Argentina

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La prensa ha enfrentado un clima crecientemente hostil durante el último semestre. Una serie de resoluciones gubernamentales, maniobras judiciales, declaraciones agraviantes y amedrentadoras de funcionarios públicos, medidas de hecho contra medios y amenazas y ataques físicos contra periodistas, configuran un escenario oscuro para el ejercicio del periodismo y del derecho de todo ciudadano a expresarse libremente. El acceso del periodismo a fuentes oficiales ha sumado más obstáculos. El discurso de los funcionarios suele ser cerrado y refractario a las preguntas. La Presidenta, Cristina de Kirchner, no ha dado una sola conferencia de prensa en todo 2012, pero utilizó la cadena nacional una veintena de veces para hacer anuncios diversos no relacionadas con “situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional”, que son los casos que justifican legalmente su uso. En muchas de sus alocuciones la Presidenta fustigó al periodismo e hizo referencias a una “cadena ilegal del miedo y el desánimo”, en alusión al Grupo Clarín y a otros medios. El 11 de julio de este año, en uso de la cadena nacional, la Presidenta acusó de evasor a un operador inmobiliario, después de referirse a declaraciones que este realizara al diario Clarín sobre complicaciones económicas en su sector. Este señalamiento público quebró el secreto fiscal y constituyó un claro abuso de poder que se repitió, un mes más tarde, con una mención de la Presidenta sobre el periodista Marcelo Bonelli, a quien relacionó con supuestos pagos irregulares de una empresa. En ese discurso afirmó que era necesaria una ley de ética pública para la prensa. La inversión estatal en comunicaciones ascenderá durante 2012, de acuerdo a cifras consignadas por la Oficina Nacional de Presupuesto, a 7.143 millones de pesos, equivalentes, a cambio oficial, a más de 1.500 millones de dólares. La mitad de este monto se adjudicará a obras de la empresa estatal de soluciones satelitales ArSat, como la construcción de estaciones digitales de transmisión e instalación de antenas. El programa Fútbol para Todos consumirá, entre pagos por derechos y costos de producción, 1.378 millones de pesos; monto que se suma a los casi 4.000 millones que costó el programa en sus tres años de existencia. La agencia oficial de noticias Télam, Canal 7 de televisión abierta y Radio Nacional, insumirán este año 900 millones de pesos. Se estima, siguiendo el presupuesto oficial, que unos 590 millones se volcarán a publicidad oficial, 347 se destinarán al mantenimiento y desarrollo del sistema de Televisión Digital Abierta y 166 al financiamiento de la AFSCA, la autoridad de aplicación de la Ley 26.522, conocida como Ley de Medios. Además del crecimiento geométrico de la inversión en esta área, debe resaltarse el uso que se hace del aparato sostenido con esos fondos. La televisación de los partidos que se emiten en el marco del programa Fútbol para Todos tiene al Estado como anunciante exclusivo a través de avisos que suelen tener carácter proselitista. Los medios públicos funcionan, dentro de sus espacios informativos, como órganos partidarios, albergando programas dedicados a desacreditar a periodistas y medios independientes. La pauta oficial es empleada, en general, de manera arbitraria, de acuerdo a la línea editorial de cada medio y desconociendo fallos de la Corte Suprema de Justicia que condenan la discriminación publicitaria. Hace más de un año que el Gobierno no informa sobre su distribución pero un relevamiento privado, que monitoreó las variaciones de la publicidad estatal en una gran cantidad de medios, estima que hubo un crecimiento, en los primeros ocho meses de 2012 respecto del mismo período del año anterior, de casi un 70%. El estudio sobre el reparto arroja que hubo medios con incrementos de un 240% entre un año y otro. A principios de agosto, manifestantes de sindicatos de vendedores y distribuidores de diarios impidieron la salida de los diarios La Nación y Clarín, configurando un delito específico del Código Penal que fue acompañado por la inacción de las autoridades. En ese mismo mes, la Asociación Consumidores Libres fue suspendida por publicar un relevamiento de precios con cifras diferentes a las que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Paralelamente, otras asociaciones fueron notificadas por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación para que informen la metodología que utilizan para hacer sus sondeos. Esta política persecutoria contra aquellos que exponen números diferentes a los de las cuestionadas estadísticas oficiales es la misma que se aplicó anteriormente a las consultoras económicas que fueron multadas o intimidadas por difundir índices de inflación alternativos a los que avala el Gobierno. Buena parte de los medios del interior sufren, en igual o mayor medida que los grandes medios de la ciudad de Buenos Aires, presiones y discriminaciones de los gobiernos provinciales y municipales. Pero a ese acoso se suman las enormes dificultades económicas que ponen en jaque su continuidad. La capacidad contributiva de la inmensa mayoría de estos medios se limita al pago de las cargas fiscales. Por eso resulta imperioso un cambio del actual esquema fiscal, que desconoce los compromisos del Estado y pone en riesgo la supervivencia de estos actores centrales de las comunidades argentinas. La mayoría de los más de 15.000 medios de la Argentina no pueden subsistir sin el amparo estatal. La pluralidad informativa se puso a prueba durante la cobertura de la manifestación ciudadana del 13 de septiembre último, una de las movilizaciones más relevante de los últimos años. Este hecho fue cubierto de manera limitada o sesgada por un alto porcentaje de los medios televisivos. Por eso el avance gubernamental contra aquellos que cubrieron los hechos de manera amplia pone en juego no solo intereses corporativos y patrimoniales sino el derecho de la ciudadanía a estar informado. En un fallo reciente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que el 7 de diciembre de este año vence la medida cautelar que frena la aplicación de dos artículos de la Ley de Medios respecto del Grupo Clarín. