Perú

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Los hombres de prensa y los medios de comunicación han continuado siendo blanco de ataques y amenazas por parte de la violencia terrorista en el Perú.

A finales de marzo la planta del diario Expreso fue atacada por segunda vez por terroristas que hicieron estallar una poderosa bomba. Trece estaciones de radio, en diferentes zonas del país, fueron asaltadas por grupos terroristas con el propósito de propalar consignas en contra del gobierno. Otras tres empresas de radio fueron atacadas con explosivos. La empresa Panamericana Televisión se vio obligada a transmitir una proclama de diez minutos de duración del movimiento terrorista Túpac Amaru. Esa era una de las exigencias para liberar a Héctor Delgado Parker, presidente del directorio de esa empresa. Delgado Parker fue liberado dos días después de esa transmisión tras permanecer secuestrado seis meses y un día. Durante el mes de mayo, en la ciudad de Huaraz, terroristas dinamitaron una estación repetidora del Canal 7 de televisión, perteneciente al Estado. Asimismo, en junio, el Canal 11 de Televisión, de propiedad del actual alcalde de la ciudad de Lima, Ricardo Belmont, fue blanco de dos atentados terroristas con explosivos. En marzo, un vigilante de UPI logró repeler un intento de asalto contra sus oficinas. A finales del mes de julio, la agencia DPA fue tomada por terroristas, llegando a transmitir una proclama. Esta fue oportunamente bloqueada en la central. Las fuerzas del orden cometen, en ocasiones, excesos que no sólo representan amenazas contra la libertad de información sino que, en ciertas oportunidades, han puesto en riesgo la vida misma de los hombres de prensa. Durante la primera semana de septiembre, los corresponsales Fernando Zevallos de El Comercio, Alejandro Zevallos de Onda y Luis Ursula de Ojo, entre otros, fueron amenazados con armas de fuego por la policía de la ciudad de Huánuco. Cubrían informaciones relacionadas con un caso de corrupción policial. En julio, elementos de la policía nacional ingresaron fuertemente armados a las instalaciones donde se edita la revista Oiga. El motivo habría sido un informe que daba cuenta del enriquecimiento ilícito de un alto oficial de esa institución. Hace pocos días esa revista denunció estar siendo nuevamente objeto de un "seguimiento amedrentador" por parte de la policía. Otro caso de presión fue el ejercido contra el periodista César Hildebrandt durante el mes de mayo, a raíz de h¡¡ber difundido en su programa de televisión grabaciones de conversaciones telefónicas del comandante de la Fuerza Aérea. Estas le habían sido proporcionadas por fuentes de inteligencia. De ellas se podía deducir que el alto oficial había incurrido en conductas impropias. Como consecuencia, Hildebrandt sufrió un trato vejatorio en el tribunal militar al que fue citado como testigo para aclarar asuntos vinculados con el acto de grabar las conversaciones. Los medios de comunicación impresa señalados como simpatizantes de los terroristas, Cambio y El Diario, han denunciado la requisa de sus ediciones en dos oportunidades. Esas acciones han estado incursas dentro del delito de apología del terrorismo. A raíz de haber sido requisado el material informativo que Visnews enviaba a su central en el extranjero, su corresponsal, Carlos Valdez, fue llamado a declarar ante la policía antiterrorista. El incedente generó protestas de los periodistas agrupados en la Asociación de Prensa Extranjera del Perú. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dio un plazo de 30 días al gobierno peruano para garantizar la vida de los testigos de asesinato del periodista de la revista Caretas, Hugo Bustios, ocurrido a fines de 1988. Esta actitud de la Corte Interamericana fue como consecuencia de haberse producido la muerte de uno de los principales testigos del hecho. El 28 de julio se produjo el cambio de gobierno. El presidente Fujimori, en su discurso de ascención al poder, fue enfático en manifestar su convicción de respetar el principio de libertad de prensa. Sin embargo, ha causado preocupación el nombramiento como jefe del Sistema Nacional de Comunicación Social (Sinacoso) de Jorge Sosa Miranda, recordado por su participación en la confiscación de los medios de comunicación durante la dictadura militar del General Velasco. No obstante lo anterior, el gobierno se ha propuesto desactivar definitivamente el Sinacoso. Dentro de las medidas que ha dispuesto el gobierno para combatir la peor crisis económica en la historia de Perú se han cancelado todo tipo de exoneraciones arancelarias y tributarias que beneficiaban a los medios de comunicación. Así, el papel periódico ha sido cargado con el 25% de arancel más una sobretasa dellO% sobre el importe CIF. Igualmente, al haber desaparecido todo tipo de dólar promocional o diferencial, el papel periódico y otros insumos propios de la industria editora deberan adquirirse al tipo de cambio libre bancario. La situcación económica es aun más delicada para los diarios del interior. El gobierno ha dictado ciertas medidas económicas mediante un Decreto Supremo expedido por el Ejecutivo en agosto último, aplicando un tributo del 14 % sobre el precio de tapa, que nos obliga a incrementar el precio de venta de los diarios, perjudicando a los lectores de provincias, cuyo nivel de ingresos es inferior al de aquellos que habitan en la capital. Dada su proporción, finalmente atenta contra el derecho a la información, el cual tiene amparo y protección dentro de las garantias que asegura la Constitución Política del Perú. De acuerdo con nuestra Carta Magna sólo por mandato de una Leyes posible la creación de impuestos. La Ley que ampara a las publicaciones periodísticas fue promulgada por el Congreso de la República, el 11 de enero de 1985.

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