México

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MEXICO La libertad de prensa se ha visto afectada por amenazas y agresiones contra periodistas y episodios de censura por parte de diversas autoridades. Un elemento más dificulta ahora el cabal ejercicio de la profesión periodística: la severa crisis económica que atraviesa el país y que ha originado el cierre de un número imposible de calcular de empresas y el despido de por lo menos 5.500 empleados vinculados a las tareas de compañías de información. Por otra parte, periodistas y medios sufren, como el común de la población, las consecuencias del incremento de la delincuencia, que se ha traducido en robos, asaltos e incluso asesinatos de algunos empleados de publicaciones, en circunstancias por entero ajenas a las tareas propiamente informativas. Como es común en los informes sobre México, prácticamente todas las agresiones contra los informadores quedan impunes, por lo que resulta imposible establecer su origen. Sólo en los casos de los informadores más críticos se suele inferir que las agresiones son consecuencia de su trabajo. Otro elemento que viene a aumentar los riesgos contra la seguridad de los informadores es el crecimiento del narcotráfico en el país. Con las actividades de los traficantes parece estar relacionado el episodio más grave: el asesinato del reportero Dante Espartaco Cortez, ocurrido en Tijuana, Baja California, el 18 de junio. El 24 de julio, Dante Cortez, también periodista, y Galileo Cortez, padre y hermano de la víctima, son a su vez tiroteados cuando se dirigían a una conferencia de prensa en la que supuestamente darían pormenores de la muerte de su pariente. Aunque resultan severamente lesionados, ambos sobreviven. Son agentes policiacos los que difunden la versión de que las agresiones son venganzas de narcotraficantes, supuestamente afectados por el trabajo de los periodistas. Durante septiembre, quedan registrados cuando menos dos casos más en que narcotraficantes agreden a periodistas y quedan libres mediante el pago de elevadas fianzas. Un caso semejante es el de la reportera Yolanda López Ordaz, amenazada de muerte en Chiapas por escribir acerca de una banda de secuestradores, dos de cuyos miembros armados fueron a buscarla a la redacción en la que trabaja. Otro episodio es el del director de El Diario de Casas Grandes, Javier Pedraza, tiroteado mientras transitaba por una carretera, atentado al que se atribuyen móviles políticos, pues el periodista se postuló a la alcaldía de su ciudad como candidato opositor. Por otra parte, la censura se ha presentado bajo diversas formas. En una ocasión, afectó al mismo presidente de la República, cuando fue censurada una pregunta incómoda y su respuesta en la transcripción oficial de una conferencia de prensa, práctica que el propio mandatario criticó. Recientemente, el presidente de la República reprochó personalmente en octubre a los diarios Reforma y El Norte la publicación de un documento que había dirigido al asesinado candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, cuando ambos participaban en la campaña política del primero. En un mensaje al director de los periódicos en cuestión, Alejandro Junco de la Vega, el presidente consideró que la difusión de su carta era contraria a la ética periodística y sugirió que el documento se había sustraído dolosamente, versión que luego corrigió en charla con un grupo de periodistas. A su vez, Junco de la Vega lamentó el malestar del presidente pero expresó su convicción de que la carta no era de carácter confidencial o privado. La censura se tradujo en varias ocasiones en presiones a las estaciones de radio, constantemente amenazadas por el régimen de concesión bajo el cual operan, que las obliga a marcar pautas a sus colaboradores, que en ocasiones las rechazan y denuncian los hechos. Otro caso fue la "desaparición" de la revista italiana 30 Días, precisamente en una edición en la que trataba acerca del asesinato del cardenal mexicano Juan Jesús Posadas Ocampo. En otro orden, las investigaciones sobre el asesinato de tres periodistas en el estado de Morelos, que motivaron el envío de una misión de la SIP en febrero pasado, no han tenido ningún avance. Finalmente, la SIP manifestó en mayo su preocupación al presidente de México, luego de que en una reunión éste elogiara la contribución de la Unión de Voceadores y Expendedores de los Periódicos de México, A.C., a la libertad de prensa y la circulación de los diarios. La Unión, como se consignó en el informe anterior, se ha negado a vender el periódico Reforma y ha buscado impedir que otros lo hagan, incluso con agresiones, que durante el período que cubre este informe, desaparecieron virtualmente. A continuación, una relación cronológica de los hechos más sobresalientes: El2 de marzo, decenas de reporteros del estado de Tabasco exigen garantías pues cinco de ellos han sufrido agresiones durante el desempeño de sus funciones en los últimos 15 días. El 7 de marzo, varios reporteros que atienden la información policial denuncian a través de un programa