Brasil

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BRASIL La situación de la libertad de expresión en Brasil, en lo que respecta al aspecto legal y a los pequeños incidentes, no presentó mayores alteraciones a lo descrito en el último informe. Sin embargo, hay dos hechos que merecen destacarse. Brasil suscribió la Declaración de Chapultepec el 6 de agosto de 1996. La ceremonia tuvo lugar en el Palacio del Planalto, en Brasilia. El presidente de la República, Fernando Henrique Cardoso, suscribió el documento ante la presencia del presidente de la Asociación Mundial de Diarios (FIE]), ]ayme Sirotsky, del miembro del Consejo Consultivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Julio César Ferreira de Mesquita, del presidente de la Asociación Nacional de Diarios (ANJ), Paulo Cabral de Araujo, y de varios miembros del directorio de esa entidad. Durante el acto solemne, el presidente de la República destacó que" el valor de la libertad sólo puede ser realmente apreciado por aquéllos que la perdieron. Y los diarios brasileños, en varios momentos de nuestra historia, perdieron la libertad". En una encuesta recientemente realizada por el Comité de Asuntos Jurídicos y de Relaciones Gubernamentales de la AN] sobre el trámite de proyectos de interés del sector en el Congreso Nacional, se constató que se estaban tramitando 39 proyectos de ley en la Cámara de Diputados y 14 en el Senado, que implicaban una interferencia en las actividades empresariales y profesionales de los diarios. En la evaluación realizada por el Comité se vio que de esos 53 proyectos de ley, por lo menos 45 de ellos contienen propuestas que, de ser acogidas, traerán algún perjuicio para el ejercicio de la libertad de expresión. El poder judicial brasileño enfrenta serias dificultades, algunas de las cuales tienen efectos negativos sobre la libertad de expresión. En ese sentido, entre los aspectos más importantes se destacan los siguientes: La cultura jurídica tiende al formalismo y a la reglamentación detallada, lo cual se traduce en una legislación abundante y minuciosa, resultando en una excesiva cantidad de procesos y en la falta de preparación de los magistrados de las instancias inferiores y de los demás profesionales (abogados, fiscales, etc.) Este aspecto se ve agravado por las recientes alteraciones institucionales y por los planes económicos que muchas veces han incluido medidas jurídicas cuestionables: La vigencia de una legislación autoritaria, como la Ley de Prensa (Ley 5.250/67), promulgada durante el régimen militar y aún vigente), incompatible con la plena vigencia del régimen democrático. La existencia en cargos importantes en los tres poderes, pero particularmente en el Poder Judicial yen la esfera policial del Ejecutivo, de personas con mentalidad autoritaria. Este hecho fue reconocido por el ex ministro del Tribunal Superior Electoral, Torquato] ardim, en una reciente declaración a una publicación de la AN], en la cual defendió el grado de detalle de los dispositivos de la ley electoral como una forma de evitar decisiones contrarias a las libertades por parte de "jueces" y fiscales "autoritarios". La demora en el desarrollo de los procesos y las múltiples posibilidades de presentar recursos ante las acciones judiciales en general, que muchas veces resultan en la impunidad de los inculpados - inclusive en los crímenes contra periodistas- es uno de los problemas más serios de la justicia brasileña. Esto se debe al exceso de leyes y procesos y a la inadecuada legislación. La corrupción no alcanza proporciones preocupantes en el Poder Judicial, aunque sí resulta alarmante en el área policial y en especial en las regiones más atrasadas del país, donde el crimen organizado actúa más. Durante algún tiempo, luego de la redemocratización del país, había una clara tendencia entre los jueces brasileños de evitar condenar a periodistas y a empresas de comunicación, basándose en la Ley de Prensa de 1967, debido a su carácter autoritario. En los últimos años, ese clima de tolerancia se deterioró, llegando a ocurrir un mayor número de condenas, principalmente en los casos de procesos interpuestos por miembros del propio poder judicial. Ante esta situación, la AN], si bien sustenta que lo ideal sería que no existiese una ley específica, reconoce que ello no es posible debido a la existencia de un código penal arcaico, que permite condenas descabelladas contra periodistas y empresas periodísticas. En tales circunstancias, la Asociación Nacional de Diarios y entidades del gremio se han abocado a promover la sustitución de la ley vigente por una más adecuada a la realidad