Colombia

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CONSIDERANDO Que este semestre como consecuencia de la creciente polarización política que se vive en el país y por las fricciones entre las ramas del poder público, aumentaron las acciones de carácter judicial y administrativo contra medios de comunicación y columnistas y se utilizaron descalificativos y mecanismos de presión a periodistas -como citaciones a declarar en investigaciones judiciales- en un claro desconocimiento del secreto profesional que consagra la Constitución CONSIDERANDO Que avanza en el Congreso el estudio de un proyecto de ley que regula el derecho a la información con posibles implicaciones para el ejercicio libre e independiente del periodismo, constituyéndose un consejo de información que podría actuar como un tribunal de censura CONSIDERANDO Que a pesar de que este semestre no hubo asesinatos de periodistas y se presentó una disminución en las violaciones relacionadas con amenazas y obstrucción del trabajo periodístico, estas siguen siendo las más frecuentes formas de intimidación en los departamentos de Arauca, Caquetá, Nariño, Tolima, Santander, Cesar, Antioquia y el Valle del Cauca CONSIDERANDO Que el artículo 10 de la Declaración de Chapultepec establece: “Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público” LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE Pedir a los distintos poderes públicos dar cumplimiento al deber constitucional de respetar la autonomía e independencia de los medios de comunicación como requisito esencial para garantizar el derecho a la información y el desarrollo real de la libertad de expresión Exhortar al Congreso de la República a que cualquier proyecto, por el cual se reglamenta el derecho a la información, contenga normativas suficientes para garantizar el derecho a la información y a la libertad de expresión y la armonía entre éstos y otros derechos fundamentales como el buen nombre y la dignidad Exigir a las autoridades departamentales, funcionarios públicos y a la Fuerza Pública, garantizar el desarrollo del trabajo periodístico en los departamentos de Arauca, Caquetà, Nariño, Tolima, Santander, Cesar, Antioquia y Valle del Cauca y a la Fiscalía General de la Nación, investigar las amenazas de las que son víctimas los comunicadores en esas zonas del país para castigar a los responsables.

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