Bolivia

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El gobierno ha comenzado a emplear una ley contra el racismo y toda forma de discriminación para controlar el trabajo periodístico o buscar la sanción y el cierre de medios. La Agencia de Noticias Fides (ANF) y los periódicos El Diario y Página Siete fueron los primeros medios procesados bajo el artículo 281 del Código Penal que consigna la figura de “difusión e incitación al racismo y la discriminación”. En un discurso público, el presidente Evo Morales dijo: “En el oriente boliviano todo el año se produce (alimentos); sólo por falta de voluntad podemos ser tan pobres y no tener alimentos. En el altiplano es diferente; si hay helada, lluvia o granizada no hay alimentos, pero en el oriente no, sólo por flojos podemos hambrear”. Según la interpretación del gobierno, la ANF distorsionó el discurso del mandatario, pronunciado el 15 de agosto en Tihuanacu, al sustituir el adjetivo “flojos” por el sustantivo “flojera” en el título de una nota. El titular que motivó la denuncia oficial señala: "Evo dice que si se hambrea en el oriente es por 'flojera". Los otros medios se encargaron de reproducir el contenido de la noticia difundida por ANF. Pero el gobierno sostiene que “las notas publicadas en los medios de comunicación, Agencia de Noticias Fides – ANF, Página Siete y El Diario, incurren en la probable comisión del delito referido (Difusión e incitación al racismo o la discriminación), porque de manera pública, tendenciosa y repetida divulgan de forma tergiversada el discurso del Primer Mandatario del Estado Plurinacional, basándose en ideas de odio racial”. Los tres medios han rechazado la denuncia gubernamental, haber cometido error o distorsionado la información. La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), líderes de opinión y analistas especializados en medios de comunicación coincidieron en que el proceso, pese a la inexistencia de delito alguno, debe ventilarse a la luz de la Ley de Imprenta y de los Tribunales de Autorregulación Ética, según mandato de la Constitución, pero no en la vía penal, como interpreta el gobierno. La estrategia del Gobierno, según sus más altos representantes, es la toma total del Poder para sustituir la República por el Estado, bajo un régimen comunitario de control social. Bajo control directo del Órgano Ejecutivo están ya los órganos Legislativo, Judicial y Electoral, que fueron poderes independientes bajo el antiguo orden constitucional. A través de la nacionalización de las grandes empresas productivas, el Estado controla ya gran parte del poder económico. El control de los medios de comunicación es también prioridad del gobierno. El 26 de septiembre, el sacerdote Eduardo Pérez Iribarn, director de Radio Fides, fue encausado por emitir “criterios sediciosos con el afán de desestabilizar al gobierno y crear una sensación de inseguridad e incertidumbre, pidiendo una sanción ejemplarizadora, pues la libertad de expresión en democracia no puede vulnerar derechos y garantías de las personas”, según la denuncia que tiene su origen en una opinión del director de radio Fides sobre la ilegalidad de la asunción de la presidenta del Senado, Gabriela Montaño, como presidenta interina de Bolivia durante cinco días debido a los viajes al exterior del Presidente y del Vicepresidente. El director de Fides se limitó a leer la Constitución y a recordar que la única instancia que puede interpretarla es el Tribunal Constitucional y no el Gobierno. En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la primera autoridad municipal, Percy Fernández, fue responsable de repetidas agresiones verbales contra periodistas y medios, y el 1 de septiembre amenazó de muerte a periodistas y directivos del matutino El Deber. “Lo tumbaremos algún día (a El Deber y periodistas), palabra del alcalde por Santa Cruz. No sé si van a ir directamente a dos metros bajo tierra o si se van a ir nomás a su casa, pero algo les va a pasar ¿no? Que no lloren que no es amenaza, es conversación nomás”, expresó Fernández. La Unidad de Monitoreo y Vigilancia de la Libertad de Prensa y Expresión de Bolivia de la ANP registró 13 agresiones físicas contra periodistas y 14 agresiones verbales y amenazas este año. Tres demandas por agresiones verbales fueron presentadas a los tribunales por los periodistas afectados, pero ninguna de ellas prosperó y ninguno de los casos de agresión física en el último quinquenio se ha esclarecido ni sancionado.

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