Chile

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CHILE La libertad de prensa en Chile se encuentra gravemente amenazada. La Cámara de Diputados ha aprobado, en primer trámite constitucional, un proyecto de ley que contiene una serie de disposiciones que de llegar a convertirse definitivamente en ley, colocará al país en la poca prestigiosa lista de naciones sin libertad de expresión. Con el primer trámite constitucional el parlamento aprobó la "Ley sobre las libertades de opinión y de información y del ejercicio del periodismo". Con ello se ratificó la norma que establecía un derecho preferente para los periodistas universitarios a efecto de ejercer en los medios de comunicación. Esta norma, que es un revés para la libertad de información y un retroceso en relación a las disposiciones que actualmente rigen en Chile, se vio agravada por una serie de otras disposiciones. Son cuatro las disposiciones que introdujo la Cámara del proyecto inicial del ejecutivo -que, por cierto, no contenía nada parecido- que constituyen un grave atentado para la libertad de prensa: a) Derecho de información: El artículo 1 º, inciso tercero del proyecto, tal como ha sido aprobado por la Cámara de Diputados, expresa que se "reconoce el derecho al conjunto de la sociedad y de todos los sectores, grupos y personas a estar debidamente informadas sobre todas las expresiones culturales, sociales o políticas existentes en la sociedad". La verdadera intención dista mucho de ser algo simplemente declarativo. Queda claro, al relacionar esta norma con las demás disposiciones agregadas al proyecto inicial, que de lo que se trata es imponer el pluralismo en el interior de cada medio, lo que por cierto, cortaría el derecho que tienen éstos a fijar su propia línea editorial. b) Garantía estatal del pluralismo: Expresa el inciso primero del artículo 9º aprobado por los diputados que "el Estado tiene la obligación de garantizar el pluralismo en el sistema informativo, para lo cual habrá de favorecer la coexistencia de medios de comunicación social y la libre competencia entre ellos, asegurando la expresión efectiva de las distintas corrientes de opinión, así como la variedad social, cultural y económica de las regiones". La pretensión de convertir al Estado en garante del pluralismo informativo carece de respaldo en la Constitución chilena. Se debe subrayar que el pluralismo se encuentra resguardado en ella, en su artículo 19º, numeral 12, cuando se establece el derecho que tiene toda persona natural o jurídica de fundar, editar y mantener medios de comunicación. En términos prácticos resulta preocupante esta disposición en relación a la historia del país en la materia. c) Derecho de réplica por omisión: El artículo 20, recién aprobado por los diputados, fundándose en el derecho constitucional de rectificación y aclaración que se da a toda persona natural o jurídica que haya sido ofendida o injustamente aludida por alguna información emitida por un medio de comunicación, señala que "la misma obligación respecto de la aclaración que presente una persona que haya sido deliberadamente silenciada con respecto a un hecho u opinión de importancia o trascendencia social". Este mecanismo tan curioso y -seguramente inédito- sólo puede entenderse como algo diseñado por los dirigentes políticos para lograr una resonancia desproporcionada de sus acciones. d) Fijación de cuotas de mercado: Entre los serios atentados a la libertad de expresión que se contienen en las normas recientemente aprobadas por la Cámara de Diputados, lo más grave y absurdo está contenido en el artículo 43 del proyecto, que incorpora un nuevo delito. Se trata de delitos en contra de la libre competencia. Todos los medios en un sistema de libre mercado, como es el que rige en Chile, tratarán positivamente de cometer este delito, pues aspiran a crecer y a tener la mayor proporción del mercado que les permita lograr un trabajo eficiente y de calidad. Se cometería delito en los siguientes casos: l.-Por controlar, en el ámbito de la prensa, más del 30% del mercado informativo nacional de los medios escritos, o bien más del 30% de la distribución de los diarios de información general. 2.-Por controlar, una persona natural o jurídica, más del 15% del mercado informativo general, o más del 20% del mismo cuando se trata de dos o más personas naturales o jurídicas asociadas. 3.-Por tener una persona sola o asociada el dominio de dos o más tipos diversos de medios de comunicación social en un mismo mercado. Es oportuno señalar que la motivación para estas indicaciones es claramente política. Apunta en contra de tres grupos comunicacionales -El Mercurio, Copesa, Megavisión -El Diario- a los cuales se les acusa de caer en las infracciones antes señaladas y de conformar verdaderos monopolios de la información en Chile. No es justo afirmar que estamos en presencia de un monopolio cuando se reconoce por los mismos que así lo estiman que existen tres importantes grupos compitiendo duramente en un mercado que es relativamente pequeño. Es curioso, asimismo, que se mencione solamente a tres grupos, con una clara intención ideológica, y los parlamentarios olviden que existen otros importantes grupos comunicacionales en el país. La verdad es que la situaclón de Chile es ejemplar en materia de número de medios de comunicación y de ausencia de trabas para crearlos. Hay cinco cadenas nacionales de televisión abierta, tres cadenas de televisión regionales, una amplísima oferta de televisión por cable, más de 550 estaciones de radios, 45 diarios y 15 revistas de información general-sólo en Santiago existen nueve diarios. Este intento de regular el mercado de la información según cuotas arbitrarias, además de ser impracticable y de suponer una expropiación sin pago, constituye un abierto retroceso respecto del actual marco normativo. Hace muy pocos días 34 diputados de oposición presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para que declare que las cuatro normas, a la cuales nos hemos referido, son inconstitucionales y que, por lo mismo, su aprobación queda sin efecto.

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