Impunidad - México II

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CONSIDERANDO que el director del semanario Ojinaga Jose Luis Ortega Mata fue asesinado el 21 de febrero del 2001 en el estado de Chihuaha y que aun no se ha esclarecido el crimen y que ha habido en los últimos seis meses numerosas amenazas en contra de periodistas CONSIDERANDO que tras siete años del asesinato del periodista Roberto Mancilla Herrera, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 2 de febrero de 1993, los hombres detenidos inicialmente como probables responsables del crimen salieron libres por falta de pruebas en su contra y la investigación no ha señalado a otros sospechosos ni tampoco ha logrado que se giraran otras órdenes de aprehensión CONSIDERANDO que Luis Mario García fue asesinado el 12 de febrero de 1998 y aún no hay acusados por el crimen, pese a que la Subprocuradora a cargo del caso, Margarita María Guerra y Tejeda, declaró que había sido cometido por un ayudante de la Policía Judicial Federal, identificado por un testigo de los hechos; y la investigación está detenida CONSIDERANDO que Víctor Hernández Martínez fue asesinado el 26 de julio de 1997 frente a las oficinas de la Policía Judicial Federal en la Ciudad de México y la investigación no ha llevado a identificar el móvil o a los posibles autores del crimen, pese a que los procuradores en esa época del Distrito Federal y de la República se comprometieron tras su muerte a esclarecer con prontitud el asesinato CONSIDERANDO que tras dos años de la muerte del periodista estadounidense Phillip True, en el estado de Jalisco, y pese a que están detenidos los dos asesinos confesos del periodista, el período de pruebas sigue abierto y los cambios ocurridos, tres jueces y tres fiscales, retrasan el curso normal del proceso y extiende el plazo fijado por la ley para dictar sentencia CONSIDERANDO que José Ramírez Puente, periodista e informante del Centro de Información y Seguridad Nacional (CISEN) de la Secretaría de Gobernación, fue hallado muerto el 28 de marzo del 2000 en su auto, donde también presuntamente incautaron marihuana, es investigado por la Procuraduría General de la República que aún no descubre el móvil o los presuntos responsables del asesinato CONSIDERANDO que el principio 4 de la Declaración de Chapultepec establece que “el asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimida¬ción, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impu¬nidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y san¬cionados con severidad” LA JUNTA DE DIRECTORES DE LA SIP RESUELVE exhortar a las autoridades estatales y de justicia de Chihuahua que ordenen la rigorosa investigación de la muerte de Ortega Mata para hallar los culpables de dicho crimen solicitar al gobierno de Chiapas que revise la investigación, las líneas exploradas y la razón por la cual salieron en libertad los dos detenidos; exhortarle a que explore las hipótesis iniciales y aquéllas que parecían indicar que el móvil fue por su actividad profesional solicitar a todas las autoridades del orden federal, estatal y municipal que se adelanten las investigaciones tendientes a identificar las fuentes de las amenazas a los periodistas al igual que se den las suficientes garantías para protegerlos contra los diversos peligros. solicitar al gobierno del Distrito Federal que revise la investigación iniciada por la anterior administración de Justicia y la consistencia de su indagatoria, que al parecer involucra a personal cercano a la Procuraduría General de la República e indague la razón por la cual el personaje identificado por la funcionaria, no fue arrestado exigir a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que garantice la continuidad en la indagatoria y que intensifique la investigación exhortar al Gobierno de Jalisco y al Poder Judicial del Estado para que garanticen la continuidad del proceso de la muerte de True, a fin de que no haya más cambios y sucesiones de quienes manejan el caso para que llegue pronto a su término exigir a las autoridades del estado de Chihuahua, a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Gobernación, esclarecer si la droga hallada en el auto fue puesta deliberadamente para desviar la investigación y difamar al periodista José Ramírez Puente; despejar si el asesinato estuvo relacionado a su trabajo como informante o espía de una dependencia estatal, y exhortar a la Procuraduría del estado de Chihuahua que intervenga en la investigación o a la Procuraduría Federal, para que garantice continuidad.

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