GUATEMALA

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GUATEMALA CONSIDERANDO que la credibilidad de los medios de prensa y de los periodistas constituye un factor importante en el ejercicio de su valor informativa, que siempre debe estar al servicio de la opinión pública CONSIDERANDO que es deber del Estado velar porque se respete la libertad de expresión en toda su dimensión de acuerdo a lo que establece la Constitución de la República, con el fin de garantizar –además- el derecho de la población a recibir información CONSIDERANDO que la denuncia de hechos de corrupción, impunidad, y la manipulación política del monopolio de televisión en canales VHF, provocó que los medios de prensa independientes y determinados periodistas, en particular los directores de los diarios Prensa Libre y El Periódico, hayan sido objeto de una campaña de desprestigio por parte de dos telenoticieros y una radio que responden a los intereses del ministro de Comunicaciones, Luis Rabbé, vinculado con el mencionado monopolio CONSIDERANDO que ha sido pública la actitud del Gobierno del presidente Alfonso Portillo, de tolerar las acciones de su ministro de Estado, sin intervenir para evitar el eventual daño que se podría evitar a la prensa independiente, de la misma manera que se conoce la actitud de varios funcionarios que niegan información a la prensa, a pesar de existir garantías constitucionales de libre acceso a las fuentes de información CONSIDERANDO que han existido veladas amenazas de muerte contra periodistas y que la campaña de desprestigio incluye acciones de desinformación e intimidación que ponen en peligro la seguridad de quienes trabajan en periodismo en un país con triste pasado de violencia contra la prensa LA JUNTA DE DIRECTORES DE LA SIP RESUELVE condenar toda acción que se lleve a cabo con el fin de desprestigiar a periodistas y periódicos demandar al gobierno del presidente Alfonso Portillo, el claro y determinado respeto a la libertad de expresión y de prensa, así como la aplicación de sanciones legales a los funcionarios que no respeten plenamente las garantías constitucionales en la materia pedir al Relator de la OEA para la Libertad de Expresión, Santiago Cantón, que siga de cerca los acontecimientos y que intervenga en el caso, de acuerdo a sus posibilidades enviar una delegación especial a Guatemala para que compruebe in loco lo que está sucediendo y transmita de manera directa al mandatario guatemalteco la preocupación de la prensa hemisférica por este tipo de acciones en contra de la credibilidad de la prensa.

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