Brasil

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El nuevo presidente de la Asociación Nacional de Periódicos (ANJl, Pedro Pincirolli, anunció que pretende llevar ante el directorio de la ANJ, dentro del ámbito del comité de libertad de expresión que va a crear, el tema de la libertad de prensa. Piensa que la actual ley de prensa tiene que ser revisada porque está en directa contradicción con la nueva Constitución. Considera que la prueba de la verdad, estipulada en el artículo 20 de la mencionada ley, al proteger al presidente de la república, está en desacuerdo con la Constitución.

La creación de una comisión que se dedicará al estudio de la Ley de Prensa será determinada por el presidente del Colegio de Abogados del Brasil (OAB), Sr. Ophir Figueiras. Según el OAB, deben ser retirados de la legislación,  todos los dispositivos que atenten contra la libertad de prensa". En la tarde del día 23 de marzo, en Sao Paulo, dos agentes de la policía federal, dirigidos por un delegado, todos armados, y seis fiscales del órgano federal de contribuciones, irrumpieron en las instalaciones de Folha da  anha, editora de los diarios Folha da sao Paulo, Noticias Papulares, y Folha da Tarde. Los agentes del gobierno pretendieron comprobar irregularidades en el cambio de facturas emitidas en cruzados nuevos por facturas en cruzeiros, cuando se hizo el cambio de moneda en el país. Luego de dos horas y media de inspección, dos directores de la empresa fueron conducidos a la policía federal, para prestar declaraciones. Este tipo de acción constituía una arbitrariedad del gobierno, basada en la medida provisoria 153, la cual otorgaba poderes a los órganos oficiales para inspeccionar empresas, sin ser ésta una acción específica contra la prensa. La interpretación de las nuevas normas fue motivo de controversia, ya que había mucha confusión originada por los propios textos divulgados por el gobierno y por el hecho que el diario estaba siguiendo la orientación expedida por la Asociación Nacional de Periódicos. La publicación de reportajes en los cuales Folha de sao Paulo denunciaba la contratación por parte del gobierno federal de agencias de publicidad que habían trabajado en la campaña del Presidente Collar, resultó en un proceso por calumnia y difamación promovido por el presidente de la república contra cuatro profesionales de Folha, su jefe de redacción, Otávio Frias Filho, el director ejecutivo de la sucursal en Brasilia, Josias de Souza, y los reporteros Nelson Blecher y Gustavo Krieger. Los reportajes empezaron a ser publicados el 27 de junio, denunciando que la contratación de las agencias de publicidad, sin licitación, era para pagar una deuda de 70 a 80 milones de dólares que estaba pendiente desde la campaña electoral. El diario sostiene que sus reportajes son veraces, que no ha habido calumnia contra el presidente, no existe una causa justa para el proceso y que la denuncia carece de sustento legal. Igualmente, el periódico reitera que actuó en cumplimiento de su misión informativa, con neutralidad y sin partidarismo, al dar cuenta de las irregularidades del gobierno. Varias autoridades y personalidades brasileñas condenaron el proceso que el presidente ha entablado en contra de Folha. El presidente del Consejo Federal del Colegio de Abogados del Brasil, Ophir Figueiras, manifiestó que los procesos iniciados por el gobierno federal en contra del periódico son "una forma más de tratar de silenciar a Folha, en su libre ejercicio del derecho de información". El presidente de la Asociación Brasileña de Prensa ha afirmado que "cualquier proceso de ese género representa acciones que restringen la libertad de prensa en lo que se refiere a la cobertura de los acontecimientos  elacionados con el presidente de la república". Uno de los argumentos sustentados por el diario se basa en que la Ley de Prensa prohibe a Folha demostrar la verdad con respecto a las denuncias formuladas, toda vez que esta ley, publicada en 1967, durante el régimen militar, no admite la "prueba de la verdad" en relación a actos del presidente de la república, entre otras autoridades. El senador