Uruguay

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En el Uruguay ha habido un considerable incremento de reclamos por la vía judicial contra medios de prensa: una denuncia por delito de comunicacion, dos demandas patrimoniales derivadas de publicaciones y tres derechos de respuesta. La ley preve el derecho de respuesta para los casos de informaciones

"inexactas o agraviantes". Entre estas demandas judiciales resalta el hecho que uno de ellos fue planteado por el presidente de la República contra el semanario policial Al Rojo Vivo, que informó que el presidente Lacalle y su familia estaban involucrados en un multimillonario fraude. En la instancia judicial el director de la publicación se retractó y reconoció que la información era falsa. El juez actuante procesó por desacato sin prisión a dicho director. Que el primer mandatario haya recurrido a la vía judicial y no a cualquier otro mecanismo es considerado un hecho positivo. Un asesor presidencial en comunicaciones a fines de junio propuso que las empresas de comunicación, el Estado y los periodistas deberían llegar a alguna forma de acuerdo para establecer determinadas regulaciones y orientaciones para la actividad de la prensa y realizó algunas críticas veladas sobre la tarea que ésta desarrolla, particularmente en la relativo a la información de tipo policial. Otros integrantes del gobierno también tuvieron expresiones críticas a la labor informativa de los medios de comunicacion. La mayoría de la prensa uruguaya censuró y rechazó a través de editoriales el planteo del vocero presidencial. En el plano económico persisten determinados gravámenes fiscales impuestos a las importaciones insumas y al valor agregado -que en casos son discriminatorios hasta entre los diferentes medios de comunicación, cuya derogación es reclamada por las empresas periodísticas.

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