Colombia

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El pasado 19 de septiembre, Franciso Santos Calderón, jefe de redacción de El Tiempo, fue secuestrado por el Cartel de Medellín cuando se dirigía del periódico a su casa. El conductor de su vehículo blindado fue brutal y fríamente asesinado.

Dos semanas antes, un equipo de seis periodistas encabezado por Diana Turbay, directora de la revista Hoy por Hoy, había desaparecido durante una misión en la que se proponía entrevistar al jefe de la guerrilla del ELN. Luego se supo que los periodistas también habían sido secuestrados por orden del Cartel de Medellín. Los demás integrantes del equipo de desaparecidos son: Juan Vita, editor de la revista Hoy por Hoy; Azucena Liévano, jefe de redacción del Noticiero "Criptón" de la Televisión; los camarógrafos Richard Becerra y Orlando Acevedo; y el corresponsal alemán, Hero Buss. El31 de agosto, un grupo de hombres armados intentó secuestrar a la entrada de su casa al director del noticiero de la cadena radial Radio Caracol, Yamid Amat, quien se salvó por la oportuna intervención de una patrulla de la policía que pasaba por el lugar. Aunque ningún grupo se atribuyó esta acción contra el directivo de Caracol, hoy no cabe la menor duda de que se trató de otro intento de secuestro por parte de los barones de la coca. Todos estos hechos, que han sacudido al gremio periodístico y a la opinión pública nacional, confirman una nueva ofensiva del narcotráfico contra la prensa de Colombia. Tras unos meses de aparente calma, producto del cambio de gobierno, el Cartel de Medellín reanudó sus ataques contra los medios informativos a través de la modalidad del secuestro de destacadas personalidades de la prensa. Es de presumir que con esta modalidad terrorista, los carteles pretenden no sólo intimidar a los medios, sino chantajear al gobierno con la retención de rehenes importantes, con el fin de obtener concesiones jurídicas o políticas. Además de lo arriba anotado, desde la última asamblea de la SIP en Managua, una serie de hechos diversos, protagonizados siempre por el narcotráfico o por la guerrilla marxista, han atentado contra la libertad de prensa en Colombia. El 30 de marzo, el Cartel de Medellín expidió un comunicado en el que amenazaba con "ejecutar" a miembros de la familia Cano, propietaria de El Espectador. Dos días más tarde, El Espectador suspendió durante 15 días la publicación de su editorial, como protesta por la falta de garantías por parte del gobierno. El 20 de abril fue asesinado un funcionario de circulación de ese diario en Medellín, Hernando Tavera. A raíz de este hecho, El Espectador tuvo que suspender durante cinco meses su circulación en esta ciudad. Por su parte, la guerrilla del ELN ha continuado su campaña de intimidación de la prensa. Entre los meses de marzo y mayo de este año, siete periodistas han sido secuestrados por el ELN para obligarlos a divulgar mensajes de esta organización subversiva. Los periodistas retenidos y luego liberados son: Emilio J. Pacheco, de la emisora Ondas del César; Raúl Montes García, locutor de Radio 2001 de Pailitas (César); Jesús Medina Sossa, coordinador del Noticiero de la Semana de la Cámara de Representantes, junto con su camarógrafo, Luis Beltrán; Mariela Márquez Quintero, corresponsal de Caracol en Medellín; Ana Patricia González, de la Voz de Cañaguate; José Daza Sierra, locutor de Radío Valledupar; y el camarógrafo de Tele-Caribe, Rafael Escalona Bolaño. El 7 de marzo, la emisora Radio Galeón de Santa Marta, fue silenciada tras un atentado dinamitero que destruyó su antena principal. El 23 de mayo, otro atentado terrorista afectó la cadena radial Colmundo de Medellín, que decidió retirarse del aire tras la multitud de amenazas recibidas. Similar decisión tomaron las emisoras afiliadas al Grupo Radial Colombiano, objeto de numerosos atentados dinamiteros por parte del Cartel de Medellín. El 28 de junio, murió en Medellín la periodista de Caracol, Myriam Naza Sampoyoi, víctima de un atentado del narcoterrorismo que dejó otros 13 muertos y 33 heridos en esa ciudad. Todo esto sucede en un país donde existe un régimen de libertad de prensa y un gobierno respetuoso de la crítica y de la independencia de los diarios, pero que no ha sido capaz de establecer plenas garantías para el ejercicio verdaderamente libre de un periodismo, que sigue sometido al chantaje del terror y el miedo por parte de grupos armados del narcotráfico o de la guerrilla. Como se ha visto ya, con desoladora presencia, ni la vigilancia militar a las instalaciones de los diarios, ni los escoltas y carros blindados, son protección suficiente contra la campaña intimidatoria de grupós fuera de la ley, que han escogido la prensa como blanco predilecto de sus acciones violentas. El periodísmo colombiano ha pagado el más alto precio imaginable en la lucha de la sociedad contra la tiranía del narcotráfico. Porque el clima de terror y muerte impuesto por los carteles de la droga sobre nuestra prensa libre no tiene paralelo en la historia del continente.

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