En este período, no se sufrieron embates contra la libertad de prensa equivalentes a los que se experimentaron entre 2009 y 2015, la etapa más hostil para periodistas y medios desde el regreso de la democracia. No obstante, se registraron señales preocupantes. Por ejemplo, el discurso presidencial de Javier Milei no ha moderado el hostigamiento desplegado contra el periodismo desde el inicio de su mandato. A ello se suman limitaciones y proyectos de ley que condicionan la circulación de información.
La ley nacional de acceso a la información pública sufrió modificaciones en septiembre pasado, con la introducción de excepciones que, por su amplitud o ambigüedad, van a contramano de los estándares constitucionales e internacionales, como también de los principios en la propia norma sobre “presunción de publicidad”, “máxima divulgación” y “alcance limitado de las excepciones”. El decreto que modifica la ley establece, entre otras cosas, que “no se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas o por la ausencia de un interés público comprometido”.
Otras restricciones al acceso a la información se registraron a nivel provincial. La Legislatura de Córdoba solo difundió datos sobre la cantidad e identidad de contratados y personal permanente después de que La Voz del Interior presentó una acción de amparo.
Hubo medidas que limitaron la cobertura periodística de actos oficiales o de informes de funcionarios, como ocurrió con los periodistas que cubrieron el discurso presidencial en la apertura de sesiones del Congreso nacional.
En materia de anuncios, el vocero presidencial sostuvo que se implementaría un sistema de silenciamiento de micrófonos en las habituales conferencias de prensa en la casa de gobierno. También se anunció un controvertido criterio de selección de periodistas acreditados y los que podrían preguntar. El presidente Milei no ha ofrecido ninguna rueda de prensa desde su asunción en diciembre de 2023. Solo concede entrevistas a un grupo reducido de periodistas.
Varios reporteros fueron golpeados por las fuerzas de seguridad durante manifestaciones públicas. El 12 de marzo, el fotógrafo Pablo Grillo fue herido con una cápsula de gas lacrimógeno mientras tomaba fotografías de un enfrentamiento entre manifestantes y policías, frente al Congreso nacional.
El 27 de enero, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) condenó las amenazas contra el periodista Nicolás Diana por parte del empresario Pablo Otero, por un artículo sobre evasión vinculado a su empresa. Meses antes, Otero había interpuesto demandas millonarias contra otros periodistas que investigaron sus movimientos, lo que configura un caso típico de SLAPP (demanda estratégica contra la participación pública, por sus siglas en inglés).
En noviembre, el propietario del portal Noticias A, Luis Ángel Caro, fue detenido en la provincia de Salta durante seis horas por desobediencia a una orden judicial que le impedía publicar contenido agraviante contra el gobernador Gustavo Sáenz. Tanto la detención como la decisión judicial que impuso censura contra el periodista configuraron violaciones a la libertad de expresión.
En los informes presentados en las últimas dos reuniones de la SIP se destacó la propensión del presidente Milei al agravio a periodistas y medios, tendencia que persistió en este período. Más de medio centenar de periodistas y medios han sido blanco de insultos o de acusaciones de hechos de corrupción sin presentar ninguna evidencia ni realizar las denuncias judiciales.
En muchos casos, el presidente Milei incurre en generalizaciones como las que formuló en una entrevista con Lex Fridman en noviembre pasado: “La mayor cantidad de los periodistas en la Argentina, salvo excepciones –sostuvo–, son mentirosos, calumniadores, injuriadores, y aun si persistiera el monopolio que exigen que vuelva a reinar, pedirían dinero, porque son eso: extorsionadores, ladrones, corruptos, y cuando usted le quita un privilegio a un sector, se enoja. Por eso los periodistas están tan violentos… Les sacamos el monopolio del micrófono y, al sacarle el monopolio del micrófono, les quitamos el privilegio de la extorsión”.
“El insulto, el agravio gratuito o las acusaciones genéricas y sin pruebas –afirmó ADEPA en una declaración que hizo pública en ese entonces–, lejos de favorecer un ejercicio virtuoso de la libre expresión de todos los actores –medios, periodistas, ciudadanos y funcionarios– contaminan el debate público, generan climas de hostigamiento y violencia simbólica, y conllevan una cuota de intimidación que puede conducir a la autocensura o incluso traducirse en otros tipos de violencia”.
En las últimas semanas, el presidente volvió tener un raid de agravios individualizados y genéricos contra periodistas, y llegó a sostener que "la gente no odia lo suficiente a estos sicarios con credencial de supuestos periodistas. Si los conocieran mejor, los odiarían aún mucho más que a los políticos".
Decenas de periodistas fueron víctimas, en los últimos meses, de campañas de hostigamiento en las redes sociales o de agresiones o imputaciones infundadas por parte de activistas digitales vinculados al oficialismo. El fenómeno no es nuevo, pero tiende a acentuarse y afecta la libertad de expresión ante una eventual autocensura y la posibilidad de que la violencia verbal derive en violencia física.
El día de su asunción, el presidente Milei anunció la suspensión de la publicidad oficial. Subsistió el uso de fondos con fines publicitarios por parte de organismos públicos descentralizados y empresas estatales. La editorial Perfil denunció, en una carta dirigida a la SIP junto a otras once entidades vinculadas a la defensa de la libertad de expresión, una distribución discriminatoria de esos fondos evidenciada por la exclusión que sufre la empresa periodística.
