Guatemala

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GUATEMALA Continuan produciendose casos de intimidación, hostigamiento y amenazas en contra de periodistas y medios informativos, con el fin de obstaculizar el desarrollo de un periodismo de investigación en el país. El asesinato en julio de 1993 del director de El Gráfico, líder de la Unión del Centro Nacional (UCN), Jorge Carpio Nicolle, continúa sin resolverse. Recientemente, el Registro de Ciudadanos dejó firme la inscripción del candidato a diputado por el Departamento del Quiché de la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG), Carlos Enrique López Girón, quien está implicado en el asesinato de Carpio Nicolle. La postulación de López Girón provocó la renuncia de algunos dirigentes de la UCN por cuanto dicha agrupación está aliada a la DCG para las elecciones del 12 de noviembre. El Registro de Ciudadanos rechazó un recurso de revocatoria a esa postulación que había presentado Marta Arrivillaga de Carpio, viuda del extinto periodista. Sobre este mismo caso, debido a las reiteradas obstrucciones a la investigación del crimen y al procedimiento judicial, la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala solicitó en julio al gobierno que adopte las medidas necesarias para asegurar la protección de la integridad y la vida de los testigos de este caso, especialmente de la viuda; Karen Fischer de Carpio, su nuera; Mario López Arrivillaga, sobrino; Angel Isidro Girón Girón y Abraham Méndez García, éste último fiscal del Ministerio Público. Al segundo año de ocurrido el asesinato permanecen implicados y a disposición del Juzgado Quinto de Primera Instancia, Tomás Pérez, Jesús Chuc Churunel, Juan Acabal Patzán, Francisco Ixcoy López y Marcelino y Narzario Tuy Taniel. A todos se les dictó auto de prisión, pero la mayoría obtuvo libertad bajo caución juratoria. Otras violaciones a la libertad de prensa en este período son las siguientes: El 30 de marzo, en la Ciudad de San Cristóbal, apareció el periodista Gerson Ricardo López Orantes, del diario La República, con múltiples golpes y señales de tortura. Fue trasladado al Hospital General San Juan de Dios. Gonzalo Marquín, director general de La República, informó que Gerson López presentaba quemaduras de cigarro en el pecho, golpes y contusiones en el rostro, piernas y brazos. Desconocidos conminaron a Gerson López a abandonar el país en 72 horas bajo amenaza de muerte. El 7 de abril, el jefe de Redacción de El Sol Chortí, periódico que se publica mensualmente en Jocotán Chiquimula, Manuel López Morales, denunció haber sido amenazado verbalmente por el alcalde jocoteco, Manuel Ohaca, a raíz de sus escritos sobre el problema del agua y otros actos de la administración municipal. El año pasado también fue amenazado el director del diario, Jorge Luis Marroquín Martínez por denuncias similares. El 12 de abril, el periodista Armando Rodríguez Alborez, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad San Carlos de Guatemala, solicitó protección al Ministerio de Gobierno y a la policía, por considerarse amenazado de muerte, amenazas que atribuye a personas particulares. El 29 de abril, la supervisión de tribunales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), investiga al juez comarcal de Melchor de Mencos, del Departamento del Petén, Carlos Humberto Chagüen, ante las medidas de coacción ejercidas en contra de la Radio Mopán, con lo que atenta contra la libertad de emisión del pensamiento. Según el afectado, elementos de la Zona Militar número 23 visitaron al alcalde de Melchor de Mencos, Tolentino Morales Sandoval, para presionarlo a efecto de que anule la concesión de la radio al director, Juan Emilio Colmenares. El 17 de junio, el juez segundo de Primera Instancia y Amparo de Alta Verapaz, Víctor Hugo Jiménez, dio un plazo de 48 horas al periodista de Radio Verapaz, Julio Amílcar Nuila, para que rinda a ese tribunal un informe circunstanciado acerca de la balacera ocurrida en la Municipalidad de San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, en la que participó un diputado del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) y dos de sus guardaespaldas. EllO de julio, el cineasta y periodista Sky Callahan regresó a su residencia en Dallas, Texas, Estados Unidos, después de haber sido agredido el 4 de julio por tres soldados frente al Palacio Nacional, y tres días más tarde detenido y golpeado por fuerzas del aparato clandestino de represión. Callahan se encontraba en Guatemala junto a otros miembros de una delegación de buena voluntad de Guatemala Support Network, capítulo de Texas, para colaborar con la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (CDHG). El 18 de julio, la directora del Centro Exterior de Reportes Informativos sobre Guatemala (CERIGUA), Ileana Alamilla, hizo público que el fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público, Ramsés Cuestas Gómez, viola la libertad de prensa al amenazar a ese ente informativo con procesarlo. CERIGUA es una entidad a la que funcionarios militares con frecuencia califican de proclive al movimiento guerrillero guatemalteco. El 21 de julio, la casa de la periodista Mélida Rubio España fue atacada a balazos por hombres que viajaban en una camioneta. Rubio España escribe en la columna de opinión del diario La Hora y el periódico Megavisión. Sus artículos más recientes se refieren a la situación de la guerra y la paz en Guatemala. Rubio España es directora de la Asociación de Mujeres Periodistas de Centroamérica y el Caribe. Julio Vela, director del periódico El Chichicaste, de Puerto Barrios, Izabal, denunció que fue secuestrado el 29 de julio y liberado al día siguiente. Vela no se explica el motivo que tuvieron para secuestrarlo. El Chichicaste es un diario independiente que ayuda a la gente a exponer sus problemas de tierras, así como los de tipo social y ambientales. Vela ha sido amenazado para que abandone el país, lo que dice que no hará. El 14 de agosto, varios jueces de sentencia consultaron a la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) sobre la legalidad de permitir a los periodistas el ingreso de cámaras fotográficas, videos o grabadoras a las salas donde se realizan juicios orales. Según los jueces, una de las ventaj as del nuevo Código Procesal Penal, que cumplió en julio un año de vigencia, es la transparencia de los procesos, pero queda sujeta a la discreción del juez la decisión de permitir a los miembros de la prensa el ingreso de cámaras o grabadoras a las audiencias públicas, puesto que el Artículo 359 no es claro al respecto. Por último, el 23 de septiembre, dos hombres y dos mujeres acusados de tener responsabilidad en la muerte del locutor Alberto Antoniotti, ex corresponsal del servicio de información mexicano Eco, ocurrida el 29 de enero pasado, fueron dejados en libertad simple. El tribunal acordó sobreseer provisionalmente el proceso a solicitud del Ministerio Público. La única testigo del caso es Ivana Antoniotti, hija de la víctima, quien no colaboró con los jueces. Se desconocen los motivos de su silencio pero se cree que fue amedrentada con amenazas de muerte.

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