radial que el gobierno de Tabasco ordenó cerrar las oficinas de comunicación social (difusión) de la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito como parte de un programa para "centralizar la información de todas las dependencias gubernamentales" y establecer un bloqueo que afecte la libertad de información. El 8 de marzo, policías de tránsito del municipio de Nacucalpán, estado de México, agreden a la reportera Lourdes de la Torre, de Núcleo Radio Mil, quien pretendía entrevistarlos sobre denuncias de ciudadanos que alegaban ser víctimas de extorsiones. El 15 de marzo, escritores y periodistas informan que el columnista Carlos Ramírez ha recibido amenazas de muerte y que su familia ha sido hostigada. El 22 de abril, el político Jesús González Schmall, editorialista y comentarista radiofónico, informa que se condicionó su habitual participación en Radio Fórmula a que criticara la actitud de la Comisión Nacional de Intermediación, un grupo encabezado por el polémico religioso Samuel Ruiz que interviene en las conversaciones de paz entre los rebeldes chiapanecos y el gobierno. Como González se negó, se le impidió salir al aire, ya que Gabriel Núñez, un directivo de la emisora, le explicó que tenía instrucciones de la Secretaría de Gobernación para actuar de esa manera. El 5 de mayo, varios sujetos asaltan las instalaciones del periódico Siglo 21 de Guadalajara, donde roban y lesionan de gravedad a una persona. El 13 de mayo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación en la que solicita a la Procuraduría General de la República investigar la agresión que sufrió el reportero Joaquín Moreno Navarro a manos de la Dirección Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) en las inmediaciones de la garita internacional de Tijuana. La agresión, ocurrida el 23 de diciembre de 1994, fue consignada en el informe anterior. El 14 de mayo, Javier Pedraza Reyes, director del Diario de Casas Grandes, Chihuahua, fue atacado a balazos mientras circulaba por una carretera. Las autoridades supusieron que había un móvil político, pues Pedraza había aceptado dos días antes postularse como candidato de un partido de oposición. El 14 de mayo, Gregorio López Vázquez, editor del semanario El Gráfico, fue detenido en cumplimiento de una orden de arresto emitida a causa de un proceso por daños a la propiedad ajena. La captura ocurrió cuando el periodista protestaba junto con otras personas frente a las oficinas del Ministerio Público porque no se actuó contra quienes lo habían agredido semanas atrás, a causa de un conflicto vecinal. López Vázquez aseguró que no tenía conocimiento del juicio por el que fue detenido. El 17 de mayo, asaltan las oficinas de la revista Nexos y la editorial Cal y Arena. El 19 de mayo, reporteros de los diarios La Jornada y El Financiero, y de la revista Proceso, son marginados de conversaciones privadas con el Procurador General de la República, a las que sí asistieron periodistas de otros medios, tras publicar informaciones que desagradaron al portavoz de esa dependencia. El 21 de mayo, la edición del periódico A.M. de La Piedad, estado de Michoacán, que informaba de la captura del encargado de Seguridad Pública de la ciudad por elementos de otra agencia policial, fue comprada por personeros del alcalde, entre los cuales fue posible identificar a miembros de la Policía Preventiva. El 24 de mayo, agentes de la Policía Fiscal Federal agreden en el Puente Internacional Número 1 de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a los reporteros Santiago Palmeros y Javier Quiroz, y destruyen el equipo del fotógrafo Reynaldo García. El 30 de mayo, a merced de un amparo definitivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, regresa a! país Heriberto Deandar Martínez, editor de Mañana, de Reynosa. El 30 de mayo, al conmemorarse el undécimo aniversario del asesinato del periodista Manuel Buendía, Omar Raúl Martínez, director de la Revista Mexicana de Comunicación, expone que durante el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) fueron asesinados 46 periodistas: 26 murieron por motivos desconocidos, 10 por circunstancias relacionadas con su labor y nueve por causas ajenas a su trabajo. Añade que durante el mismo lapso la Fundación Manuel Buendía había registrado 512 agravios contra trabajadores de los medios de comunicación. El6 de junio, los periodistas Adalberto Carvajal Berber, subdirector del periódico Ecos de la Costa, y Sergio Venancia Osegueda, subdirector de El Correo de Manzanillo, ambos en el estado de Colima, enfrentan procesos penales por difamación. El 6 de junio, intelectuales y periodistas protestan públicamente contra el gobierno del estado de Veracruz, al que acusan de atentar contra el derecho a la información y la libertad de expresión. Denuncian en particular el caso del periodista José Pablo Robles Martínez, cuya persecución ha sido consignada en informes anteriores. El 22 de junio, Tomás Pérez Medrana, reportero del diario El Ciudadano, de San Luis Potosí, presenta una denuncia por las amenazas recibidas del subdelegado de