Perú

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PERU Lamentablemente, se hace cada vez más habitual que instituciones estatales impongan restricciones a la obtención de información pública. El 25 de marzo, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial prohibió a los magistrados, incluidos los presidentes de las Cortes Superiores, prestar declaraciones a los medios de comunicación. Para ello, el Consejo desempolvó una circular del lS de octubre de 1987, fuera ya de aplicación, según la cual "toda declaración de prensa solamente se canaliza a través del presidente de la Corte Suprema, a excepción de los vocales supremos, en los temas que les compete". En la actualidad se ventilan casos muy delicados, como los dos juicios por corrupción contra el ex presidente Alan García. Hay también juicios por narcotráfico contra militares de alta graduación, capos de la mafia y muchos casos más acerca de los cuales la opinión pública tiene el derecho a estar informada directamente y no mediante comunicados o voceros autorizados. El 24 de agosto, dentro de esta mentalidad restrictiva, la CONASEV (Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores), aprobó un reglamento para los "hechos de importancia e información reservada". En él se señala que esa "información reservada" debe comunicarse previamente a la CONASEV y a la Bolsa de Valores, antes que la empresa emisora informe a cualquier medio de comunicación. Esto, evidentemente, inhibe y dificulta la libre difusión de la noticia. En todo caso, para impedir la desinformación económica bastaría con aplicar el Código Penal que persigue y sanciona esas acciones. El 28 de mayo, los medios de prensa escritos presentaron su queja por la discriminación de que fueron objeto en los viajes que el presidente hizo al interior del país en mayo. Las directivas dadas en Palacio de Gobierno apuntaban a dar preferencia a los canales de televisión y emisoras radiales. Debe denunciarse la proliferación de convenios que las entidades públicas procuran firmar con los medios de información a cambio de brindarles información especial. Es necesario mencionar que se han repetido casos de militares, en retiro, juzgados por el fuero militar por declaraciones formuladas a la prensa que no fueron del agrado de las Fuerzas Armadas o el Poder Ejecutivo. Al respecto, se debe precisar que se trata de militares en retiro y, por lo tanto, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley de Situación Militar, fuera de la jurisdicción de la justicia castrense. Se debe también hacer hincapié en que los encausados no mencionaron aspectos bélicos que no hubieran sido ya divulgados. Acerca de esto, la Constitución señala que no existe delito de opinión y que los delitos de prensa son juzgados en el fuero común. Se trata pues de una sistemática y prepotente actitud dirigida a restringir la libre difusión de ideas y la libertad de expresión El 13 de junio culminó el trámite legislativo para la reforma constitucional del Habeas Data iniciada hace más de un año. Este queda específicamente dedicado a la solicitud de información de entidades públicas, al levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria y a la no afectación de la intimidad personal por servicios informáticos. Ya no es utilizable por quienes procuraban una rectificación; para ello la vía expedita es la Acción de Amparo. El 14 de junio, el Congreso de la República aprobó un proyecto de ley mediante el cual otorga amnistía general en favor del personal militar, policial o civil que se encuentre denunciado, investigado o condenado por delitos que son producto de la lucha contra el terrorismo. Si bien la medida, duramente criticada por la opinión pública, está dirigida a liberar de responsabilidad a los militares que cometieron excesos durante la lucha antisubversiva, ésta afecta la libertad de prensa en cuanto a la impunidad en que quedará la muerte de dos periodistas. Ellos son Hugo Bustíos, de Caretas, asesinado en 1993 en Huanta, aparentemente por un oficial del ejército con el alias de "Ojo de gato", y Pedro Yauri, de Radio Universal, presuntamente asesinado en 1992, en Huacho, por