Canadá

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La aprobación en junio de enmiendas a la Ley de Acceso a la Información y Privacidad en la provincia de Terranova y Labrador ha establecido nuevas formas para que el gobierno rechace o retrase aún más las solicitudes de información oficial y fue interpretada por la prensa como un nuevo revés para la obtención de dicha información.

La organización Canadian Journalists for Free Expression (CJFE) acusó a la administración federal de Stephen Harper, en la edición del 24 de septiembre del Free Expression Review, de parecer dispuesta a “invocar la seguridad nacional por cualquier asunto” para impedir el acceso de la prensa a documentos y la instó a hacer honor a las promesas de reformas relativas al acceso, la rendición de cuentas y la transparencia. Este fue el tercer año consecutivo en que el gobierno federal recibe una calificación reprobatoria en materia de libertad de expresión. El informe —que coincidió con la Semana Canadiense del Derecho a Saber—señaló que sólo la mitad de las solicitudes de información oficial se cumplen en el plazo reglamentario de 30 días.

Otro punto negativo para la libertad de prensa en este período fue que continúa la prohibición del gobierno de que científicos financiados por fondos federales puedan hablar con los medios acerca de sus investigaciones, aun cuando éstas ya hayan sido publicadas en revistas especializadas.

En su informe, la CJFE destacó que la Internet, a la que calificó como un instrumento innovador, también se enfrentaba a retos: Canadá no contribuye a proteger los derechos digitales de los ciudadanos. Se refirió a un proyecto de ley que, de aprobarse, permitiría a la policía obtener información personal de los proveedores de servicios de Internet sin orden judicial. Con todo, hay buenas noticias al respecto: la Corte Suprema de Canadá dictaminó que son inconstitucionales las escuchas telefónicas de emergencia de la policía sin orden judicial y en resoluciones sobre difamación brindó mayor protección a los periodistas.

En abril, un reportero y un fotógrafo del diario La Presse de Montreal fueron arrestados y sus equipos confiscados durante un par de horas mientras cubrían una manifestación de estudiantes frente a las oficinas del ministro de Educación en protesta por una propuesta alza del costo de sus matrículas.

El alcalde de Toronto, Rob Ford, instó a la policía a presentar cargos contra el reportero del Toronto Sun, Daniel Dale. También solicitó que se le retirara del ayuntamiento, luego de que el periodista acusó al alcalde de haberlo confrontado físicamente mientras fotografiaba un pedazo de tierra que éste pretende comprar al lado de su residencia actual. El jefe del equipo de investigación de Radio-Canadá, Pierre Sormany, fue suspendido después de publicar un comentario en Facebook acerca de otro periodista, el columnista político Jean Lapierre, alegando que éste estaba relacionado con la delincuencia organizada. Lapierre ha presentado una demanda por difamación y reclama $250,000 en daños y perjuicios.

Trascendió que The Montreal Gazette suspendió por tres días en mayo a la periodista Anne Sutherland por la publicación en Twitter de comentarios sobre una manifestación estudiantil a la que calificó de protesta “casi desnuda”. El periódico se negó a confirmar la suspensión, alegando confidencialidad.

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