Costa Rica

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COSTA RICA Tras una larga batalla legal, la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica dictaminó el 9 de mayo que la colegiación obligatoria de periodistas es in-constitucional. La resolución, que contó con el voto unánime de los siete magistrados integrantes de la sala, se produjo ante una acción de inconstitucionalidad planteada cinco años atrás por el ciudadano Róger Ajún Blanco contra el artículo 22 de la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas, en el cual se establecía la pertenencia a esa organización como requisito indispensable para ejercer el periodismo. Ajún había sido condenado el 12 de enero de 1989 a seis meses de prisión y cincuenta mil colones de multa (unos $600 al tipo de cambio actual) por ejercicio ilegal del periodismo. El juez, sin embargo, le concedió la ejecución condicional de la pena. Fue tras este fallo que Ajún interpuso la acción de inconstitucionalidad, el 20 de mayo de 1990. El texto resolutivo "declara con lugar la acción interpuesta y en consecuencia se anula el artículo 22 de la Ley número 4.420 del 22 de septiembre de 1969" (Ley Orgánica del Colegio de Periodistas). Los magistrados, además, disponen que todas las personas condenadas por violación del artículo anulado pueden pedir revisión de sus sentencias a los tribunales competentes. La Sala basó gran parte de su resolución en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la opinión consultiva que emitió años antes la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de la colegiación obligatoria. La parte argumental de la resolución de la Sala Constitucional menciona, entre otras cosas, lo siguiente: "Lo grave es que la ley (del Colegio de Periodistas) asigna como labores propias del periodista precisamente aquellas que la Convención Americana establece como una libertad de toda persona, esto es, buscar, recibir y difundir informaciones ... " Tras la resolución, el Colegio de Periodistas convocó a una reunión extraordinaria, en la que se dispuso que la directiva revisaría una serie de propuestas de reformas, para entonces elaborar la estrategia a seguir. Hasta el momento, sin embargo, no se ha dispuesto nada al respecto. La Sociedad Interamericana de Prensa y muchas otras organizaciones periodísticas saludaron con entusiasmo el fallo constitucional. Sin embargo, el 21 de julio, durante una homenaje que le hizo el Colegio, el presidente José María Figueres reiteró su apoyo a la entidad, con estas palabras: "Mi posición es la misma de siempre: mantengo un apoyo total a la colegiación obligatoria y al Colegio de Periodistas". Antes de que se produjera el fallo de la Sala Constitucional, un grupo de colegios profesionales, entre ellos el de periodistas, había lanzado la idea de enmendar la Constitución Política, para incluir en ella un artículo que respalde la colegiación obligatoria de profesionales. Esta iniciativa, sin embargo, no ha recibido ningún respaldo importante. Más bien, está pendiente de aprobación en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que eliminaría todos los "timbres" o tributos que en este momento reciben por ley, de parte del público, los colegios profesionales. El de periodista obtiene el uno por ciento del valor de toda la publicidad que se inserte en medios informativos. Si desapareciera, como probablemente sucederá, esta fuente de financiamiento, es poco probable que la organización pueda seguir existiendo. Otros hechos de importancia relacionados con la prensa durante el segundo semestre del año fueron los siguientes: En julio, la Asamblea Legislativa aprobó la "Ley reguladora del fumado" que, entre otras cosas, establece una serie de limitaciones a la publicidad de cigarrillos y tabaco. Algunas son estas» a) Se prohibe la publicidad en programas o publicaciones dirigidos a menores de edad y en programas de radio y televisión que se transmitan entre las 6 a.m. y las 9 p.m. b) Se regula el contenido de los anuncios, sobre todo en cuanto al tipo de modelos. El proyecto original prohibía totalmente la publicidad del producto. El 18 de agosto un fallo del Juzgado Cuarto Penal de San José absolvió de los delitos de injurias y calumnias por la prensa al director del diario La Prensa Libre, Andrés Borrasé, pero lo condenó a él y su empresa a pagar daños civiles al demandante. De este modo, se aplicó nuevamente en los tribunales costarricenses un criterio que varios penalistas consideran totalmente improcedente: que a pesar de no existir culpable del delito achacado se condene al pago de la acción civil resarcitoria. La acusación contra Borrasé y La Prensa Libre había sido planteada en 1988 por Carlos Campos, líder de una asociación de agricultores, por una publicación hecha por el diario ellO de junio de ese año. La noticia, basada en información de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, había dado cuenta de una presunta militarización del grupo de agricultores, denominado Unión de Pequeños Agricultores del Atlántico (UPAGRA). Añadía que UPAGRA tenía supuestos nexos con Cuba y Nicaragua, para desestabilizar al gobierno costarricense. La acción civil resarcitoria, más el pago de las costas del juicio, a que también fueron condenados Borrasé y La Prensa Libre, suman 5,6 millones de colones, alrededor de $30 mil, suma muy alta para lo que ha sido tradicional en casos similares. Borrasé anunció que apelará la sentencia ante la Corte Suprema de Justicia.

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