Conclusiones

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En los últimos seis meses observamos cuatro importantes tendencias en amenazas contra la libertad de expresión: La primera, un preocupante aumento de la violencia física contra periodistas y atentados contra medios cuya consecuencia más grave fue el asesinato de ocho periodistas en Bolivia, Ecuador, Guatemala, México y Venezuela. La segunda, el deterioro de las relaciones entre gobiernos y prensa, caracterizado por constantes y sistemáticas agresiones verbales provenientes de altas autoridades, con el objeto de desprestigiar la labor periodística. La tercera, el uso inapropiado de fondos públicos por parte de gobiernos para presionar y discriminar a los medios de comunicación a través de la publicidad oficial. Y, finalmente, la aprobación de leyes de acceso a la información pública en varios países, aunque numerosas excepciones podrían comprometer su efectividad. En Argentina, continuaron las agresiones por parte del Poder Ejecutivo contra medios y periodistas, especialmente durante los meses de conflicto entre el gobierno y el agro. Está pendiente una ley sobre acceso a la información pública y otra sobre reglamentación técnica para distribución de publicidad oficial. Estos temas, junto con legislación sobre radiodifusión son utilizados por el poder público para presionar y discriminar a medios y periodistas. En Aruba, se registraron episodios de discriminación en la pauta publicitaria oficial. En Brasil, varias decisiones judiciales han dado lugar a condiciones de censura previa y el gobierno ha sometido un proyecto de ley sobre intercepciones telefónicas que amenaza con coartar el libre ejercicio periodístico. También se presentaron otras iniciativas legislativas sobre el acceso a la información pública y una reforma a la ley de prensa. En Bolivia, el Poder Ejecutivo, particularmente el presidente Evo Morales, ha mantenido una política de agresión contra los medios. Los que critican su administración son descalificados como separatistas o “amigos del Imperio”. A raíz de la crisis social y política, se han registrado niveles altos de agresiones contra periodistas y ataques contra medios perpetrados tanto por grupos opositores como por grupos pro gubernamentales. Además, existe la preocupación de que la nueva Constitución contiene claras amenazas a la libertad de prensa y al ejercicio de la labor periodística. En Colombia se redujo el clima de violencia contra periodistas. No obstante, un proyecto de ley sobre el derecho a la información no aplica estándares internacionales. En Cuba, tras la devastación producida por los huracanes Gustav e Ike, el gobierno redobló esfuerzos para limitar y censurar información. Continúan privados de su libertad 26 periodistas, bajo condiciones deplorables en las cárceles cubanas, presentando, en algunos casos, graves deterioros de su salud. En Estados Unidos está pendiente la aprobación final de la “Ley de libre flujo de información”, también conocida como Ley Escudo, la que fue aprobada de manera abrumadora en la Cámara de Representantes en octubre del 2007. En Ecuador, el presidente Rafael Correa agudizó su actitud agresiva contra los medios calificándolos con fuertes epítetos como su “opositor” principal. Desde que asumió el gobierno se incautaron algunos medios sin que se haya cumplido la ley para: o devolverlos – si los afectados prueban su legal propiedad - o sacarlos a remate. Los medios en poder del gobierno han sido utilizados para desmentir a los medios independientes y para difundir excesiva propaganda gubernamental. En Nicaragua las mayores agresiones contra periodistas y medios de comunicación independientes han sido incentivadas por el Poder Ejecutivo. El presidente Daniel Ortega, ha utilizado mecanismos directos e indirectos como forma de presión. El gobierno ha actuado judicialmente contra periodistas y medios independientes y utiliza la publicidad estatal para discriminar. En México la espiral de violencia generada por el crimen organizado en especial el narcotráfico ha tenido consecuencias graves para el ejercicio del periodismo. Continúan los asesinatos y agresiones contra los periodistas mientras que la impunidad persiste en la mayoría de estos casos. Cada vez son más frecuentes los ataques a la prensa independiente por parte de las autoridades a través de declaraciones verbales y la asignación arbitraria de la publicidad. En Perú se registró un alto número de amenazas contra periodistas que, en forma abierta, realizan funcionarios de alta jerarquía. Hay retrocesos en materia de acceso a la información pública pues si bien hay legislación al respecto, el poder público está lejos de cumplirla. En Uruguay se profundizaron las presiones gubernamentales para torcer el enfoque de la cobertura de los medios, entre ellas el uso discriminatorio de la publicidad oficial. Se dio un nuevo impulso de demandas judiciales contra periodistas, tanto civiles como penales. Un proyecto de ley sobre acceso a la información parece crear más excepciones que mecanismos de acceso. En Venezuela, con la puesta en vigencia por decreto de 26 leyes que contradicen el resultado del referéndum del 2 de diciembre, el presidente Hugo Chávez tiene facultades para expropiar cualquier empresa privada, incluyendo medios de comunicación. El gobierno continua con su estrategia de amenazar con el cierre de medios, culpar a los independientes de ser parte de conspiraciones y echar del país a organizaciones como Human Rights Watch que denuncian violaciones a los derechos humanos y en particular a los derechos de libertad de prensa y expresión. Del lado positivo, Guatemala y Chile aprobaron leyes de transparencia de la función pública y de acceso a la información. Mientras que en España, se subraya la necesidad de que las autoridades pongan en marcha de forma inmediata una ley de libre acceso a la información que reconozca y regule el derecho de los ciudadanos a acceder – de manera rápida, gratuita y efectiva - a los archivos y registros administrativos en manos de autoridades y organismos públicos, tal como se establece en el Artículo 105 de la Constitución española de 1978.

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