Panamá

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PANAMA Aunque no se ha producido ningún cambio en el régimen legal bajo el cual funcionan los medios de comunicación social, ciertos hechos ocurridos' durante el presente año, revelan una creciente y preocupante hostilidad gubernamental hacia el libre ejercicio del periodismo y el derecho a la información. No puede olvidarse que aún continúan vigentes leyes aprobadas durante la dictadura que restringen severamente la libertad de prensa, permiten la censura previa y facultan al Ministerio de Gobierno y Justicia a imponer sanciones contra periodistas y los medios de prensa, que van desde multas hasta el cierre de las publicaciones. Esas leyes no se han aplicado en los últimos seis años y el gobierno ha prometido derogarlas, pero lo cierto es que están allí, listas para usarse contra los medios cuando exista la voluntad política para hacerlo. Los hechos más relevantes son los siguientes: En enero pasado, la Comisión Bancaria Nacional intervino el Banco Agroindustrial y Comercial (BANAICO) y ordenó su liquidación. La Prensa publicó una serie de artículos que revelaron transacciones irregulares y otras anomalías que beneficiaban a José Castrillón Henao así como los vínculos del banco con un empresario que contribuyó a recaudar fondos para la campaña presidencial de Ernesto Pérez Balladares. Castrillón Henao se encuentra detenido bajo investigación por narcotráfico y lavado de dinero. A raíz de estas publicaciones, algunos diarios de Europa y Estados Unidos publicaron artículos en los cuales se afirmaba que la campaña presidencial de Pérez Balladares podría haber sido contaminada con dineros producto del narcotráfico. El gobierno reaccionó imputándole a La Prensa la paternidad de esas publicaciones, advirtiendo además que tomaría medidas legales y dijo que el periódico atentaba contra la reputación internacional de Panamá. Poco tiempo después, el presidente Pérez Balladares admitió que su campaña había recibido dos cheques por US$51.000 de una empresa controlada por José Castrillón Henao. En julio pasado, La Prensa obtuvo el facsímil de un supuesto cheque girado por una empresa acusada de lavado de dinero procedente del narcotráfico, como contribución a la campaña de José A. Sossa para ser reelecto legislador. Sossa no fue reelecto, pero posteriormente se le nombró Procurador General de la Nación. Antes de publicar la noticia, La Prensa entrevistó a Sossa, quien revisó sus libros de contribuciones a la campaña y dijo que no se encontraba registrado. Sin embargo, a petición reiterada de él se publicó la noticia con el facsímil del cheque y las declaraciones del Procurador. El banco girado certificó que a la fecha del cheque la empresa giradora no tenía cuenta con ellos, y así fue publicado por La Prensa. Poco después, el Ministerio Público inicia una investigación por supuesta injuria contra el procurador y desde entonces ha citado una y otra vez a varios periodistas, fotógrafos y dignatarios de La Prensa algunos como declarantes y otros como indagados, con el fin de presionarlos para que revelen la fuente que entregó el facsímil y proporcionó la información. En septiembre pasado, dos periodistas de La Prensa fueron citados al Ministerio Público por algunos artículos publicados en donde señalaron que a través de la Internet podía leerse un boletín llamado El Filibustero que ofrecía en venta pasaportes y otros documentos oficiales panameños, así como de otros países. Otro periodista de La Prensa fue demandado, también en septiembre, por el ministro de Obras Públicas debido a un artículo en el cual se examinaba una investigación por peculado en perjuicio de la Caja de Ahorros cuando el actual ministro era director de la compañía telefónica estatal. El ministro fue beneficiado por un indulto presidencial que la Corte Suprema de Justicia declaró constitucional y así terminó el caso. Sin embargo, hubo dos salvamentos de voto, que también se publicaron, uno de los cuales fue emitido por el magistrado José Manuel Faúndes, a quien lo juzga actualmente la Asamblea en un largo y complicado proceso que no parece perseguir otro propósito que separarlo del cargo. El ministro de Vivienda también ha interpuesto una querella por calumnia e injuria contra un director asociado de La Prensa y recientemente, el presidente de la República apeló una sentencia favorable al mismo director en otra querella por injuria que personalmente mantiene en su contra. Existen otros casos similares, pero el común denominador de todos es que los denunciantes o querellantes son funcionarios públicos que han desatado un clima de constante persecución judicial contra La Prensa. En cuanto al derecho a la información, ha sufrido serias restricciones, particularmente en lo referente a la presidencia de la República. Una carta circular enviada a todos los directores de medios de comunicación por la Dirección General de Comunicación, indica que en las conferencias de prensa que ofrezca el presidente, sólo podrán hacerse preguntas sobre el tema anunciado previamente y usualmente no atenderá las que le formulen los reporteros en otras circunstancias. El Ejecutivo presentó a la consideración de la Asamblea Legislativa un proyecto de ley sobre medios de comunicación que deroga la legislación restrictiva de la libertad de expresión, despenaliza los llamados delitos contra el honor y crea un régimen de responsabilidad civil extracontractual para atender los casos de calumnia o de injuria. La Asamblea lo aprobó en primer debate, pero terminó el período de sesiones antes de que pudiera considerarlo en segundo y tercer debate. Lo mismo ocurrió en las sesiones extraordinarias y ahora, en un nuevo período legislativo, tendría que ser propuesto nuevamente.

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