Bolivia

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BOLIVIA La implantacion por el gobierno del estado de sitio el 18 de abril dio lugar a la detención de seis periodistas que cubrían una reunión de la Central Obrera Boliviana y su posterior confinamiento en lugares apartados del territorio nacional. Se logró luego su liberación gracias a gestiones de entidades periodísticas nacionales y del exterior, entre ellas la SIPo La restricción de las libertades prevista por la Constitución fue repudiada por la Federación de Trabajadores de la Prensa que, aparte de sostener en la clandestinidad un congreso que tenía organizado para esa semana, realizó un mitin de protesta llamándolo "Jornada Nacional de Defensa de la Libertad de Prensa y Expresión" frente al palacio de gobierno el 25 de abril, hecho que el régimen lamentó por intermedio de su secretario de Régimen Interior y Policía, quien sostuvo que "los periodistas deberían ser los primeros en adecuarse al estado de cosas". El 25 de agosto se hizo pública una circular reservada del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas instruyendo a sus componentes el "seguimiento permanente" de periodistas "a fin de evitar trabajos de boicot y otras actividades que atenten contra su seguridad". Un día después, el alto mando afirmó que la instrucción era destinada a elementos que se hacían pasar por periodistas sin serlo y que continuaría en vigor para toda persona ajena a las Fuerzas Armadas por razones de seguridad. En otro orden, dos proyectos de leyes emanados del Poder Ejecutivo para su consideración por el Legislativo representaron serias amenazas a la libertad de prensa. Se trata de la Ley de Telecomunicaciones y la Ley de Bancos, que disponían el espionaje telefónico en determinados casos previa autorización del juez competente y la sanción de cárcel contra periodistas que a través de la dífusión de noticias o comentarios pudieran afectar la estabilidad del sistema financiero del país. Una fuerte presión de los organismos gremiales y empresariales de la prensa logró que en el primer caso se omitiera aquella disposición contraria al resguardo de fuentes informativas, el mismo que está establecido por la Ley de Imprenta en vigencia, mientras que en el segundo no se ha conseguido todavía un consenso que ponga a salvo el libre ej ercicio profesional de los periodistas. El Poder Legislativo no ha aprobado todavía ninguno de los dos proyectos. La ley del Ministerio Público, en el artículo 10, determina que los fiscales (Ministerio Público) requieran, pidan, a los directores de medios de prensa que revelen fuentes de información. La Ley de Telecomunicaciones pretende interferir las llamadas telefónicas en abierta contradicción y violación de la Constitución Política. La publicidad estatal no se distribuye en forma equitativa. El presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, Guillermo Bedregal Gutiérrez, manifestó que los medios de comunicación social estaban ejercitando "terrorismo informativo", por las publicaciones que se efectuaron acerca de las contradicciones en las que él incurrió sobre un tema de interés público que hace a la ley 1008 y al Código Penal.

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