República Dominicana

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Dos proyectos de ley pendientes de conocimiento en el Senado de la República, constituyen una amenaza cierta a la libertad de prensa.

El primer proyecto fue sometido al Senado en marzo último y pretende reeditar, con diferente forma pero con el mismo propósito, la ley de colegiación obligatoria declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Esa sentencia tomaba en cuenta la decisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que consideró la colegiación obligatoria como una restricción a los derechos humanos. La iniciativa ante el Congreso dominicano no obliga a pertenecer al Colegio para ejercer el periodismo, pero sí limita ese derecho a los graduados en una escuela de comunicación social a nivel universitario. Sólo quienes reúnan este requisito podrán pertenecer al Colegio. Indirectamente se pretende controlar la profesión. De paso se violenta lo consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el derecho de todo ser humano a recibir, buscar e impartir informaciones y opiniones por cualquier medio. Por otro lado, el Senado dominicano discute un proyecto de reforma arancelaria mediante el cual todas las importaciones de los medios, hasta ahora exentos de todo tipo de aranceles, serían gravadas, incluyendo el papel periódico. Los cálculos son de que, sumados los diferentes impuestos a ser abonados en aduanas, el papel pagaría un 53.6% sobre el precio CIF. Tanto el proyecto de ley de profesionalización del periodismo como el del nuevo arancel son una amenaza al pluralismo ideológico, y una severa restricción al derecho de todo ciudadano a impartir, recibir y acopiar informaciones y opiniones.

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