actual, en la cual se sustituyan las penas privativas de libertad por multas, indemnizaciones y prestación de servicios a la comunidad. Asimismo, se ha insistido en que se establezca un criterio para que las penas pecuniarias no representen una amenaza a la supervivencia de las empresas y que, por consiguiente, pudieran constituir una amenaza a la libertad de expresión. Resulta sumamente difícil hacer una investigación sistemática de los procesos y crímenes contra periodistas y demás atropellos a la libertad de expresión en el país. En lo que respecta a los asesinatos de periodistas, en la mayoría de los casos las investigaciones han llevado a constatar que han sido consecuencia de un crimen común sin relación alguna con la actividad profesional. Si bien ello ha ocurrido eventualmente, se ha dado con mayor frecuencia en las regiones más atrasadas del país. Durante este período, se registraron hechos que continúan violando la libertad de prensa: 20 de mayo: El periodista radial Raildo Barros, de Porto Nacional, estado de Tocantins, fue asesinado con varios tiros por desconocidos cuando llegaba a su hogar. Según la policía, el crimen, que está siendo investigado, podría haber sido ordenado por un tercero. Hace cerca de dos años, Barros ya había sufrido un atentado. Los reporteros Warner Filho y Tina Coelho, del diario Correio Braziliense, que cubrían la ejecución de un mandato de recuperación de propiedad por parte de policías militares, fueron esposados, agredidos y apresados por soldados del décimo batallón de Policía Militar, en Cristalina (GO), a 100 kilómetros de Brasilia. 24 de mayo: El periodista Sergio Fleury Moraes, director propietario del diario Debate, de Santa Cruz de Río Pardo (SP), fue condenado a tres meses de prisión por el juez Antonio Magdalena por delito electoral, luego de un proceso interpuesto por el alcalde Manoel Carlos "Manezinho" Pereira. Posteriormente, luego de la intervención de la ANJ, se la cambió la pena por la de arresto domiciliario. 27 de mayo: El procurador general de la República en Porto Velho (RO), José Pedro Taques, informó que el ex diputado federal Nobel Maura, a quien se le destituyó del cargo por falta de decoro parlamentario al haber agredido a la entonces también diputada Raquel Cándido, es sospechoso de haber mandado matar en 1995 al periodista radial Marinaldo Souza, de la emisora de Machadinho. Maura está desaparecido y, según el procurador, debe estar viviendo en Bolivia. 22 de junio: Una acción precautelatoria acogida por el juez del tribunal de apelaciones, Celia Erpen, atendiendo al mandato de seguridad de los auditores del Tribunal de Cuentas del Estado de Rio Grande do Sul, prohibió al diario Zero Hora, de Porto Alegre, de publicar los sueldos de 22 auditores del TCE. La ANJ protestó contra tal dictamen y solicitó la reconsideración del pleno del Tribunal, argumentado que la medida precautelatoria constituye un recorte de la libertad de prensa y una censura previa. El pleno del Tribunal tenía programado emitir su dictamen el primero de julio de 1996, pero la acción precautelar fue revocada por el propio juez del Tribunal de Apelaciones, Decio Erpen, el 27 de junio. 3 de julio: El periodista Agnelo Alves, candidato a la alcaldía de Parnamirim (RN), apeló en contra de la sentencia que le impuso el juez electoral local. 20 de julio: Reporteros y fotógrafos de Manaos que cubrían un partido de fútbol entre dos equipos cariocas Vasco da Gama y Flamengo, que se desarrollaba en esa ciudad, fueron agredidos por policías militares de Amazonas. El 23 de agosto, la Secretaría de Justicia, Seguridad Pública y Ciudadana del Estado, destituyó temporalmente, por orden del gobernador Amazonino Mendes, a los oficiales a cargo de la dotación policial cuando ocurrió el incidente, teniente coronel Humberto y capitán Dan Camara. La secretaría asumió la responsabilidad de reparar la máquina fotográfica que resultó dañada durante la agresión. El reportero gráfico del Diário do Grande ABC (SP), Rivaldo Goes, fue retenido durante diez minutos en las oficinas del representante Joao Cristiano, luego de tomar fotografías de una propaganda electoral irregular. Según el presidente de la Cámara de Representantes de Santo André, el reportero " ... estaba en ejercicio de su profesión y, además de ello, la Cámara es un espacio público". 