Fernando Henrique Cardoso manifestó: "No hay nada que justifique la utilización de una ley, como la ley de prensa, que contiene verdaderas basuras autoritarias. Basta pensar en lo absurdo que es permitir que las "altas autoridades", la mayor de las cuales es, naturalmente, el presidente, no se sometan a la regla de "excepción de la verdad" cuando se sienten calumniadas. En virtud de dicha regla, el supuesto calumniador tiene el derecho de probar ante un juez que decía la verdad. Ahora, si los periodistas acusados se disponen a demostrar que estaban en lo cierto, ¿cómo es que la justicia puede taparles la boca?" El penalista Marcia Thomas Bastos, expresidente del OAB, comenta: "El caso concreto -Fernando Collar versus Otávio Frias Filho y otros- presenta peculiaridades que, vistas de cerca, acabarán por convertirlo en un "caso célebre" o "Ieading case", en la historia de nuestro derecho penal y constitucional". Con la decisión del ministro Célio Borja, presidente en ejercicio del Supremo Tribunal Federal, la acción contra Folha de sao Paulo fue reabierta. Aún así, no ha habido un dictamen al respecto por parte del plenario del STF, el cual decidirá si el caso lo continúa o no la Justicia Federal de Sao Paulo. En el informe anterior, dimos cuenta del hecho que los medios de comunicación habían acordado no divulgar noticias de secuestros, silenciándolos por completo, hasta la solución de los mismos, a pedido de familiares y autoridades. Sin embargo, en los últimos meses, ha habido un cambio en esta unanimidad, ya que la mayoría de los diarios han vuelto a publicar los casos de secuestros. Ahora, la prensa está llegando a la conclusión de que la omisión sólo ayuda a los secuestradores. En el período marzo/abril del presente año, el Jornal de Brasilia recibió una serie de amenazas, principalmente contra su reportero Mário Chimanovitch, en represalia a las denuncias de participación de policías del Estado de Goiás en el robo de vehículos en la ruta del tráfico de cocaína y en el cambio de características de vehículos robados. El periodista y empresario Antonio Bomfim, director del semanario Cinform, de Aracaju, capital del estado de Sergipe, sufrió un atentado en la madrugada del 18 de julio de 1990, cuando efectuaron dos tiros de escopeta contra su casa. La casa de la madre del empresario, quien está siendo procesado por el gobernador del estado por el delito de calumnia y difamación, también fue atacada esa misma madrugada con tiros de escopeta. Una bomba de fabricación casera explotó en la madrugada del 23 de junio, en las instalaciones del diario político Hora do Pavo, periódico vinculado al Movimiento Revolucionario 8 de octubre, en Sao Paulo. La explosión no causó mayores daños. El periodista Hélio Fernandes, director del diario Jornal da Imprensa, fue condenado a un año y cuatro meses de prisión, por los delitos de calumnia, injuria y difamación, contra el empresario Luiz de Alvares Otero, en Rio de J aneiro. La condena no le da derecho a sursis (libertad condicional para reos primarios), sin embargo, Fernandes garantizó su libertad recurriendo al Supremo Tribunal Federal. El periodista brasileño Flávio Tavares fue condenado a un año de prisión en Argentina, durante el juicio de las juntas de gobierno de dicho país, debido a un reportaje publicado en 1985 en Folha de sao Paulo, de Sao Paulo. La justicia argentina consideró que Tavares cometió injuria y difamación, pero fue liberado por sursis y ahora está en espera de la decisión judicial. El pasado mes de septiembre, el 17 Juzgado en lo Penal de Sao Paulo condenó al periodista Otavio Frias Filho, de Folha de sao Paulo, a siete meses de detención y a pagar una multa de tres salarios mínimos por calumnia y difamación (artículos 20 y 21 de la ley de prensa), en un proceso entablado por el diputado Joao Cunha. El periodista obtuvo la suspensión condicional de la pena, pero tendrá que prestar "servicios a la comunidad". El diputado se sintió afectado por los títulos del reportaje y la llamada en primera plana de la edición de Folha del 9 de septiembre de 1988.

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