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) emitió un spot publicitario, dentro de los espacios del programa Fútbol para Todos y en horarios centrales de medios privados, intentando instalar su interpretación del fallo del máximo tribunal. De ese aviso y de las declaraciones de diversos funcionarios se infiere que el gobierno interpreta que, antes de esa fecha, el Grupo Clarín debería presentar un plan de adecuación de sus medios para iniciar un inmediato proceso de desmantelamiento. Los constitucionalistas que se pronunciaron sobre el tema coinciden en que en esa fecha pueden producirse tres cosas distintas de lo que sugiere la campaña oficial. Podría haber un fallo sobre el fondo de la cuestión (la inconstitucionalidad de los dos artículos), una prórroga de la medida cautelar o podría comenzar a correr el plazo de un año contemplado por la Ley para la desinversión por parte de aquellos grupos que excedan la cantidad máxima de licencias estipuladas. Dentro de este contexto se produjo, hace dos semanas, un irregular intento de recusar a un miembro independiente del Consejo de la Magistratura, organismo que propone ternas de jueces para cubrir vacantes dentro del Poder Judicial. Esa recusación le permitiría al oficialismo lograr la mayoría agravada que necesita para proponer o remover jueces, poniendo en riesgo la independencia del poder judicial. Una de las vacantes que debe ser cubierta, es la del tribunal que debe pronunciarse sobre el planteo judicial del Grupo Clarín. La aplicación selectiva de la Ley de Medios enciende una señal de alarma sobre lo que puede ocurrir en el futuro próximo. Existen varios grupos mediáticos que no se ajustan a lo previsto en distintos artículos de la norma, que no cuentan con medidas cautelares y que, no obstante, no han sido intimados para cumplir con lo que ésta estipula. Silvia Vázquez, ex diputada nacional y autora de la Ley de Medios, sostuvo que la ley podría emplearse para un “linchamiento” contra un grupo mediático y reconoció que hay grandes cuestiones pendientes en lo que hace a su aplicación. No se difundieron los resultados del censo de medios -instancia necesaria para la readecuación del espacio radioeléctrico-, ni se realizó el plan técnico para garantizar la viabilidad de los nuevos medios ni se llevó a cabo de manera exitosa el concurso para la entrega de licencias de televisión. La precaria aplicación de la Ley, sancionada hace tres años, genera el razonable temor de que termine generando un endeble esquema de medios que, en su amplia mayoría, no sean sustentables y terminen dependiendo del amparo económico del Estado y perdiendo toda posibilidad de independencia. La reciente designación de un autodenominado militante kirchnerista al frente de la AFSCA, y la ausencia de representantes de la oposición dentro de su directorio, se suma al fundado temor de un uso instrumental de la Ley dirigido a desmantelar a un grupo de medios en particular. Un párrafo especial merece el alto número de ataques que ha registrado el ejercicio de la actividad periodística en los últimos meses. Un reciente informe de la Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) indica que en el primer semestre de este año se contabilizaron 161 ataques a periodistas o medios. Se trata de una cifra superior a la computada por FOPEA (Foro de Periodismo Argentino) para todo 2011. Gustavo Tinetti, de Radio Cadena Nueve, 9 de Julio, provincia de Buenos Aires; Sergio Loguzzo, de 6,7,8; Hernán Lascano, de La Capital, Rosario; Aníbal Parma, de FM Génesis, Formosa; Rodrigo Alegre, David Santistebe y Federico Gandolfi, de Periodismo para Todos, son algunos de los periodistas que fueron amenazados o atacados físicamente por desconocidos, miembros de organizaciones sociales o manifestantes en la vía pública, a raíz de su trabajo periodístico, en el período en análisis. Las agresiones sufridas por Daniel Luna, de Canal 4 de Candelaria, Misiones; Hernán García, de FM Uno, de Sancti Spíritu, Santa Fe; Marcelo Bertolino, de FM Estudio 2, de Pilar; y Gonzalo Rodríguez, de CQC, en Pinamar, tuvieron como autores a altos funcionarios de estas localidades. Jorge Lanata y miembros de su equipo fueron retenidos por agentes venezolanos en el aeropuerto internacional de Caracas, quienes lo interrogaron sobre las fuentes de sus informes, se apropiaron de su equipamiento periodístico y borraron su contenido. Por otra parte, subsiste la desigualdad entre los diarios de Junín, Democracia y La Verdad, este último editado por el Arzobispado de Luján-Mercedes, que fue eximido de impuestos por la Administración Federal de Ingresos Públicos, afectándose de este modo la igualdad ante la ley y la libre competencia.

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