La violencia y agresión contra periodistas y medios de comunicación continuó aumentando en este semestre.
De la intimidación y las agresiones se pasó al encarcelamiento, al intento de una ley mordaza, e incluso se volvió a la vieja práctica de clonar ejemplares periodísticos para obstaculizar la labor de medios críticos al gobierno. En muchos casos los autores de estas violaciones fueron funcionarios públicos.
El 16 de octubre fue secuestrada en la ciudad de Reynosa, en Tamaulipas, la doctora María del Rosario Fuentes Rubio, ciberactivista y colaboradora de la página de denuncia de la violencia, Valor por Tamaulipas. Ella trabajaba en un hospital donde habría atendido a un familiar de un narcotraficante. Fue secuestrada junto a otro médico y una enfermera.
Los secuestradores posteriormente usaron su cuenta de Twitter para publicar dos fotos. En una aparece con vida y en la otra aparece muerta junto con advertencias a otros ciberactivistas. La cuenta cancelada.
Integrantes de la red Valor por Tamaulipas informaron sobre el asesinato de Fuentes Rubio, pero las autoridades no. Se desconoce el paradero de las otras personas secuestradas con ella. Su crimen se sumaría a otros ocurridos en años anteriores en Tamaulipas con el objetivo de generar terror e inhibir la denuncia y las acciones civiles.
El 11 de agosto fue asesinado el periodista Octavio Rojas, colaborador del diario El BuenTono, en Oaxaca. Un grupo armado le disparó cuando cubría asuntos relacionados con el crimen organizado. Dos días antes había escrito sobre una operación militar para detener a una banda criminal conocida como los “Chupadictos”, en la que sugirió que era integrada por el director de la policía municipal, prófugo en ese momento.
En este período se registraron 87 agresiones contra la prensa, entre ellas 13 detenciones arbitrarias y ocho procesos legales por difamación, calumnia y otros delitos atribuidos de forma dolosa.
Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Quintana Roo, Distrito Federal y Guerrero siguen siendo los estados más peligrosos para ejercer el oficio. Las mujeres siguen siendo las más vulnerables ante los ataques, como lo documentó la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos con 41 acciones violentas directas contra defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas.
Todo esto ocurre pese a la existencia de una Fiscalía Especial y hasta un Mecanismo de Protección para Periodistas que si bien tiene tres años de haber sido creado, recién en mayo se trazaron sus lineamientos de operación. Hasta el momento, este organismo otorgó 85 medidas de protección.
El informe dado por el presidente Enrique Peña Nieto detalla que desde septiembre del 2013 a julio de 2014 se iniciaron 198 averiguaciones previas por delitos contra periodistas y en 15 casos se ejerció acción penal contra los responsables. En once casos la autoridad federal autorizó el no ejercicio de la acción penal, doce expedientes fueron acumulados y 69 indagatorias se determinaron por incompetencia, es decir, según el gobierno de la República, se tienen por concluidos 107 casos.
Además, se dijo que dieron seguimiento a 48 solicitudes de medidas cautelares, de las que 27 se canalizaron al Mecanismo para la Protección de Periodistas y 21 a instancias gubernamentales. El gobierno informó también que impartió cursos del Manual de Prevención de Delitos contra la Libertad de Expresión a 937 periodistas y directivos de medios en Baja California, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán y Distrito Federal.
En materia de restricciones legales, el 31 de julio el Congreso de Sinaloa aprobó una iniciativa enviada por el gobernador Mario López Valdez, para modificar el artículo 51 Bis de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, en la que se establece que los medios de comunicación solo podrán tener acceso a información de las investigaciones a través de los boletines de prensa de la Unidad de Acceso a la Información Pública.
Además, se negaría el acceso de los reporteros a lugares donde se cometieron delitos, y se prohibió tomar audio, video o fotografía a personas involucradas en un evento delictivo; además de restringir la publicación de información relacionada con la seguridad pública o la procuraduría de justicia.
Debido a las fuertes críticas el 5 de agosto se decidió no publicar el Decreto. Quince días después, el Congreso derogó el artículo 51 Bis.
Existe expectativa sobre una nueva Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, enviada por el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso, que contiene artículos que criminalizan a la prensa y atentan contra el derecho a la información.
Esta ley prohíbe la difusión de datos, imágenes y referencias sobre menores de edad en cualquier situación, incluso quienes hayan participado en un delito, penalizando con 500 mil pesos diarios a los medios que violen la ordenanza.
Cronología de otros hechos relevantes.
El 7 de abril el diario El BuenTono, de Veracruz, presentó una denuncia ante el Ministerio Público luego de recibir amenazas de atentado contra sus instalaciones, por medio de llamadas telefónicas intimidatorias. Esta denuncia se suma a la interpuesta por el mismo diario en el 2011 cuando el edificio en que laboran fue rociado con gasolina e incendiado. El grupo de 20 personas armadas que lo perpetró no fue identificado.
