Panamá

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PANAMA Se mantienen vigentes algunas leyes que, de aplicarse, permitirían imponer restricciones muy serias a la libertad de prensa. Ese es el caso de la Ley 11 de 1978, que faculta al Ministerio de Gobierno y Justicia a decretar el cierre de medios de comunicación social e imponer severas sanciones por vía administrativa; las Leyes 67 y 68 de 1978, que requieren "idoneidad" (licencia) para el ejercicio del periodismo, así como también algunas disposiciones del Código Penal en materia de delitos contra el honor y contra la economía nacional. Más preocupante aún es la reciente aprobación del Código de la Familia y de la Ley sobre Derechos de Autor, que contienen disposiciones cuya confusa y ambigua redacción hacen posible aplicarlas con peligrosa arbitrariedad contra los medios de comunicación. Por otra parte, se han propuesto ante la Asamblea Legislativa varios proyectos de ley que podrían afectar la libertad de prensa y de expresión. Ese es el caso del proyecto 17 "por medio del cual se norman en los medios de comunicación social la publicación de mensajes en contra de la drogadicción en cualquiera de sus formas" y el proyecto 2, "por el cual se adoptan disposiciones relativas a la calumnia y la injuria, se derogan normas restrictivas a la libertad de expresión y se adoptan otras medidas". El proyecto 2 despenaliza la calumnia y la injuria, pero establece en su lugar un régimen de responsabilidades civiles extracontractuales demasiado severo que incluye la prohibición del ejercicio del periodismo a quienes sean condenados por esas causas. El presidente de la República ha prometido retirar el proyecto antes de que se discuta en la Asamblea para considerar las objeciones de los medios de comunicación y presentarlo posteriormente con las modificaciones respectivas. También existen otros proyectos que afectan fundamentalmente a las televisaras y emisoras de radio, al imponerles restricciones en la programación, un régimen de clasificación de espectáculos públicos y la inserción obligatoria de mensajes contra la drogadicción. Existe fundada preocupación en los medios de comunicación por la discriminación en el otorgamiento de la publicidad oficial, que se otorga o retira arbitrariamente para favorecer o castigar a ciertos periódicos. El caso más evidente es el de la Estrella de Panamá, diario fundado en 1853, que disfrutó de la publicidad oficial durante muchas décadas y ahora, cuando los accionistas decidieron remover a su director, Tomás Altamirano Duque, actual vicepresidente de la República, se le han retirado todos los anuncios oficiales, el retiro de la publicación de la Gaceta Oficial y se le han retenido pagos de publicidad pendientes por más de un cuarto de millón de dólares. Por último, los empleados de La Prensa han interpuesto una demanda civil por más de dos millones de dólares para que el Estado los indemnice por los daños y perjuicios que sufrieron durante el cierre arbitrario del periódico en 1988.

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