el denominado Grupo Colina, autor de actividades paramilitares en el país. El 25 de junio, en Chimbote, el IV Juzgado Penal del Santa condenó a una pena de tres años de privación de libertad al director del diario El Tiempo, periodista Víctor Rodríguez Paz, por supuesta difamación al congresista Juan Hermoza Ríos. La resolución fue dictada por la titular del IV Juzgado del Santa, doctora Manuela Rodríguez Vega y ha sido apelada. El 2 de julio, en Ayacucho, el juez provisional del Primer Juzgado Penal de Huamanga, José Luis Pinares Salinas, de manera abusiva ordenó la detención del corresponsal de El Camerda, Hugo Ned Alarcón, cuando éste fotografió el local del juzgado donde se ventilaba un cuestionado caso en el que militares implicados en el tráfico ilícito de drogas estarían siendo arbitrariamente liberados. El juez Pinares Salinas atacó verbalmente al corresponsal, ordenó su detención y el requisamiento de la máquina fotográfica. Sin embargo, al no existir orden escrita ni causa justificada, la policía lo liberó 15 minutos después. Los hombres de prensa detenidos o acusados de actividades proterroristas son diez: Alfonso Castiglione Mendoza (sentenciado a 20 años); Hermes Rivera Guerrero (pendiente de apelación en la Corte Suprema); Emilio Carrasco Moreno (sentencia por dictarse); Javier Tuanama Valera (10 años); Alfredo Loza Aparicio (el fiscal ha pedido 20 años); José Antonio Alvarez Pachas (seis años); Eduardo Silue Cano (6 años); Antero Gargurevich Oliva (12 años); Pedro Carranza Ugaz (su caso está en revisión en la Corte Suprema); David Cajahuamán Picoy (pendiente de acusación por un fiscal de Huancayo), y Juan Huamancusi Quispe (declarado reo ausente). Hacernos un llamado para que en los casos pendientes de sentencia, el procedimiento no deje de tener la celeridad debida. Por otro lado, fue liberado, tras haber sido sentenciado a 20 años de prisión, el periodista Pedro Valdez Bernales. Se probó que no estaba vinculado a Sendero Luminoso. Continúan vigentes artículos del Código Penal y decretos legislativos que podrían generar serias agresiones a la libertad de prensa, en caso que jueces poco eficientes actúen con ligereza al amparo de esos instrumentos legales. Así, continúa rigiendo el artículo 157 del Código Penal, que castiga el mantener archivos periodísticos con "datos referentes a las convicciones políticas". Igualmente los Artículos 154 y 164 que tratan del derecho a la intimidad no exceptúan los hechos que son de interés público. Por su parte, los artículos 240 y 249 no prevén el dolo corno requisito para penar la difusión de noticias que perjudiquen la reputación económica de una empresa o causen alarma económica (no se torna en cuenta que en los, tan sensibles, asuntos económicos una noticia veraz y éticamente elaborada puede causar perjuicios a empresas o generar alarmas imprevisibles para el periodista); el artículo 331, que sanciona a quien publica información secreta (sin embargo no, especifica adecuadamente qué es información secreta). Igualmente, si bien revisados, se mantienen dentro de los decretos legislativos de pacificación 733, 734 Y 746 varias normas que, de abusarse en su aplicación, podrían generar serias agresiones a la libertad de prensa. El 25 de septiembre, la flamante congresista y periodista María Ofelia Cerro Moral, presentó un proyecto de ley que afina la redacción de los artículos discutidos del Código Penal con el objeto de evitar los riesgos de una tergiversada y extensiva aplicación. Con respecto a las violaciones a la libertad de prensa, cabe mencionar: El 27 de mayo, las oficinas de la revista Caretas y el domicilio de uno de sus periodistas de investigación fueron blanco de extraños robos, pues los autores estuvieron más interesados en buscar documentos y malograr el material periodístico que en apoderarse de objetos de valor. A las pocas horas de ocurrido el hecho, una acción similar se produjo en casa del periodista de esa misma revista, Jimmy Torres. Este fue, además, posteriormente amenazado de muerte. Las autoridades hasta la fecha no han encontrado a quienes perpetraron esas acciones. El 14 de junio, un delicado caso de