la Policía Judicial Federal, Osear Benjamín García Dávila, molesto a causa de informaciones publicadas sobre enfrentamientos entre diferentes cuerpos policiales, los que motivan que el mismo día García Dávila sea removido de su cargo. El 26 de junio, desconocidos disparan en la madrugada contra la casa del periodista Isidoro Pedrero Totosaus, quien no se encontraba: tres proyectiles hacen impacto en la cama del profesional, quien responsabiliza de los hechos al gobernador del estado, Roberto Madraza Pintado. El primero de julio, policías del estado de Guerrero golpearon y amenazaron de muerte a camarógrafos del noticiero Hoy, del canal local 12, de Televisa, cuando intentaba grabar imágenes de los uniformados, que disparaban sus armas al aire en estado de ebriedad. Un comandante y dos agentes fueron despedidos por los hechos: estos dos últimos fueron detenidos pero el jefe se dio a la fuga. El primero de agosto, escoltas del gobernador de Campeche, Jorge Salomón Azar García, agreden a varios periodistas que trataban de entrevistar a una dirigente campesina que acompañaba al funcionario. En los hechos resulta golpeado el reportero Leandro Dzib Reyes, del periódico Tribuna. El 2 de agosto, Ramón Coria Núñez, regidor de hacienda del municipio de Suyaltepec, Oaxaca, amenazó de muerte al periodista Roberto Hernández Torres, director del semanario El Piñero de la Cuenca, quien lo había sorprendido y fotografiado mientras disparaba una metralleta. El S de agosto, el periodista Marco Lara Klahr es detenido por policías del estado de Michoacán, quienes lo mantienen detenido y lo vejan durante más de 12 horas, supuestamente por considerarlo sospechoso de robarse el auto en que paseaba por la ciudad de Pátzcuaro con sus dos hijos pequeños. Lo liberaron sólo después que varios colegas alertaron a las autoridades. El lO de agosto, durante una conferencia de prensa con el presidente de la República, el reportero David Romero, del periódico Ovaciones, preguntó a Ernesto Zedilla sobre la posibilidad de que no terminara su período constitucional o sufriera un golpe de Estado. El presidente respondió exhortando a los medios a no prestarse a convertir opiniones en ese sentido en las noticias. El intercambio tuvo dos consecuencias: en primer lugar, el reportero fue suspendido en su diario. Por otra parte, la Dirección de Comunicación Socíal de la Presidencia de la República omitió la pregunta y la respuesta en la transcripción de la entrevista que envió a diversos medios. La censura originó muchos comentarios, al punto que el mismo presidente Zedilla envió el 13 de junio una carta al reportero en la que desautorizó la actitud de su oficina de difusión. En septiembre, el periodista Benjamín Flores, director de Prensa, de San Luis Río Colorado, cuya captura y posterior liberación fue consignada en el informe anterior, es condenado a seis meses de prisión o 1.500 pesos de multa, acusado de calumniar a José Cruz Bedolla, un funcionario que según diversos documentos publicados por Flores, había incurrido en actos de corrupción. La línea combativa de la publicación de Benjamín Flores permite sospechar que durante su juicio fue víctima de autoridades políticas y judiciales a las que había criticado. El primero de septiembre, Abraham Bagdali Estrella, dirigente del PRI en Campeche, denuncia por difamación y calumnia al director del periódico El Sur de Campeche, José Luis Llavera, al columnista Shoemaker Xaman Noh (seudónimo) y a los dueños del diario, Francisco Castillo Goytia y Alejandro Azar García, hermanos del gobernador de Campeche, Jorge Salomón Azar García. El 7 de septiembre, la Asociación de Corresponsales Nacionales de Reynosa envia al gobernador de Tamaulipas, Manuel Cavazos Lerma, una carta en la que exigen respeto a la libertad de expresión y manifiestan su preocupación por los actos intimidatorios del procurador de Justicia del estado, César Cevallos Blanco, contra los periodistas José Luis Deanda Yancey y Miguel Angel Domínguez Zamora, columnista y reportero de El Mañana de Reynosa, y Arturo Salís Gómez, corresponsal de La Jornada, a consecuencia de la publicación de denuncias sobre actos de un agente del Ministerio Público. El 13 de septiembre, dos sujetos, al parecer pistoleros de un conocido narcotraficante, fueron consignados tras ser acusados de secuestrar y golpear a dos reporteros de El Norte de Ciudad Juárez. Fueron liberados de inmediato tras el pago de elevadas fianzas. El 20 de septiembre, Francisco Tijerina González, director del diario regional La Razón, denuncia que ha recibido amenazas de muerte de parte de Jesús Heriberto González Peña, gerente del grupo Nort, por publicar denuncias de que la compañía, que con frecuencia sale favorecida en licitaciones públicas, había incurrido en prácticas corruptas que la beneficiaban. El 24 de septiembre, Margarito Castro Orozco, "El Mago", presunto narcotraficante, es liberado bajo fianza en Matamoros, Tamaulipas, tras ser acusado de agredir al reportero Pablo Pineda Gaucín, del vespertino PM.

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