Canadá

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CANADA La Carta de Derechos y Libertades Civiles de Canadá ofrece protección constitucional a la libertad de expresión, incluida la libertad de prensa, "sujeto a límites razonables prescritos por la ley que puedan demostrarse justificadamente en una sociedad libre y democrática". Cualquier medida del gobierno que limite la expresión infringe ese derecho constitucional, pero en los casos que intereses importantes compiten con este derecho, los tribunales deben determinar si es justificable limitar el derecho en cuestión. Los tribunales basan su decisión en la importancia de los intereses conflictivos, hasta que punto la medida infractora sirve a este interés y si existe otro medio de servir a estos intereses que sea menos restrictivo a la libertad de expresión. En junio, la Corte de Apelaciones de Alberta derogó por considerarla inconstitucional varias cláusulas de la ley electoral federal, que limitaba a $1.000 el gasto de terceros partidos en una elección (es decir, otros que no fueran los partidos tradicionales establecidos). La autoridad electoral canadiense ha emitido una nota de prensa en que informa que no se harán cumplir cláusulas similares contenidas en la ley electoral federal. En Columbia Británica se ha impugnado una cláusula muy similar en la legislación provincial, esta vez con un límite de $5.000. Además, la impugnación en Columbia Británica pone en tela de juicio la constitucionalidad de otra cláusula que exige ofrecer información básica en toda encuesta de opinión pública que se publique. Esta cláusula se impugna no sólo sobre la base de que las exigencias informativas son demasiado onerosas, y que por lo tanto colocan una carga demasiado pesada sobre que el emite la encuesta, sino porque de hecho crea una obligación de expresar algo. El Tribunal de Apelaciones de Ontario falló en agosto que la cláusula de la ley electoral canadiense que prohíbe emitir información de encuestas de opinión en las 72 horas anteriores a los comicios, es constitucional. El tribunal determinó que aunque las investigaciones realizadas no mostraban que las encuestas de opinión no influían indebidamente sobre el público, la "amplia percepción" de que son engañosas y que la falta de tiempo para una respuesta adecuada la convierte en una razón lo suficientemente poderosa como para justificar una infracción a la libertad de expresión. El tribunal también determinó que la información que ofrecen las encuestas de opinión no caen dentro del derecho constitucional a la información para propósitos de emitir un voto con conocimiento de causa. En este momento se estudia la posibilidad de apelar la decisión ante la Corte Suprema. En los casos de agresión sexual, los tribunales están obligados -si el demandante así lo exige- a prohibir que se revele su identidad. Recientemente, se han presentado con éxito varios casos civiles contra los medios de comunicación por parte de personas con derecho a una prohibición de publicación como resultado de la infracción de tal prohibición. Los tribunales han sostenido que los periódicos en cuestión debían haber estado al tanto de las órdenes de prohibición y haberlas obedecido en su totalidad. Aunque se supone que los tribunales canadienses están abiertos al público, por regla general no se permite la presencia de cámaras de televisión en las salas de los tribunales. Las cortes han sostenido su autoridad para determinar cómo se conducirán los procedimientos judiciales, incluida la conducta del público y de la prensa en la sala del tribunal. Lo que es más, la Corte Suprema falló en 1991 que queda a potestad de las legislaturas determinar si se permite la presencia de cámaras de televisión en los tribunales. El año pasado, la Corte Suprema consideró la constitucionalidad de la ley sobre difamación de Canadá y declinó adoptar el modelo estadounidense de la querella The New York Times vs. Sullivan en lo relativo a demandas por difamación presentadas por figuras públicas. El tribunal determinó que la ley consuetudinaria sobre difamación se ajustaba a los valores subyacentes de la Carta sin ningún privilegio asociado a las declaraciones de funcionarios públicos. El gobierno canadiense, y la mayoría de los gobiernos provinciales y municipales, están obligados a tenor con la ley en vigor a ofrecer al público acceso a la información que éstos controlan. Las leyes establecen el procedimiento para solicitar tal información y ofrecen guías sobre cómo, cuándo y qué información puede darse a conocer. La policía tiene autoridad para cumplir órdenes de registro en las redacciones de medios noticiosos con el fin de obtener información sobre un delito. Por ejemplo, este año la Real Policía Montada de Canadá cumplió una orden de este tipo en un periódico de Columbia Británica con el fin de conseguir fotografías de un concierto de rock donde hubo un amotinamiento. La Corte Suprema dejó en claro en 1991 que las órdenes de registro en predios de los medios de comunicación son válidas si la ejecución de tal orden no "impide indebidamente la publicación o diseminación de las noticias". Recientemente, se han modificado las reglas de litigio en varias provincias para permitir una mayor recopilación de información preprocesal durante las etapas iniciales de los casos civiles. En lo relativo a los procedimientos de casos por difamación, este desarrollo ha generado dudas sobre el privilegio de los reporteros, aceptado hasta ahora en varias provincias, de no revelar la identidad de una fuente confidencial en la etapa preprocesal. En los casos donde este tema se ha litigado, el efecto neto ha sido que los reporteros han perdido tal privilegio. En agosto, la Corte de Apelaciones de Quebec otorgó a una mujer una compensación de $2.000 por daños y perjuicios sobre la base de que se infringió su privacidad cuando le tomaron una fotografía sin su conocimiento y después la publicaron en una revista. A diferencia de otras provincias canadienses, Quebec cuenta con su propia Carta de Derechos, que incluye el derecho a la privacidad. La Corte determinó que las personas tienen derecho a la privacidad, incluso en los lugares públicos, mientras no se involucren en actividades públicas mediante actividades artísticas, culturales o profesionales. El fallo constituye un derecho a permanecer en el anonimato, sin importar si la imagen publicada lesione o no al individuo en cuestión.

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