presión oficial contra la prensa fue protagonizado por el presidente de la República Alberto Fujimori. Se produjo como consecuencia de sus ásperas críticas contra el noticiero de América Televisión, que difundió un informe sobre el supuesto recrudecimiento del terrorismo en Ayacucho. Fujimori consiguió intimidar al canal, pues la anunciada emisión de la segunda parte del reportaje nunca fue transmitida. El 14 de julio, la reportera Mónica Chang, del Canal 2 de televisión, es amenazada de muerte por desconocidos a raíz de haber presentado un informe sobre el asalto a un empresario. En la emisión del documento periodístico se enfoca a dos de los presuntos responsables del hecho. El 7 de septiembre, un serio incidente ocurrió en el penal del Callao cuando un grupo de agentes penitenciarios, principales implicados en la fuga de tres miembros de una muy peligrosa banda de asaltantes, la emprendió a golpes contra los periodistas. Posteriormente fueron destituidos cuatro agentes implicados en este hecho. El 14 de septiembre, el corresponsal del Canal 4 de televisión en Ayacucho, Alejandro Coronado, fue amedrentado mediante ráfagas de ametralladora disparadas contra su casa. Coronado había venido revelando casos de corrupción y narcotráfico en los que estarían involucrados miembros de las Fuerzas Armadas. La SIP hizo la denuncia respectiva. El 25 de septiembre, dos periodistas de Panamericana Televisión de Lima, Beto Ortiz y Alfredo Bonilla, fueron detenidos durante tres horas en Quito, Ecuador. Parte del material que filmaron fue borrado. Ellos habían viajado para elaborar un informe sobre el caso de soborno por parte del Ejército ecuatoriano a un grupo de periodistas que cubrieron las incidencias del reciente conflicto armado fronterizo. Habían logrado inclusive una entrevista con el ministro de Defensa, que se realizó dentro de un clima de cordialidad y respeto. La detención se produjo cuando hacían tomas de los exteriores de Tele Amazonas. Miembros del personal seguridad del canal, pretextando que estaba prohibido filmar la fachada, los forzaron a ingresar y los encerraron en una oficina. Minutos más tarde, dos funcionarios que se identificaron como pertenecientes al Servicio de Inteligencia procedieron a un largo interrogatorio. El material les fue devuelto más tarde pero con las tomas de las fachadas y calles borradas. Durante el tiempo de su encierro se les impidió comunicarse con el consulado peruano. Cerca de tres horas después de iniciada la detención un colega ecuatoriano facilitó la comunicación y se logró así solucionar este absurdo e innecesario incidente. Elll de octubre de 1995, personal de la Fuerza Aérea agredió a un grupo de periodistas en su afán de obstaculizar la cobertura del accidente de un avión militar en la base del Grupo Aéreo No. 6 de Chiclayo. Los militares, además, les arrebataron las cámaras de fotografía y video. Con ello sólo consiguieron que la noticia tuviese mayor resonancia. Continúa sin solución el problema causado por la fuerte presión impositiva que recae sobre los medios de comunicación de Perú. Esta, en comparación con otros países del área, es desproporcionada. Un estudio de la SIP, del año pasado, demuestra que, mientras en 15 países no se cobra IGV o IVA a los medios de comunicación, en el Perú éste es de 18%. Asimismo, el pago de aranceles por importación de papel periódico asciende a 35,7% (15% Ad Valorem + 18% IGV) mientras en otros doce países éste es de 12% y en 13 no se tributa. Ello ha sido determinante para colocar en delicada situación económica a muchas empresas periodísticas. Relacionado con el punto anterior, se produjo una sensible pérdida que ha significado para el periodismo peruano el cierre de la revista independiente Oiga, que dirigía Francisco Igartua. Con este motivo los más importantes medios de información del país firmaron un memorial en el que lamentan que problemas materiales sojuzguen a elementos vitales para la sociedad, como son los medios de comunicación independientes. Lamentablemente el caso de Oiga no es aislado; se prevén más pérdidas en el futuro cercano.

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