Conclusiones

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Conflictos internos, amargas luchas políticas, economías frágiles, temores de terrorismo y —en Cuba y Venezuela— una abierta represión o amenazas de represión, han abatido a la libertad de prensa en todo el hemisferio.


Los peligros que enfrentan las libertades de expresión y de prensa en la mayor parte de los países del continente parecen ir en aumento. El derecho de los ciudadanos de buscar información, difundirla, expresar sus opiniones y debatir libremente sobre sus acuerdos y disensos, se ve progresivamente restringido, lo que va empobreciendo gradual y sutilmente nuestras democracias. Las libertades de prensa también se han visto estremecidas en países que tienen una historia ejemplar. Climas económicos adversos —monedas devaluadas aunadas a impuestos elevados y a la reglamentación del sector— limitaron la capacidad de algunos medios de información para operar tan libremente como hubieran querido.


Y los temores de terrorismo han restringido el acceso de los medios a la información tanto en Estados Unidos como en otros países. Las principales formas en que se manifiestan estas restricciones a la prensa son las siguientes: Violencia contra periodistas La máxima expresión de los embates contra la prensa la constituyen los asesinatos de periodistas.


Desde nuestra asamblea de Chicago hace seis meses, siete nuevas víctimas han caído en Brasil, Colombia, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Perú, casi todos ellos por motivos incuestionablemente vinculados a su trabajo profesional. Los que se dedican al periodismo investigativo y comentaristas de radio y televisión francos y abiertos continúan siendo blanco principal de asesinatos perpetrados por delincuentes en algunos países, especialmente en Colombia y Haití.


Sin embargo, está surgiendo una tendencia perturbadora: al parecer, periodistas que cubren noticias cotidianas también son blancos frecuentes de la policía o de bandas de simpatizantes del gobierno. En las últimas semanas, los reporteros que resultaron heridos o muertos en Venezuela y Haití estaban cubriendo manifestaciones pacíficas que fueron dispersadas por las fuerzas policiales, las cuales, al parecer, actuaban bajo órdenes del gobierno.


Tan inquietante como lo anterior es el hecho de que la mayoría de estos asesinatos quedan sin resolverse y sus autores permanecen en la impunidad. Pareciera que las autoridades no siempre se conmueven ante estos dramáticos atentados, lo que puede dejar en la mente de los agresores la sensación de que es fácil atacar a los periodistas, con lo cual aumenta el peligro de nuevos intentos criminales. Sin llegar a esos extremos, las agresiones físicas y las amenazas intimidatorias se repiten en numerosos países como Venezuela, Haití, Cuba, Colombia, Ecuador y Honduras.


Alentados por el presidente Hugo Chávez en Venezuela y por el recién derrocado presidente Jean-Betrand Aristide en Haití, la policía y bandas armadas han sido responsables en las últimas semanas de ataques contra varios periodistas, entre los que figuran, en el caso de Haití, periodistas extranjeros. Y, en Colombia, además de los asesinatos relacionados con la guerrilla financiada por el narcotráfico, dos periodistas fueron asesinados en los últimos seis meses luego de revelar actos de corrupción entre funcionarios del gobierno.


En algunos países, una aparente calma esconde serias y graves amenazas proferidas contra los periodistas desde frentes muy diversos que van desde los narcotraficantes y sus organizaciones criminales hasta los jueces y los propios gobernantes, como ha ocurrido en Venezuela, Ecuador y Argentina. Hasta los líderes elegidos democráticamente han demostrado una voluntad de proferir amenazas verbales contra los periodistas. Desde la Presidencia de la República, en Argentina, ha habido funcionarios que presionan a través de llamadas telefónicas a medios de comunicación y periodistas que critican al gobierno.


Y en El Salvador, el candidato presidencial Shafick Jorge Handal, tildó de “corruptos” y de “basura” a los periodistas, tal vez presagiando la represión que habría si gana las elecciones. Es cada vez más inquietante el odio que siente el presidente Chávez contra la prensa libre, lo cual se vio claramente cuando en un discurso por televisión propalado un día después de que su policía atacó a varios periodistas que cubrían las manifestaciones contra su gobierno, dijo que el ejército cerraría Globovisión, un canal independiente “cueste lo que cueste”.


En repetidas ocasiones ha prometido bloquear el referéndum nacional sobre su presidencia y ha acusado a los medios de fomentar la conspiración en su contra. Igualmente inquietante es la opinión emitida por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en la que declara que “la libertad de expresión no es un derecho absoluto de los seres humanos”. Detenciones y Encarcelamientos En Cuba, pero también en otros países, como en Venezuela y Chile, se ha detenido y encarcelado a periodistas sólo por haber cumplido sus tareas profesionales. Para ello se ha recurrido a leyes sobre privacidad, sobre seguridad o sobre desacato.


Sin duda alguna, la represión de la libertad de expresión es un caso aparte en Cuba, donde Fidel Castro no ha demostrado visos de cambio en su determinación de impedir la actuación de los periodistas independientes. Los 28 periodistas independientes encarcelados el año pasado aún permanecen en prisión, algunos en condiciones deplorables a pesar de padecer problemas de salud. (Por increíble que parezca, otros valientes periodistas están llenando el vacío, muchos de ellos mujeres, entre las que destaca la esposa del poeta y periodista Raúl Rivero, miembro de la SIP).


