En México, la libertad de prensa oscila entre el propósito presidencial de respetarla, y el interés de alguna burocracia en impedirla, a veces por la vía de la violencia.
En esta bipolaridad, respeto, por un lado, e intimidación, por el otro, se ejerce en nuestro país la libre expresión, sin limitaciones ni censuras, pero sin saberse a ciencia cierta el precio de la factura que el periodista ha de pagar por usar este derecho. El gobierno federal ha cumplido con su promesa de preservar la libre manifestación de las ideas, y su actitud la avalan dos hechos igualmente importantes: la elirninación de S4 años de monopolio de papel periódico, representado por PIPSA, y la intervención del Presidente para reprobar y condenar aquello que la vulnere. La Productora e Importadora de Papel S.A., empresa gubernamental que durante décadas acaparó el comercio de papel, perdió su calidad exclusiva y excluyente al liberarse la importación de la materia prima el pasado 20 de abril. PIPSA continúa expandiéndose en condiciones financieras saludables, pero ya no es la espada de Dámocles que pende sobre la libertad de prensa en México. La privatización de PIPSA, otra de las promesas presidenciales, no ha sido posible a pesar de que el gobierno afirma estar dispuesto a venderla. El Consejo de Administración de PIPSA, integrado por directores de importantes empresas periodísticas, prefirió que la producción de papel continuara en manos del Estado. Sin embargo, al establecer la libre importación de papel periódico, el gobierno satisfizo a quienes sistemáticamente nos opusimos a que la elaboración de periódicos estuviera supeditada al Estado. La prensa no comprometida alcanzó así su total independencia en el abasto de su principal materia prima. Sigue siendo frecuente en nuestro país que a la denuncia y a la crítica periodística se responda con el agravio, la intimidación, la amenaza, el secuestro, la agresión física y hasta el homicidio. La intolerancia tiene mil rostros y adquiere la forma lo mismo de un narcotraficante que de un delincuente vulgar, un policía o un político encumbrado. Ampliamente publicitados a nivel nacional e internacional fueron los casos de los periodistas Jorge Castañeda y Rodolfo F. Peña, amenazados de muerte por su actitud crítica. Castañeda fue sutil y reiteradamente amenazado de muerte y las adevertencias le fueron trasmitidas a través de su secretaria, quien fue interceptada e intimidada el 15 de junio por individuos armados, quienes le pidieron que le dijera a su jefe que "era la primera llamada". La secretaria fue asaltada en una segunda ocasión, después de haber denunciado el primer asalto ante las autoridades. Fue injuriada y advertida nuevamente de que su jefe, Castañeda, sería eliminado. Ante la denuncia de Castañeda y la reacción que provocó en la prensa, el propio presidente Carlos Salinas de Gortari envió un mensaje desde Tokio, donde cumplía una gira de trabajo, para condenar los hechos y reiterar su respeto por la libertad de expresión. El mandatario mexicano se comunicó también telefónicamente con Castañeda, solidarizándose con él y expresándole su respeto por su trabajo intelectual y periodístico. Los hechos permanecen aún sin esclarecerse. Por otro lado, el articulista de La Jornada, Rodolfo F. Peña, denunció el 2 de julio haber recibido amenazas de muerte en las dos semanas previas por la vía telefónica. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal dio curso a la denuncia y brindó vigilancia especial al periodista, en tanto se investigaban las amenazas. Las agresiones a los periodistas siguen sumándose, en oprobio de la libertad de prensa y en franco desafío a la custodia que de esa libertad asegura brindar el gobierno. El 17 de abril, fue detenido por agentes de la Policía Judicial del Distrito Federal el editor de la revista La Trilla, de la ciudad de México, con el pretexto de investigar la ilegal adquisición de la maquinaria de la publicacíón. En Tabasco, el 21 de abril, el corresponsal del periódico Excélsior, José Chable Ruiz, fue agredido físicamente por el representante del gobierno estatal en la ciudad de México, Osear Cantón Zetina. El hermano de un comandante de la Policía Judicial de Morelia golpeó salvajemente al periodista Mario Barajas el 23 de abril. El 27 del mismo mes, agentes de tránsito incomunicaron y amenazaron en una celda clandestina al periodista Jesús Fuentes Félix, de Culiacán, Sinaloa. Francisco Guerrero, fotógrafo de Culiacán, fue agredido por tres policías judiciales cuando tomaba fotografías de un arresto, el 4 de mayo. El 6 de junio, los periodistas de Baja California denunciaron agresiones por parte del gobierno estatal de Ernesto Ruffo y por una fracción del Congreso del Estado. Alfredo Córdova Solórzano, corresponsal de Excélsiory director del diario Uno más Dos, de Tapachula, Chiapas, sufrió un atentado de parte de tres individuos que lo dejaron gravemente herido de bala, el 7 de junio. El12 de junio, el periodista José Hernández, de La Opinión, de Río Bravo, Tamaulipas, fue golpeado por el jefe de grupo de la Policía Judicial del Estado. El Foro periodístico de Guayrnas, Sonora, denunció el 27 de junio la agresión y las amenazas que sufrió el periodista Enrique Larios Heredia, de manos del agente del Ministerio Público Sergio Rosas López. El 30 de junio, el fotógrafo de prensa de El Día, Ricardo Martínez, fue privado de su libertad durante una hora, cuando cumplía una misión periodística en la ciudad de México. El 15 de agosto fue amenazado de muerte el locutor michoacano Francisco Bautista, por el funcionario municipal Damián Barbosa Chávez.