El 18 de abril robaron en la casa de Miguel Badillo, director de la revista Contralínea en la Ciudad de México, medio que viene sufriendo intimidaciones desde agosto de 2007.
El 5 de mayo hombres encapuchados interceptaron a Gustavo Sánchez, director general del portal de noticias La Policiaca del Istmo, de Salina Cruz, Oaxaca, amenazándolo de muerte.
Martha Durán, corresponsal de Radio Nederland, en México, recibió amenazas de muerte por su seguimiento al asesinato de una joven holandesa en Ciudad Juárez.
Erick Rafael Sánchez, camarógrafo del Grupo Imagen Multimedia, fue agredido por agentes de la policía estatal de Michoacán, quienes también robaron su equipo de video, cuando cubría un operativo en un centro comercial de la capital michoacana.
Iván Galán Rocha, de la Agencia Informativa Esquema, denunció al presidente Municipal de Tuxpan, por haber ordenado su detención y ser golpeado, por sus críticas a dicha autoridad.
Jaime Lagunas y Armando Solís, del diario La Voz de Michoacán y Javier Maldonado, director de la Agencia de Noticias Noventa Grados, fueron golpeados por autoridades policiales mientras hacían su labor.
El 10 de junio, periodistas, entre ellos Marco Ugarte, fotógrafo freelance de The Associated Press; Paris Martínez, de la revista Animal Político, Luis Castillo, del diario Reforma y Néstor Negrete, freelancer, fueron golpeados por encapuchados identificados como anarquistas durante una protesta social en Ciudad de México.
El 23 de junio, la revista Contralínea fue asaltada, sustrayendo equipo electrónico. Los delincuentes cortaron los cables de las cámaras de vigilancia que les fueron instaladas por parte del Mecanismo para la Protección de Periodistas.
Ese mismo mes, en Baja California, dos medios informativos recibieron ataques cibernéticos. El portal Pregonero de baja recibió al menos 11 ataques a su sitio, perjudicando sus operaciones.
Los ataques al portal Periodismo Negro iniciaron el 20 de junio y continuaron todo un fin de semana, su director Jaime Delgado denunció que había recibido mensajes intimidatorios por parte de miembros de un partido político, por su postura crítica hacia el gobierno panista. Una semana antes de recibir la amenaza, el portal que dirige fue señalado en una denuncia penal, por el delito de difamación y calumnia, interpuesta en la Procuraduría General de Justicia de Baja California por un ex diputado del PAN.
El 1 de agosto un grupo armado ilegal disparó contra la camioneta de Indalecio Benítez, un locutor de radio comunitaria, en Luvianos, Estado de México. Las balas alcanzaron a su hijo Juan Diego, que falleció en el momento.
Cuando Indalecio acudió a denunciar al Ministerio Público, no fue recibido pues era fin de semana. Fue hasta el lunes que interpuso la denuncia pero no fue catalogada como ataque a un comunicador. La Policía Federal solo acudió a tomar evidencias. El locutor y su familia sigue sin protección.
En agosto, durante la cobertura de las protestas del movimiento magisterial, en Tuxtepec, Oaxaca, tres reporteras, Karina García Sosa, corresponsal de MVS radio; Jasmín Gómez, presidente del grupo Prensa Oaxaca y Sarí Jiménez, reportera de ADN Sureste, sufrieron asaltos, llevándose los ladrones sus cámaras y grabadoras.
El 30 agosto fue encarcelado Pedro Cache, periodista independiente, quien grabó una manifestación por altos cobros en el servicio del agua, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, de Quintana Roo. Le imputaron el delito de sabotaje.
El 2 de septiembre, la casa del reportero Ignacio Domíguez, del semanario Tinta Verde, en Xalapa, Veracruz, fue baleada, y los agresores dejaron una cabeza de cerdo en su puerta, con un mensaje. Nada se sabe de los perpetradores. La Procuraduría de Justicia del Estado atrajo el caso.
El 4 de septiembre, un grupo de cuatro policías irrumpió en las instalaciones del periódico El Heraldo, de Silao, Guanajuato, donde golpearon a la reportera Karla Silva, advirtiéndole que dejara de escribir notas críticas contra la administración municipal. Días más tarde fueron detenidos los agresores y el director de la policía, como autor intelectual de la agresión.
El 26 de septiembre, fue baleada la casa de Margarito Juárez, reportero del periódico Página 24, en Fresnillo Zacatecas. El reportero había publicado información del Cisen sobre conexiones entre autoridades de la ciudad y el crimen organizado.
La revista Luces del Siglo, Quintana Roo, sufrió siete veces, entre mayo y junio, la clonación de su portada de manera digital. En los últimos tres años la clonaron 27 veces, tres de ellas de forma física. Los directivos acusaron al Gobernador del estado. El caso sigue en investigación por denuncias ante la PGR y Derechos Humanos.
