que aumentó de 5.000 a 200.000 dólares, según los casos, las multas a los medios de comunicación que difundan hechos que involucren a menores de 18 años de edad. El ministro del Interior, Carlos Corach prometió revisar el primero de los proyectos mencionados. Al celebrarse el 7 de junio el Día del Periodista en la Argentina, el presidente Carlos Menem afirmó ante los cronistas de la Casa Rosada que "antes de coartar esta libertad [de prensa] que estamos viviendo, el derecho de opinar sin censura previa, prefiero abandonar el gobierno". Tres poco felices declaraciones públicas de altos funcionarios recibieron críticas de la prensa. El jefe de la Policía Federal, Adrián Pelachi, dijo que en el periodismo se había instalado "la noticia fácil, no el gatillo fácil" al tratar de desmerecer denuncias sobre abuso imprudente de armas por parte de policías. Pocos días antes, el ministro de Justicia, Rodolfo Barra, había señalado que si se pudiese aislar a la prensa de los amotinados en las cárceles no se producirían ese tipo de rebeliones. Y la prensa atribuyó al entonces ministro de Economía Domingo Cavallo haber propuesto en una reunión del gabinete presidido por Menem aplicar a los medios de comunicación el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 21 % con el siguiente argumento: "¿Porqué tenemos que mantener el beneficio de desgravación del IVA a los diarios y revistas, a la publicidad y a los cables, si nos tratan tan mal?". El ex ministro claramente pretendía castigar con impuestos a la crítica periodística hacia el gobierno. Cavallo desmintió haber hecho la propuesta en esos términos. Un tribunal de alzada de Bariloche decidió limitar el acceso a la información negándose a dar credenciales a aquellos periodistas que los jueces consideren que dan noticias falsas. Hubo también varias decisiones que ratificaron las garantías constitucionales favorables al periodismo. El procurador general de la Nación, Abel Agüero Iturbe, recomendó a la Corte Suprema que rechace la apelación del Senado Nacional que pretende aplicar arresto domiciliario de 72 horas al periodista Guillermo Cherashny por supuestos agravios a un senador. Tribunales inferiores habían rechazado el recurso del Senado contra este periodista, que en el pasado había sido objeto de agresiones. La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín en el Gran Buenos Aires amparó el secreto profesional de los periodistas, según el artículo 43 de la Constitución, al señalar que no se puede procesar a tres periodistas que habían entrevistado, cuando aún estaba prófugo, al guerrillero izquierdista Enrique Gorriarán Merlo, con el pretexto de que debían denunciar su paradero clandestino. En la provincia de Santiago del Estero se aprobó la reforma del Código Penal, que consagra el secreto profesional de periodistas, clérigos y militares. La Cámara de Diputados aprobó un proyecto que reglamenta el derecho de Hábeas Data, incorporado a la Constitución. Dispone que todo ciudadano tiene derecho al acceso a los bancos de datos y registros relativos a su persona, pero con exclusión expresa de los medios de comunicación social, los que así podrán resguardar la fuente de sus informaciones. La Justicia Federal decidió investigar las comprobadas instalaciones telefónicas ilegales hechas al diario El Comercial, de Formosa, aparentemente destinadas a que la policía provincial escuchara las conversaciones.

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