27 de julio: El reportero Eduardo San Martin, corresponsal de la Agencia RBS en Miami, fue retenido por el brazo, despojado de su reloj y sufrió otros intentos de agresión y atropello por un oficial de seguridad al servicio del ex presidente Fernando Collar, que lo persiguió por las calles en un carro a alta velocidad. El periodista y el conductor del taxi en el que iba, prestaron declaraciones en la delegación de Bal Harbour. Agosto: El periodista Mario Adolfo fue condenado, a principios de agosto de 1996, en primera instancia por la Justicia de Amazonas, a pagar 1,500 sueldos mínimos (168.000 reales) al juez del Tribunal de Apelaciones Lafayetti Vieira, en un proceso por daño moral en función de una caricatura aparecida en la columna humorística "Candiru", del diario Amazonas em Tempo, del cual es director ejecutivo, el 27 de noviembre de 1994. El periodista apeló contra la condena. El períodista Lindolor Francisco Alves fue condenado, a principios de agosto de 1996, a pagar una multa equivalente a 20 sueldos mínimos. Alves fue acusado de calumnia, injuria y difamación por la artista María da Graca "Xuxa" Meneguel. En noviembre de 1993, Alves publicó material en el semanario Notícias da Semana bajo el título "El libertinaje y la promiscuidad están acabando con la vida de Xuxa y de la familia Meneguel, los promiscuos". 9 de septiembre: La Asociación Nacional de Diarios envió una nota al gobernador del Estado de Paraíba protestando contra la acción de la Policía Militar estatal que impidió a la prensa efectuar la cobertura periodística de una operación policial de desalojo de agricultores sin tierra que habían acampado ante el palacio de gobierno el 9 de setiembre. En el incidente, el fotógrafo del diario O Norte, Valério Ayres, fue agredido y su cámara resultó dañada. 17 de septiembre: El reportero Xico Sá y el fotógrafo Eduardo Knapp, ambos de Folha de S. Paulo, fueron agredidos ante el comité del representante José Indio (candidato a reelección) y simpatizantes del candidato a la alcaldía de Sao Paulo, Celso Pitta, ambos del PPB. En la Delegación Policial No. 57, la delegada Regina Celia Issi registró los delitos de lesión corporal y daños materiales. 18 de septiembre: El reportero gráfico Rodney Suguita, colaborador de Folha de S. Paulo, fue agredido por la noche en el club nocturno Bris Point, en Sao Paulo, por el abogado Mario Cavas Neto, hijo del gobernador de Sao Paulo. En el local se estaba filmando una película pornográfica. Al notar que lo estaban fotografiando, el abogado agredió al fotógrafo y, junto con otros tres hombres que lo acompañaban, inmovilizaron al fotógrafo para quitarle el rollo de película. Suguita presentó una denuncia ante la Delegación Policial No. 27, donde el delegado expidió una constancia de coacción ilegal. 19 de septiembre: La empresa S/ A O Estado de S. Paulo, editora de los diarios O Estado de S. Paulo y de Jornal da Tarde, fue condenada a pagar una indemnización por daños morales equivalente a 100 sueldos mínimos, al ex gobernador de Sao Paulo, Orestes Quercia. La sentencia fue expedida por la Decimocuarta Cámara de Derecho Privado del Tribunal de Justicia de juzgó procedente el recurso interpuesto por Quercia en función del material publicado por los dos diarios el17 de mayo de 1994, en el cual se afirmaba que el informe de la Comisión Parlamentaria encargada de investigar los fraudes contra el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), apuntaba a la participación del ex gobernador. Al día siguiente de la publicación del material, el diario O Estado de S. Paulo publicó una nota en primera plana reconociendo el error e informando que la reportera responsable había sido despedida. La empresa está apelando. 20 de septiembre: La reportera Monica Texeira sufrió heridas de leve consideración al ser esposada, junto con el equipo de reporteros del Sistema Brasileiro de Televisión (SBT) que cubría un enfrentamiento entre los trabajadores sin tierras y los hacendados de la región de Pontal do Paranapanema, en el Estado de Sao Paulo. La periodista, luego de ser atendida, presentó una denuncia ante la Delegación Policial de Presidente Prudente. 20 de septiembre: El reportero gráfico Rogerio Soares, del diario Notícias Populares, de Sao Paulo, fue detenido cuando fotografiaba un incidente entre la policía y un músico del grupo de samba Katinguele. Sin identificarse y apuntando su arma, un oficial obligó al músico a detener su automóvil, en el cual también viaj aba el fotógrafo. Al notar que estaba siendo fotografiado, el policía le arrancó la cámara de las manos y, pese a que se identificó como periodista, Soares fue detenido y obligado a ir a la delegación. En la Tercera Delegación del Departamento de Investigaciones sobre Delitos contra el Patrimonio, el delegado Paulo Fleury pidió disculpas al fotógrafo y al músico y no registró el hecho.

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