En este sentido, todavía ningún otro país llega a los niveles de Cuba, calificada como “la cárcel para periodistas más grande del mundo”. Hostigamiento judicial y amenazas de nuevas leyes restrictivas No obstante los esfuerzos continuos de los miembros de la SIP, el poder judicial en muchos países —incluso en aquéllos cuyas normas de derechos civiles son, por lo demás, progresistas— continúa aplicando las llamadas leyes de “desacato” que restringen la crítica a los funcionarios públicos.


En Chile, una estación de televisión nacional y sus ejecutivos principales, Chilevisión, se enfrentan a penas de cárcel y a multas por publicar informes sobre un juez con un comportamiento sexual clandestino que, a su vez, tenía a su cargo un controvertido caso de pedofilia.


Es irónico e insidioso que los que abogan por estas leyes suelen presentarse como campeones de la privacidad individual al proteger a los funcionarios oficiales contra el fisgoneo de los medios de comunicación, independientemente de las fechorías que ese “fisgoneo” pueda poner al descubierto. Leyes similares siguen vigentes en muchos países, incluidos Panamá, Perú, Venezuela, Costa Rica, Ecuador y Honduras.


Otras leyes dificultan el acceso de los periodistas a las fuentes públicas. En algunos países, como Chile, El Salvador y Honduras, se debatía sobre la imposición de nuevas barreras al acceso de información. Entre las medidas más restrictivas está una “ley mordaza” que penalizaría gran parte de las investigaciones periodísticas en Brasil. Las interpretaciones que hacen los jueces de las leyes a menudo son las más estrictas que pueden hacerse, lo que aumenta la restricción a la prensa. Luchas políticas y crisis económicas La prensa encuentra grandes dificultades para cumplir su papel en aquellos lugares donde los conflictos políticos se exacerban y el enfrentamiento interno se agudiza. Al lenguaje amenazante de las pasiones políticas, siguen el desorden callejero y la violencia.


En este clima, las fuerzas políticas terminan siempre acusando a la prensa, después de intentar manipularla o silenciarla. Tales situaciones se han producido en varios países del continente, entre los cuales se distingue Venezuela por la intensidad y duración de su crisis política, junto a Haití y Bolivia. Aunque el propósito inicial puede haber sido político y no dirigido a la prensa, estos hechos, tan comunes en nuestra región, terminan por impedir la libre expresión de los ciudadanos. Del mismo modo, las posibilidades de los medios de comunicación para desempeñar su trabajo continúan siendo limitadas debido a la difícil situación económica del hemisferio.


Las diferencias monetarias tienden a encarecer el costo del papel de imprenta y de otros materiales. Asimismo, algunos gobiernos, incluidos los de Argentina, Venezuela y la República Dominicana, han agravado la situación al gravar los medios de comunicación y aplicar reglamentos que encarecen sus operaciones. En la República Dominicana se han dejado de publicar dos revistas semanales, sumándose así a otros tres periódicos que ya habían tenido que cerrar sus operaciones.


Al mismo tiempo, sin embargo, el centenario Listín Diario continúa publicándose bajo la autoridad del gobierno tras su intervención el pasado año por lavado de activos. Este periódico ha disfrutado de una ventaja sobre sus rivales al contar con publicidad oficial y sigue una línea editorial progubernamental que pone en duda su independencia. Problemas en la cobertura del terrorismo El acceso a la información y a los hechos noticiosos se ha visto afectado por los deseos de algunos gobiernos, sobre todo de Estados Unidos y Canadá, de protegerse contra el terrorismo.


En Estados Unidos, por lo menos dos periodistas extranjeros fueron detenidos a su llegada, interrogados y devueltos, pese a que alegaron que no pensaban realizar ninguna otra actividad que no fuera la de reportar noticias. (La SIP ha pedido a Estados Unidos que permita la entrada de periodistas al país sin necesidad de visas). Sin permitir ninguna cobertura de prensa, una comisión del ejército norteamericano, que realizó una investigación acerca de la muerte de un periodista en Bagdad causada por un tanque que abrió fuego contra el Hotel Palestina (base de operaciones de muchos reporteros que cubrían la guerra de Irak), adujo no haber encontrado motivos para tomar medidas. Por otra parte, el gobierno norteamericano continúa limitando el acceso de los medios informativos a los prisioneros que se mantienen incomunicados en la base naval de Guantánamo, Cuba.


La celebración de juicios imparciales es un tema que está indisolublemente ligado a la libertad de prensa. Acontecimientos positivos No todas las noticias son negativas. Resalta el hecho de que en México y Guatemala se ha avanzado hacia sistemas de gobierno más abiertos. En el congreso mexicano se tramitan algunos proyectos de ley que obligarían al gobierno federal a asumir la investigación y enjuiciamiento de las agresiones realizadas contra periodistas.


En Guatemala, tras la toma de posesión del presidente Oscar Berger, parece haber llegado a su fin un período de acoso a la prensa provocado por varias investigaciones sobre corrupción gubernamental. El presidente Berger ha declarado públicamente su apoyo a la Declaración de Chapultepec.


Por último, ha sido motivo de gran satisfacción para la SIP que la UNESCO haya nombrado al periodista cubano encarcelado Raúl Rivero, director y vicepresidente regional de esta comisión para Cuba, como el ganador del Premio Libertad de Prensa Guillermo Cano, el cual le será otorgado el 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa.

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