ECUADOR

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ECUADOR CONSIDERANDO que la nueva constitución política de Ecuador, que entró en vigencia el 10 de agosto de 1998, contiene disposiciones que ponen en riesgo la libertad de expresión que tal amenaza proviene de que la garantía del estado al derecho a acceder a fuentes, buscar, recibir, conocer y difundir información está condicionada en la Carta Política a que tal información sea objetiva, veraz, plural y oportuna que, además, la constitución establece para los periodistas y comunicadores, en especial, la obligación de preservar los valores de la comunidad que, igualmente, impone a los medios de comunicación social la obligación de participar en los procesos educativos, de promoción cultural y preservación de valores éticos que la libertad de información y opinión, como todos los derechos humanos esenciales, no puede estar condicionada a calificaciones o requisitos, aunque fueren aparentemente positivos, porque cada quien interpreta esas nociones en forma subjetiva que semejantes disposiciones y límites, en manos de los que resulten afectados por la informacióno peor si llegaren a posiciones de poder personajes autoritarios- podrían convertirse en instrumentos represivos y hasta persecutorios contra el derecho a la libre información y opinión que la Sociedad Interamericana de Prensa se ha opuesto con los mismos argumentos al llamado derecho a la información veraz, que la VII Cumbre Iberoamericana de Presidentes, efectuada en Margarita, Venezuela, el 8 de noviembre del año anterior, tampoco aceptó incluir en su declaración final que el Ecuador es un país donde se ha respetado tradicionalmente la libertad de información y opinión que la prensa y la información no deben estar sometidas a normas y obligaciones especiales, sino estar encuadradas en la legislación general del país LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE expresar su profunda preocupación por el marco jurídico regulatorio y amenazante con el cual se ha legislado en la nueva constitución ecuatoriana el ejercicio de la libertad de información y opinión invocar al Congreso Nacional de Ecuador para que considere la derogatoria de tales disposiciones a fin de que la libertad de expresión se manifieste en términos similares a los que constan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como corresponde a la tradición libertaria y respetuosa del derecho de los ecuatorianos mantenerse en permanente vigilancia para que las disposiciones peligrosas no se conviertan, entre tanto, en instrumentos de limitación o persecución para el ejercicio de la libertad de expresión.

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