El Salvador

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EL SALVADOR La libertad de expresión en el país corre peligro no sólo de tipo legal sino político, especialmente de sectores que se esconden bajo mantos legalistas, pretendiendo amarrar con nuevas leyes la labor de los periodistas y de la prensa en general. La nueva Ley de Telecomunicaciones, aprobada por la Asamblea Legislativa el 13 de septiembre, que entre otras cuestiones obliga a las estaciones de radio y televisión a unirse en "Cadena Nacional", ha sido uno de los principales temas de debate. En cuanto a las concesiones, o permisos para la explotación del espectro radioeléctrico, se determina que éstas serán dadas en un proceso de arrendamiento mediante una subasta pública a manos privadas, cuando éstas sean instauradas después de aprobada la Ley, y otorga un período de gracias de 20 años a las radios y televisaras ya establecidas. Las radios pagarán cifras que oscilan entra 1.200 y 36.000 colones anuales, según la potencia de sus transmisoras; mientras que los importes para las estaciones de televisión se fijaron entre 8.000 a 200.000 colones anuales. Algunos medios de comunicación como el periódico El Diario de Hoy y la Asociación de Radios Participativas (ARPAS) se han opuesto a la nueva legislación aduciendo serios peligros a la libertad de expresión, por cuanto las tarifas han sido fijadas conforme a parámetros técnicos, y no a la naturaleza de las radios, éstas últimas de carácter no comercial, que estarían en riesgo de desaparecer por insolvencia económica. Las radios comunitarias o comunales se caracterizan por transmitir la señal durante ciertas horas del día y su potencia alcanza únicamente unos 20 ó 30 kilómetros cuadrados. La asociación ha abierto un proceso de amparo en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, contra la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL). Previamente, los diputados aprobaron la Ley del Menor Infractor, que entró en vigencia en marzo de 1995, que se aplica a los menores de 18 años y mayores de 12. La legislación concede a los jueces las reservas de los casos que está conociendo, al tiempo que se abstiene de revelar a la prensa detalles del expediente y la identidad de los involucrados. Otra de las normas restrictivas es la Ley Temporal de Emergencia contra la delincuencia y el crimen organizado, vigente desde el 22 de marzo de 1996. La Ley de Emergencia, en su inciso tercero, expresa que las partes, los miembros de la policía nacional civil y los terceros que infringieran la obligación de guardar reserva de la identidad de los testigos, ofendidos y víctimas, serán sancionados por el juez, previa audiencia y sin formación de causa, con una multa no menor de 1.000 ni mayor de 25.000 colones, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pueda incurrir. También las agresiones a la prensa y las amenazas de políticos han estado a la orden del día; si bien hay una política gubernamental de respeto a la libertad de expresión, algunas medidas de sectores judiciales y policiales la han afectado. El Diario de Hoy ha denunciado la reiterada práctica de algunos funcionarios y encargados de comunicaciones de oficinas gubernamentales de dar información, en forma preferente, a medios que no son críticos de la gestión del gobierno. Otros hechos de importancia en este período fueron: La detención provisional el 12 de julio del director del periódico Ca-Latino en San Salvador. El periodista Valencia enfrenta una querella judicial promovida por Rafael Antonio Garciaguirre, miembro de la Policía Nacional Civil, quien le acusa de difamación por haber revelado un informe donde se involucraba al policía en un caso de corrupción. El caso se generó cuando Ca-Latino, diario cooperativo, publicó el6 de febrero de 1996 en primera página una información donde se señalaban actos de corrupción en el interior de la policía nacional civil, sobre la que Garciaguirre había firmado constancias de la legalidad de varios vehículos reportados como robados. El Juez Quinto de lo Penal de San Salvador, Andrés Pineda Chicas, se convirtió en el primer juez que ordena la detención de un periodista porque se "manchaba la imagen" del subcomisionado Garciaguirre. Valencia también se negó a revelar sus fuentes. Su caso fue enviado al juzgado Quinto de la Penal, donde se le acumularon otros procesos. El]uzgado se ha negado a sobreseer en favor de Valencia, actualmente en libertad bajo fianza, y el proceso continúa abierto. A raíz de las amenazas y acoso judicial y policial para que los periodistas revelen sus fuentes de información, diputados de oposición presentaron la última semana de julio ante la Asamblea Legislativa un proyecto de reforma al Código Procesal Penal para que se incluya a los periodistas en el Artículo 202, relativo a la calidad de testigos. Hubo un cateo policial en la residencia de la periodista Violeta Rivera, de El Diario de Hoy. La periodista intervino en un trabajo de investigación publicado donde se relaciona a la policía con el asesinato del estudiante universitario Adriano Vilanova en las afueras de San Salvador. La policía pidió disculpas por el hecho aduciendo que había sido un cateo de rutina; sin embargo, El Diario de Hoy señaló que había relación con las investigaciones que había realizado la periodista. Las investigaciones policiales sobre el asesinato del estudiante no muestran señales de progreso. La agresión verbal y física de parte del ex presidente de ARENA, Juan José Domenech contra una periodista de La Prensa Gráfica, hecho ocurrido en la ciudad de San Miguel. El 4 de septiembre, la periodista Liliana Fuentes Monroy, de La Prensa Gráfica, fue objeto de una agresión física y verbal en el cementerio general cuando quiso obtener declaraciones de Juan José Domenech, líder del partido en el poder, ARENA, quien se negó a ofrecerlas. Domenech la agarró del cuello, la lanzó contra una lápida y le quitó la credencial, la cámara fotográfica y posteriormente veló el rollo.

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