Estados Unidos

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ESTADOS UNIDOS El presidente Bill Clinton firmó la Ley de Decencia en las Comunicaciones (COA) en febrero pasado, creando así una gran amenaza a la libertad de expresión. Sin embargo, un panel de apelaciones de tres jueces falló el12 de junio en Filadelfia que la ley infringe la Primera Enmienda de la Constitución. La COA intenta regular el material obsceno en la Internet. El tribunal emitió una orden que prohíbe al gobierno hacer cumplir la ley. La COA contempla multas hasta de US$2S0.000 y hasta dos años de prisión por distribuir material indecente a menores de edad. La ley también ilegaliza la distribución en la Internet de información relacionada con el aborto. Se espera que el gobierno apele el fallo. Aproximadamente un mes y medio después, un segundo tribunal, esta vez en Nueva York, también declaró inconstitucional la legislación. Un panel de tres jueces emitió una prohibición temporal de hacer cumplir la ley a favor de The American Reporter, una publicación en la Internet, sobre la base de que la leyes en extremo amplia. El tribunal rechazó el alegato de la publicación de que la leyes inconstitucionalmente vaga. El fallo emitido en Filadelfia fue más allá y determinó que leyera demasiado amplia y vaga a la vez. El panel falló que la sección 223(d) de la ley, que fija sanciones penales por distribuir a sabiendas material indecente a menores en la Internet, era demasiado amplia porque "constituye una prohibición a la comunicación constitucionalmente protegida de material indecente entre los adultos". El caso se presentará expeditamente en apelación ante la Corte Suprema, como establece el estatuto. El Departamento de Justicia estudia la posibilidad de combinar su apelación con el caso ACLU vs. Reno, apelado a finales de junio (The American Reportervs. Reno). En febrero pasado, John M. Deutch, director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), declaró que en situaciones supuestamente" extraordinarias" la CIA consideraría usar a periodistas en operaciones de espionaje. Louis D. Boccardi, presidente de The Associated Press, dijo que si no se prohibía a la CIA usar periodistas para labores de espionaje, los periodistas de todo el mundo se verían expuestos "a un nivel de peligro extremadamente preocupante". Cuatro organizaciones noticiosas estadounidenses han solicitado que se prohíba a los órganos de inteligencia que usen periodistas para labores de espionaje. En una carta a las comisiones de Inteligencia de la Cámara y el Senado, la Sociedad de Radio y Televisión de América del Norte, la Sociedad de Directores de Periódicos de Estados Unidos y el Comité Mundial de Libertad de Prensa declararon: "Los periodistas en situaciones peligrosas no deben tener que temer por sus vidas porque otros puedan creer que no son lo que en realidad dicen ser". Una enmienda a la Ley sobre Inteligencia de 1997 prohibe a la CIA usar a periodistas en calidad de espías. Sin embargo, la enmienda permite al Presidente pasar por alto la prohibición en casos de seguridad nacional. La enmienda no prohíbe a los agentes de la CIA hacerse pasar por periodistas. El representante Randy Tate, republicano por Washington, presentó la Ley de Enmiendas a la Libertad de Información Electrónica en la Cámara de Representantes. Un proyecto de ley similar se presentó el año pasado en el Senado. Ambos proyectos de ley intentan colocar los documentos electrónicos en el mismo plano que los documentos en papel. El proyecto de ley de Tate exige que las entidades gubernamentales agilicen la consideración de solicitudes de aquéllos que demuestren "una necesidad imperiosa" de información. La norma se aplica a las personas involucradas "en la diseminación de información" . Un juez federal de distrito de Little Rock, Arkansas, prohibió en junio pasado que el público y la prensa tengan acceso al testimonio del presidente Clinton en un juicio por fraude y confabulación penal. El juez George HowardJr. falló que el derecho de acceso que otorga la Primera Enmienda quedaba satisfecho al permitir que la prensa y el público estuvieran presentes en el juicio donde se proyectó el testimonio grabado, lo que permitía a la prensa reportar sobre el testimonio como parte de los procedimientos judiciales. El magistrado no tocó el tema de si existia un derecho consuetudinario de acceso a la videocinta. Pero el juez Howard reconoció la preocupación planteada por los abogados del Presidente de que partes del video se usarían contra Clinton en las próximas elecciones, o para propósitos comerciales, lo que "comprometería la dignidad de la Presidencia". Una coalición de medios de comunicación alegó que la ley no permite "cerrar un expediente judicial para proteger a un candidato a un puesto público". El grupo -formado por el Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa, la Sociedad de Directores de Noticias de Radio y Televisión, Capital Cities/ ABC, Turner Broadcasting System, NBC y CBS- aseveró que no hay bases para sellar parte del expediente judicial cuando "no se ha mostrado que existe peligro para los intereses de seguridad nacional, de privacidad o de un juicio justo". A mediados de julio, una coalición de medios de comunicación solicitó a la Corte Federal de Distrito de Little Rock acceso inmediato a una segunda videocinta de testimonio del presidente Clinton en un caso penal. La declaratoria de Clinton, filmada a principios de julio, era parte de un juicio por fraude bancario que se seguía a los banqueros Herby Branscum, Jr. y Robert Hill, ambos de Arkansas. La coalición, que incluye al Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa, cadenas de televisión y otros, alegaron que los medios y el público tienen derecho a tener acceso a la cinta a tenor con los derechos de acceso a los procedimientos penales que otorga la Primera Enmienda. Además, aseveraron que el público tiene un interés vital de saber qué sucede en los tribunales, lo que exige tener acceso a copias de los documentos judiciales presentados en un tribunal abierto en calidad de pruebas. A principios de agosto, la Comisión Federal de Comunicaciones aprobó normas que exigen la transmisión de programas educativos para los niños. Las reglas se generaron tras un acuerdo entre el presidente Clinton y los ejecutivos de las principales cadenas de televisión. Según la norma, las cadenas deben transmitir tres horas semanales de programas educativos o se arriesgan a que se rechace la renovación de sus licencias. A mediados de agosto, un grupo de medios de comunicación impugnó una ley mordaza general y la prohibición de acceso a las transcripciones de la demanda civil presentada por las familias de Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman contra O.J. Simpson. El juez Hiroshi Fujisaki, de la Corte Superior de Los Angeles, prohibió a todas las partes, incluidos los jurados, abogados y testigos, que expresen opinión alguna a los medios o en lugares públicos sobre las evidencias o "si el acusado cometió o no cometió los homicidios". El 13 de agosto, antes de imponer la ley mordaza, Fujisaki realizó una conferencia en su despacho, lejos de la presencia del público y los medios, y ordenó que se prohibiera el acceso de éstos a las transcripciones. El Juez expresó que también impondrá la misma prohibición sobre todas las deliberaciones que se realicen en el estrado y otras audiencias conducidas sin la presencia del jurado hasta la conclusión del juicio. Los medios alegaron ante la Corte de Apelaciones de Santa Mónica que no había justificación para una imposición tan generalizada sobre importantes derechos de la libertad de expresión, y que el tribunal inferior no había logrado equilibrar los intereses del público y de las partes involucradas, ni considerar medidas menos restrictivas. El grupo también alegó que al imponer la prohibición se viola la suposición contenida en la Primera Enmienda en favor de un proceso judicial abierto, en ausencia de una prueba clara de que el acceso del público infringirá el derecho de las partes a un juicio justo.

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