Colombia

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CONSIDERANDO que si bien en el Estatuto Antiterrorista no hay mención expresa a los medios de comunicación ni a la actividad periodística, existe preocupación frente al riesgo que puede generar para la reserva de la fuente la interceptación de llamadas telefónicas sin orden judicial CONSIDERANDO que el congresista Juan Gómez reiteró que volverá a presentar su proyecto de reforma al Código Penal, que pretende extender las penas previstas para la calumnia y la injuria a las aseveraciones sin fundamento o de prueba controvertida CONSIDERANDO que por segunda vez en menos de un año la Corte Constitucional devolvió al Congreso el proyecto de ley que eleva a profesión la actividad periodística CONSIDERANDO que el principio 3 de la Declaración de Chapultepec establece: “Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público. No podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información” CONSIDERANDO que el principio 8 de la Declaración de Chapultepec establece: “El carácter colegiado de periodistas, su incorporación a asociaciones profesionales o gremiales y la afiliación de los medios de comunicación a cámaras empresariales, deben ser estrictamente voluntarios” LA REUNION DE MEDIO AÑO DE LA SIP RESUELVE exhortar al Congreso para que al adoptar el estatuto antiterrorista que desarrollará las normas constitucionales recientemente aprobadas, garantice la reserva de la fuente, la cual goza de protección constitucional y constituye además elemento esencial en la labor informativa hacer un nuevo llamado al congresista Juan Gómez Martínez para que se abstenga de presentar el proyecto y, en caso de que lo haga, solicitar al Congreso que se abstenga de darle trámite porque significaría penalizar la opinión exhortar al Congreso a que archive el proyecto de ley de profesionalización periodística debido a los riesgos que una indebida regulación podría generar para el ejercicio libre e independiente del periodismo. El riesgo radica en la posibilidad de que quede en manos del Estado la decisión sobre quién es y quién no es periodista, y se genere una categorización de periodistas en el país.

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