República Dominicana

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REPUBLICA DOMINICANA Algunos hechos aislados han inquietado el clima de libertad de prensa en el país. El 27 de marzo, un juez de primera instancia condenó al director y a un periodista de la revista semanal Rumbo a un año de prisión y el pago de 500 pesos (unos 38 dólares) y 20.000 pesos (unos 1.500 dólares) por cada día de "retardo en la ejecución" de dicha sentencia, tras encontrarlos culpables de difamación e injuria. La sentencia, que está en apelación, provocó una airada protesta de la prensa y muchos otros sectores de la nación debido a que el juez que la emitió era uno de los que había sido blanco de las críticas de la revista y que provocó la querella contra los periodistas. Con motivo de las elecciones generales, del 16 de mayo y el 30 de junio (en la segunda ronda), la generalidad de los periodistas y reporteros tomó partido en favor de las tres opciones presidenciales, lo que desató una aguda controversia, críticas y contracríticas entre los propios informadores. Hubo denuncias de reporteros que vieron obstaculizado el ejercicio de sus funciones periodísticas en actividades partidistas y por lo menos dos columnistas del diario El Siglo, que fue intervenido por el Banco Central conjuntamente con el banco que es propietario de dicho periódico, se quejaron de que no les publicaron artículos de opinión, aunque lograron publicarlos en otros medios, por lo que no puede decirse que su derecho a la libre expresión fue coartado. El 19 de junio, el periodista Juan Bolívar Díaz, director del Noticiario Teleantillas, comentarista de B-U! programas noticiosos de dicha televisora y columnista de la revista Rumbo, fue sentenciado por el juez Juan María Severino a seis meses de prisión y el pago de tres millones de pesos (unos 275.000 dólares) al encontrarlo culpable de difamación e injuria contra el también periodista Generoso Ledesma en menciones que Díaz hizo de éste en su libro "Trauma Electoral", en que pretende demostrar que hubo un fraude electoral en los comicios generales de 1994. El primero de julio, la Junta Central Electoral cerró el Canal 6 por 12 horas y luego permitió su reapertura en cadena con la transmisión oficial del organismo. El canal fue acusado de violar las disposicione que prohíben la difusión de propaganda y/o incitación política 24 horas antes y 24 horas después de las elecciones nacionales. Las elecciones presidenciales, en su segunda ronda, fueron el 20 de junio. A principios de septiembre de este año el líder de oposición José Francisco Peña Gómez, del socialdemócrata Partido Revolucionario Dominicano (PRD), anunció su propósito de someter al Congreso Nacional un proyecto de enmiendas a la ley de expresión y difusión del pensamiento, vigente en el país desde 1962. Peña Gómez alegó que se montó una campaña sucia en las elecciones presidenciales de mayo y junio pasado contra su candidatura. El PRD controla la Cámara de Diputados y es segundo en el Senado. El anuncio de Peña Gómez provocó una rápida reacción de periodistas y analistas, que advierten sobre el peligro que esta enmienda podría significar a la libertad de expresión. Versiones de prensa aseguran que un grupo de diputados del PRD tienen listo un proyecto para reformar la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, prácticamente creando una nueva ley, que pretende ser "mucho más rígida y dura que la actual", como dijera el propio Peña Gómez, lo que ha provocado preocupación entre los periodistas y medios de comunicación. El 26 de septiembre el matutino Listín Diario, el principal periódico de la nación, informó que "el gobierno decidió dejar fuera al periódico El Siglo de cualquier transacción de venta que haga en el futuro inmediato el Banco Central con las empresas del consorcio Bancomercio, revelaron fuentes palaciegas" . Esta información planteó que la decisión fue tomada tras una reunión de dos horas entre el presidente Leonel Fernández y el director de El Siglo, y que se creo un consejo de dirección responsable de trazar la "línea informativa del diario", que estaría compuesto por el director del periódico y el ministro de Finanzas. La versión, que no fue confirmada ni desmentida por fuentes del Listín en el Palacio Nacional, ha causado preocupación en los sectores periodísticos dominicanos ya que desde 1961, cuando fue derrocada la dictadura de 30 años de Rafael L. Trujillo, en la República Dominicana no hay periódico oficial. Actualmente cursa en el Congreso Nacional un proyecto de ley que establece nuevos controles oficiales a las telecomunicaciones. El proyecto es objeto de estudio y sobre el mismo se celebrarán vistas públicas, anunció la Cámara. Al momento de esta reunión no ha concluido el juicio contra un agente de la policía nacional que mató de un disparo, en junio de 1995, al periodista Juan Carlos Vásquez, del diario Ultima Hora, tras una disputa por un accidente de tránsito, hecho que consternó a la población. Sigue sin resolverse la desaparición del periodista y profesor universitario Narciso González, ocurrida en mayo de 1994. La familia de Narciso González teme que éste fue asesinado y han radicado el caso ante un juez, acusando de su desaparición a algunos militares. El presidente Leonel Fernández, instalado en el poder hace apenas 50 días, prometió hace unas semanas aclarar e! caso y llevar a la justicia a los responsables de! hecho. El asesinato a tiros del periodista Orlando Martínez, director de la desaparecida revista Ahora, ocurrido en marzo de 1974, aun sigue sin resolverse, pese a que el ex presidente Joaquín Balaguer dijera en su libro Memorias de un Cortesano en la Era de Trujillo que dejaba una página en blanco para que después de su muerte un colaborador suyo diera los detalles sobre dicha muerte, considerada un crimen de Estado al ser atribuido a militares de ese régimen.

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