Uruguay

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URUGUAY Algunos hechos ocurridos en meses recientes han determinado un toque de atención acerca de algunos riesgos que acechan a la libertad de prensa y el funcionamiento de las empresas en el país. El 23 de mayo pasado, el director y el administrador del matutino La República, de Montevideo, fueron procesados con prisión como consecuencia de una denuncia penal en la que por primera vez se recurrió a la aplicación de dos artículos de carácter general del Código Penal vigente desde 1934, y por lo tanto no específicamente dirigidos a sancionar delitos de imprenta. Ambos fueron liberados el 7 de junio, luego de diversos reclamos presentados por la SIP y otras entidades periodísticas del Uruguay y de otros países, así como severas críticas a la actuación judicial realizadas por la mayoría de las publicacione. Este hecho puso de relieve que existe en el país una legislación potencialmente restrictiva a la libertad de prensa. El 12 de junio, el Poder Ejecutivo dictó un decreto mediante el cual creó un nuevo régimen de importación de papel para diarios y revistas, asignando a una Comisión del Papel la autorización y fiscalización del empleo de dicho insumo. Las potestades atribuidas a la Comisión se extienden hasta el establecimiento de cupos, cuyo volumen -expresa textualmente el decreto- podrá aumentar o disminuir cada vez que lo estime pertinente. El sistema, de tal modo, no sólo es discrecional, sino que va a contramano de toda la filosofía que rige a las importaciones en el Uruguay, donde éstas son enteramente libres y no están sujetas a previas autorizaciones o fiscalizaciones, y mucho menos al establecimiento de cupos. El decreto fue inmediatamente impugnado por organizaciones periodísticas y no menos de una decena de publicaciones han interpuesto recursos de revocación por entenderlo ilegal y establecer condicionamientos y limitaciones a la libertad de prensa, por la vía de obstaculizar y pretender controlar el acceso de los medios escritos a un insumo esencial. A partir de esta semana los organismos del gobierno ya han comenzado a rechazar las solicitudes para importar papel prensa, lo que concreta un hecho de suma gravedad. Por su parte, los recursos de revocación del decreto interpuestos, se encuentran en trámite ante el Poder Ejecutivo. Diversos juicios contra medios de prensa continúan evolucionando en varios puntos del territorio. Si bien lo que pareció apuntar a convertirse en una industria ha perdido algo de impulso como consecuencia de la objetividad y criterio con que generalmente los casos a fallo han sido considerados por los magistrados, se mantiene latente el riesgo de cambios en esta actitud, que podrían respaldarse en la legislación vigente en la materia y provocar muy serias dificultades a las publicaciones que enfrentan acusaciones. En la distribución de la publicidad oficial, el gobierno ha seguido demostrando su propósito de regirse por criterios más técnicos. No obstante, algunos directores y administradores de organismos públicos, al igual que intendentes municipales, continúan procediendo en esta materia como si se tratara de un sistema de premio y castigo, y en ciertos casos hasta ignorando a sectores enteros de los medios de comunicación escrita por razones políticas de interés personal. Este es un rubro particularmente sensible para las empresas informativas puesto que el Estado es, de lejos, el primer generador de avisos publicitarios.

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