Conclusiones

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Asamblea General
Caracas, Venezuela
14 - 18 de octubre de 1995
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CONCLUSIONES En demasiados paises de todas las Américas los periodistas son objeto de la violencia. Por lo menos siete han sido asesinados en los últimos seis meses, lo que se añade a una cifra que resulta cada vez mayor con cada reunión de esta Sociedad. Aunque los ataques contra los periodistas en sólo tres países -Colombia, México y Guatemalaconstituyeron 17 de los 18 asesinados en 1994, ahora debe agregarse Brasil a la lista de los principales infractores. Los cuatro asesinatos de periodistas perpetrados en ese país desde marzo son notables por su salvajismo: uno murió a consecuencia de 14 balazos y otro de siete impactos de bala. El asesinato de dos periodistas en Colombia hace llegar a S9 el total de los profesionales de la prensa que han perdido la vida violentamente en este país en los últimos siete años. El asesinato de otro periodista en México hace llegar a 18 los ultimados allí en el mismo período. Resulta estremecedoramente sorprendente que prácticamente todos los autores de estos delitos violentos contra la humanidad han escapado de la justicia. Así las cosas, lo que Danilo Arbilla, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, califica como el "crimen sin castigo", sigue cobrando víctimas y sus autores continúan en libertad. Los ataques a los periodistas, secuestros, amenazas de muerte y arrestos bajo cargos espurios, contribuyen a una atmósfera escalofriante en el hemisferio que afecta la libertad de expresión. En Argentina, quedan aún sin resolver, y por lo tanto impunes, más de 60 ataques y amenazas dirigidas contra periodistas en los últimos dos años. Incluso en la Curazao democrática, un periodista fue arrestado por un día recientemente cuando a un policía no le gustó que le tomaran una foto. En Cuba, el peso de los años que cae sobre un dictador y un sistema político desacreditado, están creando algunas pequeñas oportunidades tentativas de cambio, pero con frecuencia a un terrible costo para los periodistas disidentes. Según lo expresado en el informe sobre Cuba de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, el régimen de Castro mantiene "un control de hierro sobre la información y una absoluta manipulación de la misma por parte de los que detentan el poder". Es una trágica paradoja que incluso a medida que la democracia barre los países del Nuevo Mundo, los gobiernos democráticos continúan actuando de manera opuesta. Muchos aprueban y promueven dichos abusos contra una prensa libre, que de ocurrir en un estado totalitario, recibirían la condena universal. Los tribunales y las legislaturas se usan con frecuencia a manera de pantalla para ocultar los intentos de los gobiernos por silenciar a los medios que los critican. Se han impuesto fuertes multas por supuestas difamaciones en Argentina. En Paraguay se ha amenazado con hacer lo mismo. Por su parte, en Uruguay ha surgido una verdadera "industria" de demandas judiciales contra los medios de comunicación. En muchos países -Panamá, Venezuela, Paraguay, Ecuador, Uruguay y México- los gobiernos y oficinas públicas manejan discriminatoriamente la publicidad oficial, sancionando o premiando a los medios de comunicación según su línea editorial. Un ominoso" derecho de réplica por omisión" se incluye en una nueva ley de prensa aprobada por la Cámara de Diputados de Chile. Según el informe sobre Chile, de aceptarse esta exigencia, "los medios se convertirían en una torre de Babel". Eso los "convertiría en esclavos de los egos de las miles de personas que creen que reinventan el mundo día a día". Igualmente ominosa es una cláusula que prohibiría a cualquier publicación tener más del 30 por ciento de la circulación nacional de medios, una afrenta tanto a la libre empresa como a una prensa libre. En Bolivia, un proyecto de ley de telecomunicaciones eliminaría el derecho de los periodistas a mantener la confidencialidad de sus fuentes. Además, un proyecto de ley de banca establecería penas de prisión para los periodistas hallados culpables de "desestabilizar la economía nacional". Es significativo que algunas leyes de prensa represivas continúan restringiendo la libertad de expresión incluso después que antiguos regímenes despóticos han sido reemplazados por gobierno democráticos. En Panamá, leyes contra la prensa que datan de 1978 todavía siguen vigentes. En cualquier momento pueden hacerse cumplir, lo que significaría una burla cruel para la prensa libre en Panamá. En Brasil también, una ley de prensa anticuada del período de la dictadura, que autoriza a la justicia a restringir los medios de comunicación, todavía no ha sido eliminada, a pesar de contrariar la Constitución actual. Algo que ilustra los peligros de este fenómeno es la reciente resuscitación de un memorando peruano de 1987, que exige que las declaraciones de los tribunales a la prensa "sean canalizadas únicamente a través del presidente de la Corte Suprema ... " El Consejo Administrativo Judicial prohibió hace poco a todos los jueces que hagan declaraciones a los medios. Incluso en momentos que viejas leyes represivas se mantienen en los libros, algunos gobiernos están ocupados pensando en otras nuevas. En Paraguay, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que enmienda el código electoral e infringe el derecho de los medios de comunicación a decidir qué pueden editar. Diez días antes de una elección, los periódicos tendrían que publicar en cada edición una página completa "que explica las plataformas de los partidos, los movimientos y alianzas políticas". La radio y la televisión tendrían que dedicar el 3 por ciento de su tiempo de transmisión al mismo objetivo. En Nicaragua, varios cambios constitucionales han afectado" el derecho de réplica". En Venezuela también se aprobó una ley de colegiación, aunque ésta ha sido impugnada ante la Corte Suprema. En Puerto Rico, tanto el Senado como la Cámara de Representantes han aprobado medidas que restringen o bloquean el acceso de la prensa a los documentos públicos. Una importante víctoria para la prensa libre en las Américas es el fallo de la Corte Suprema de Costa Rica que declaró inconstitucional la colegiación obligatoria de los periodistas. Aunque la Convención Americana de Derechos Humanos afirma la libre práctica del periodismo en calidad de un derecho universal, expresó la corte, la polémica ley de colegiación "hace del derecho a practicar el periodismo un privilegio especial". Asimismo, en Brasil también se produjo una sentencia judicial que declaró inconstitucional la exigencia de título universitario para ejercer el periodismo. Finalmente, en Haití, aunque se establece el principio de una prensa libre, en la práctica no ocurre así, tanto debido a la crisis económica como a la disuasión del gobierno. La batalla por una prensa libre en el hemisferio es, por lo tanto, una lucha sin final. Se redobla con cada informe de esta Asamblea, como ha sucedido durante los últimos 51 años.

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